“La sociedad persigue el enaltecimiento del terrorismo, pero convive con el del franquismo”

En la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) acostumbran a revisar el Boletín Oficial del Estado (BOE) buscando las huellas del franquismo que hoy perviven en las instituciones. El lunes pasado desayunaron con un anuncio del Ministerio de Justicia en el que se señala que Carmen Martínez-Bordiú, nieta del dictador, ha solicitado el título que corresponde al Ducado de Franco. Solo han tardado unas horas en presentar un escrito en la Fiscalía en el que instan a que lo investigue. “Vivimos en una sociedad que persigue el enaltecimiento del terrorismo, pero convive con el del franquismo”, explica el presidente de la ARMH, Emilio Silva.

“Es como si en Alemania existiera un ducado de Hitler o en Italia un maquesado de Mussolini”, ejemplifica Silva, sobre la normalización de hechos que en cualquier democracia sólida serían impensables. En el escrito presentado ante la Fiscalía considera que perpetuar estos “derechos honoríficos” concedidos a la familia del dictador constituyen delitos de “enaltecimiento de la dictadura, de la violencia política, del terrorismo de Estado” y “humillación y maltrato a las víctimas de los delitos más graves que pueden cometerse contra un ser humano, como son las desapariciones forzadas; compuestas por una detención ilegal, seguida de torturas, del asesinato y de la ocultación del cadáver”. Para los hijos y nietos de los represaliados no tiene nada de noble pertenecer a la familia del responsable de “haber asesinado a 114.226 personas”.

Apenas unos días después de la muerte del dictador, Juan Carlos I concedió este título a Carmen Franco Polo, Marquesa de Villaverde, “en atención a las excepcionales circunstancias y merecimientos que en ella concurren”, tal y como se publicó en el BOE el 27 de noviembre de 1975. En el mismo documento, el Rey les otorgó la Grandeza de España. “ Nadie imagina la concesión de un título nobiliario a un asesino terrorista o machista “en atención a las excepcionales circunstancias y merecimientos que en él concurrieran”, reza el escrito presentado ante la fiscalía. 

La familia Franco ha vivido plácidamente durante los más de 40 años de democracia, en los que no se les ha pedido cuentas sobre el patrimonio con el que hicieron bajo la dictadura que encabezaba Francisco Franco. Incluso, los herederos de Carmen Franco pusieron a la venta el simbólico Pazo de Meirás por 8 millones de euros tras su muerte, según publicaron algunos periódicos el pasado febrero.

Una nobleza cuestionable

No es la primera vez que la ARMH tiene que salir a recalcar la humillación a las víctimas que supone que el Estado español  conserve los honores a sus verdugos. Mientras la Ley de Memoria Histórica exige a las administraciones que tomen “las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas” de la dictadura, no se contemplaba la retirada de títulos nobiliarios. Desde esta asociación calculan que seguirán vigentes más de 30 distinciones honoríficas concedidas por el dictador. En 2009 también denunciaron que nieto del general Emilio Mola pudiera seguir ostentando el ducado que lleva este apellido.

Durante los últimos años, estos títulos nobiliarios suelen ser renovados sin mucho problema, siempre que los descendientes los soliciten y cumplan con los requisitos. Que se supriman estos honores que permanecen bajo la bendición del Ministerio de Justicia es una de las reivindicaciones de esta asociación, que también pide la prohibición de la Fundación Francisco Franco, la conversión del Valle de los Caídos en un museo de la memoria y la reparación de las víctimas..