Los padres de los jóvenes de Alsasua: «Por un tobillo roto están pidiendo 375 años de prisión»
El pueblo de Alsasua copó titulares a partir del 15 de octubre de 2016 después de protagonizarse una pelea en el bar Koxka de la localidad, donde estaban implicados jóvenes de la localidad y dos guardias civiles fuera de servicio y de paisano con sus parejas. El 16 de abril comienza el juicio a ocho jóvenes alsasuarras, acusados de terrorismo. Tres de ellos se encuentran desde hace más de 500 días en prisión provisional a la espera del juicio. Entre los ocho encausados, hay una petición de 375 años de prisión.
Los ocho jóvenes, además, serán juzgados bajo la más que polémica ley antiterrorista y, en concreto, aplicando la reforma que se introdujo en 2015 para combatir el terrorismo yihadista que amplía los hechos a juzgar como terrorismo no solo a organizaciones armadas con una estructura, sino a “lobos solitarios”. En esa misma ampliación legislativa también se introdujo el artículo que acaba de ser utilizado para implicar a los miembros del CDR detenidos en Catalunya y procesarlos por un delito de terrorismo.
Cuartopoder.es habla con los familiares de cuatro de los jóvenes encausados: Oihan, Adur, Jokin y Aratz, los tres primeros, en prisión desde hace más de año y medio. Mayte, Isabel, Antxon, Igone y Gotzon reciben a este periódico en Alsasua “con cierto cansancio” pero reconocen “que es necesario que este caso se conozca, se trate y se hable. Que se sepa la otra versión”, la suya, que, tal y como denuncian, no ha sido escuchada ni por los estamentos políticos, ni judiciales ni mediáticos.
Todo comenzó el 15 de octubre de 2016, “el día de ferias de Alsasua, en una situación de fiesta, de juerga y a últimas horas de la madrugada, cuando ya sabemos cómo está la gente a esas horas”, relata Bel Pozueta, madre de Adur. Coinciden en el bar “con dos Guardias Civiles y sus parejas y hay una trifulca, pero queda ahí. Hasta que a los tres o cuatro días COVITE entra por medio y denuncia el caso como terrorismo”. Esta acción del colectivo convierte “lo que era una pelea en un acto terrorista”.
Las familias: "El caso está sobredimensionado"
“Llevamos meses enfrentándonos a informaciones que destacan los ‘enormes daños provocados tras esta pelea’. ¿Qué pensaríamos si todos supiesemos que el mayor daño que se produjo aquella noche fue un tobillo roto”, reflexiona Bel. “Con esto no justificamos que se rompa un tobillo, para nada compartimos lo que ocurrió, solo creemos que este caso está sobredimensionado. Piden 375 años de prisión”, completa Gotzon. “Que no nos hablen de linchamiento, de premeditación ni de pertenencia a grupos, porque no es así”.
Sobre la entrada de COVITE y de su impulso del caso como un delito de terrorismo lo tienen claro: "Se intuye una motivación vengativa, de decir 'hemos sufrido durante muchos años y ahora os vais a enterar'", argumenta Bel. Reconoce que, en las palabras de COVITE e incluso del PP navarro se intuye "una actitud de venganza que da miedo".
En el otro lado, el de COVITE, Rubén Múgica, abogado del colectivo e hijo de Fernando Múgica, asesinado por ETA en 1996, afirma que "no hay una motivación de venganza" con nadie, para proseguir corrigiendo: "No sé por qué se les llama chicos o chavales, son los acusados, los delincuentes. Los únicos chicos aquí son los dos guardias civiles y sus parejas".
"Hay un relato único"
Las portadas durante los días posteriores mostraron a los jóvenes en fotografías de fichas policiales, en una estética que recordaba a las desarticulaciones de comandos de ETA años atrás. Los medios indagaban en la vida anterior de los encausados y en su ideología. “Nuestros hijos están condenados desde el primer momento. No han sido presuntos nunca”, declara Mayte. “No nos han concedido la opción de incluir testigos en el juicio. Se les está juzgando en base a un relato único”.
Algo que ya denunciaron en su momento los dos abogados que llevan la defensa de los ocho jóvenes quienes, además, acusaron a la Audiencia Nacional de "jugar sucio" en este juicio. Los dos letrados sacaron a la luz que la jueza instructora tampoco les había permitido aportar vídeos grabados tanto fuera como dentro del bar donde empezaron los hechos; a diferencia de las acusaciones, quienes sí pudieron presentar sus propios vídeos durante el juicio.
Unido a ello, el atestado de la Policía Foral y el informe enviado por la Guardia Civil no observan que hubiera un linchamiento o paliza organizada a los dos guardias civiles, ni aprecian un delito de terrorismo. "Además, han rechazado pruebas presentadas por nosotros de todo tipo: documentales, vídeos. Han evitado que contextualicemos lo ocurrido. Solo queremos un juicio justo y esto no tiene pinta de serlo", afirma Mayte.
Gotzon, padre de Aratz, destaca que “tanto la Policía Foral”, primer cuerpo desplazado al lugar de la pelea, como posteriormente la Guardia Civil en sus informes, "declararon que se trataba de una pelea de bar, no le dan otro carácter”. Incluso en público, algunos miembros de la Benemérita han reconocido que el caso se estaba llevando muy lejos. Javier Hernández, entonces Coronel Jefe de la Guardia Civil en Navarra declaró, semanas después de los sucesos, que "se había intentado presentar a la población de Alsasua como una población especialmente complicada y no es así. Desde la Guardia Civil no tenemos esa percepción", declaró.
