Violencia en Catalunya: de quién y hacia quién

violencia policial 1-O
Policías nacionales forman un cordón en el IES Tarragona. Las cargas policiales ante los colegios electorales y el insólito modo de votación marcaron la jornada del 1-O en Catalunya. / Jaume Sellart (Efe)

BARCELONA.- Las negociaciones sobre el cómo y cuándo de la investidura a la Presidencia de la Generalitat se encuentran en un stand by mediático, porque las reuniones y los contactos entre las fuerzas independentistas siguen teniendo lugar de manera discreta. Durante los próximos días, diferentes dirigentes independentistas declararán ante el juez Pablo Llarena en el Tribunal Supremo. El próximo lunes, 19 de febrero, será el turno de Marta Pascal, coordinadora general del PDECAT, y Marta Rovira, secretaria general de ERC; el martes, el del expresident Artur Mas y el de la presidenta de la Associació de Municipis per la Independència (AMI), Neus Lloveras; el miércoles 21 declarará la exdiputada de la CUP Anna Gabriel.

Para que las decisiones políticas no influyan en la defensa de estas personas, las negociaciones sobre cómo se desarrollará la investidura de Carles Puigdemont se encuentran en un receso. Sin embargo, ni aún así pasa desapercibida la guerra que mantienen JxCat y ERC. En esta ocasión, las tensiones se han evidenciado por la decisión del president del Parlament, Roger Torrent, de llevar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo el caso de la investidura de Puigdemont, para que la justicia europea se pronuncie y pudiera tomar medidas cautelares que facilitaran la investidura. En JxCat ha sentado como un jarro de agua fría, pues la iniciativa podría no tener éxito. Las malas lenguas dicen que es una jugada perfecta para ERC. Si la iniciativa prospera en Estrasburgo, sería un palo para la Justicia española. Si fracasara, podría dejar a Puigdemont fuera de juego.

Por cierto, ayer declaraba la exdiputada de la CUP, Mireia Boya, que salió del Supremo sin medidas cautelares. La cupaire, en contra de lo que habían declarado otras personas investigadas en la causa, reconoció que para ella la Declaración Unilateral de Independencia sí que debía haber tenido validez jurídica. Además, Boya aseguró ante los medios de comunicación que “si hubo algún acuerdo y conspiración entre todos es la no violencia”, añadiendo que “nunca ha habido violencia en Catalunya”, de manera que “la gente ha sido ejemplar” y que, por este motivo, se “desmonta los delitos por los que nos acusan y que están provocando cárcel y exilio”.

Y es que gran parte de la causa contra el independentismo que pilota el juez Llarena se argumenta en si hubo o no violencia en los acontecimientos que se sucedieron en Catalunya el pasado otoño, así sobre si existieron hechos tumultuarios. Sobre la existencia o no de violencia, y de qué parte llegó, se encuentra una gran parte de la discusión de estos días. Las desvelaciones que está publicando estos días La Vanguardia de audios de las comparecencias ante el tribunal son muy esclarecedoras para entender cómo se está desarrollando la pata judicial del conflicto. Ayer, el rotativo catalán desvelaba las grabaciones de las comunicaciones de los Mossos durante la operación del 1-O. En ellas, la policía catalana recibió órdenes de auxiliar a los heridos y, desde la mañana a la noche, en sus mensajes internos, destacan la actitud pacífica de la gente que defendía los colegios electorales y las urnas frente a las cargas de la Policía Nacional o la Guardia Civil.

Es algo que la prensa internacional contó aquel día: la desproporcionada actuación policial frente a la actitud pacífica y en muchas ocasiones festiva de los que llevaban a cabo las votaciones. Sin embargo, frente a esta versión que la prensa y los propios Mossos constataron el día del referéndum convocado por el Govern de Catalunya, el director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, Diego Pérez de los Cobos, justificó la brutalidad policial desarrollada durante el 1-O por “acciones violentas” de los manifestantes.

Más allá del 1-O, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, dirigentes de ANC y Òmnium Cultural, entraron en prisión preventiva investigados, en un primer momento, por supuesto delito de sedición. El juez Llarena justificaba esta prisión preventiva en la exsitencia de hechos tumultuarios, necesarios para que este delito sea considerado como tal. El día 20 de septiembre, miles de personas se congregaron en las puertas de la Conselleria de Economía y Hacienda mientras la Guardia Civil realizaba registros en busca de pruebas sobre el 1-O, los vehículos de los guardias civiles fueron dañados. Sánchez y Cuixart se subieron al vehículo de la Guardia Civil para pedir a los manifestantes que abandonaran la concentración, que ya había durado horas, tal y como explica la abogada del Centre Iridia de Derechos Humanos en ‘El Salto’, Anaïs Franquesa, que cuenta cómo estos líderes sociales independentistas pidieron permiso a los agentes para subirse al capó del coche y estos últimos no lo recogieron en ningún atestado.

La acusación de sedición parece desproporcionada a ojos de muchos abogados y de la propia Amnistía Internacional. “Si consideramos alzamiento tumultuario al hecho de que miles de personas se concentren frente a un edificio para protestar, cualquier movilización frente a un edificio oficial se puede perseguir como delito de sedición”, considera Franquesa. Más adelante, se les amplió la investigación también por rebelión, al considerar que forman parte de un grupo organizador que orquestaba el proceso independentista.

Para el delito de rebelión sí que es necesaria la presencia de violencia. En la misma entrevista, Franquesa habla sobre la justificación de la violencia policial de De los Cobos en la jornada del 1-O: “La violencia del 1-O, que fue la de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se está utilizando para justificar el delito de rebelión. Eso no vale, tú me has obligado a utilizar violencia por lo que tú eres responsable de la violencia. Es muy grave, se está abriendo la puerta a perseguir cualquier tipo de movilización masiva”.

Más allá de la violencia policial, un reciente informe publicado por el periodista Jordi Borràs  en Media.cat, el observatorio de medios crítico de Catalunya, alerta de que en los últimos meses del 2017 se produjeron 139 incidentes violentos en Catalunya, entre los cuales se cuentan 86 agresiones físicas, llevados a cabo por ultras españolistas de extrema derecha.

El proceso judicial contra los independentistas está siendo puesto en duda por diferentes juristas de prestigio de todo el Estado y del extranjero. Tal y como indica el director adjunto de ‘La Vanguardia’, Enric Juliana, en una entrevista también en ‘El Salto’, sectores de la judicatura están divididos ante la certeza de que este proceso terminará en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, donde puede llevarse un nuevo varapalo la Justicia española: “Veo una pelea entre los sectores de la judicatura que ven esto y les preocupa que a seis años vista este tema llegue a Estrasburgo. Otros sectores están más preocupados por lo inmediato, por el resultado político de lo que aquí se decida”.

Que este proceso terminará en Estrasburgo se evidencia, por ejemplo, en el paso dado recientemente por Oriol Junqueras de solicitar al Tribunal Constitucional amparo para salir de la prisión provisional. La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos recuerda que la restricción de la libertad debe “siempre adoptarse de forma excepcional” y Junqueras ya lleva más de cien días en prisión preventiva. Esta petición de amparo al Constitucional puede suponer un primer paso para llevar, posteriormente, su caso ante la justicia europea. En la misma línea se mostraba el excoordinador federal de IU, Julio Anguita, en una interesante y reciente entrevista a TV3. “Los jueces españoles están haciendo el ridículo ante Europa”, advertía el exdirigente comunista.

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