La entrada de COVITE que cambia todo
En los primeros días después del suceso, el caso pasa a la justicia navarra y “los jóvenes se presentan a declarar, y aunque no se les toma declaración, consta que ellos asistieron a la Audiencia Provincial de Navarra”. Hasta que COVITE entra en el juego y el 18 de octubre denuncia el caso ante la Audiencia Nacional como un delito de terrorismo. A partir de ese momento la jueza que lleva el caso en la Audiencia Provincial de Navarra se inhibe y pasa a Madrid.
¿Qué lleva a COVITE a denunciar el caso de Alsasua como terrorismo? El abogado de COVITE, Rubén Múgica, afirma que "la denuncia se pone cuatro días después de la pelea motivada por la extraordinaria gravedad de los hechos que allí acontecieron". El abogado del colectivo de víctimas observa un "evidente ánimo de alterar la paz y de subvertir el orden constitucional al agredir a dos guardias civiles y sus parejas".
Los padres de los encausados consideran por su parte que en la denuncia hay un intento de “relacionarlos con campañas previas que hay en Alsasua, el Alde Hemendik (Fuera de aquí)” e incluso la festividad del Ospa Eguna, una jornada organizada en la localidad que pide la marcha de la Guardia Civil. “Hablan de intencionalidad, de movimientos previos desde aquí y los relacionan con esas plataformas (Ospa Eguna y Alde Hemendik)" que piden un repliegue de las Fuerzas de Seguridad en algunas zonas de Euskadi y Navarra. Este repliegue ha sido solicitado también por instituciones, como el cursado en el año 2013 por el Parlamento Vasco, impulsado por el PNV y EH Bildu.
"En el auto han tomado como referencia algunos movimientos que han relacionado con ETA y con nuestros hijos", apunta Bel. Para la defensa, presentaron una documentación en la que desvinculaban, con un estudio hecho por un historiador, el movimiento Alde Hemendik de ETA, ya que surgió del PSOE-EE, después de los sucesos en Pamplona, Vitoria y Rentería del año 78. Este documento tampoco fue admitido como prueba en el juicio.
Si bien para poder juzgarlo como un delito de terrorismo las instancias judiciales han intentado relacionar a los implicados con movimientos como el Alde Hemendik y organizaciones afines, en la práctica, la Audiencia Nacional les juzgará bajo la última modificación de la ley antiterrorista: la creada expresamente en 2015 para detener el terrorismo yihadista y juzgar a los lobos solitarios.
Sobre la figura del lobo solitario, a la que se alude y por la que van a ser juzgados los ocho jóvenes, cuartopoder.es pregunta a Rubén Múgica. El abogado afirma que "no es necesario que haya una organización detrás para realizar un acto de terrorismo. Sin pertenecer a una organización se puede cometer un acto terrorista al servicio de esa organización", prosigue, aunque no prefiere "no comentar más detalles" sobre cómo se les relacionará en el juicio con un acto al servicio de una organización terrorista. Esta fueron las motivaciones, según el colectivo, para llevar el caso ante la Audiencia Nacional.
Los familiares, por contra, creen que "no existe proporcionalidad" a la hora de juzgar este caso. Una visión que comparten algunos juristas, como el exjuez Baltasar Garzón, quien considera que en el caso de Alsasua "existe una sobreactuación judicial". Además, el exmagistrado destacó que el auto de la Audiencia Nacional “se inventa una nueva organización, Ospa eguna (Día de la huida), como una especie de resurrección de ETA, pero desde 2011 ETA no está operativa”.
"El relato se ha ido modificando según ha pasado el tiempo: al inicio era terrorismo, pero se dieron cuenta de que no hay organización detrás, así que aplicaron el artículo de la ley antiterrorista para lobos solitarios", explica Igone. Esta modificación, introducida en el año 2015, permite que se les juzgue, a pesar de ser varios "como si ocho o nueve lobos solitarios se hubiesen juntado con la misma perspectiva. Ya cualquiera puede ser un terrorista", incide Igone.
Con la entrada de COVITE, no solo el caso pasa a juzgarse en la Audiencia Nacional sino que “dispersan a tres de ellos en tres cárceles madrileñas, a más de 400 kilómetros de su casa”. Bel, madre de Adur, no entiende que “haya que mandarles allí. Si tuvieran que estar en la cárcel, que no lo creemos, porque están usándolo como medida punitiva ya, hay centros penitenciarios cercanos a Alsasua, pero es una muestra más de que se les está tratando como si fueran terroristas, como vivimos años atrás”. Esto, reconocen, está generando un desgaste en los jóvenes encarcelados y también en los familiares: "tenemos que organizar nuestra vida para las visitas, unido al riesgo de conducir tantos kilómetros. Mi familia tuvo un susto en la carretera en uno de esos viajes", declara Bel.
De los ocho encausados, tres permanecen en prisión provisional a la espera de juicio, que comenzará el 16 de abril. La jueza que instruye el caso decidió dejar a tres de los ocho en prisión provisional “por riesgo de fuga”. Los familiares, por su parte, consideran ese riesgo de fuga inexistente, puesto que “su vida, su familia… todo está aquí, en Alsasua. Y lo que omiten es que los chicos se presentaron a declarar más de una vez, aunque no les tomaron declaración”. Creen que la prueba más clara de que el riesgo de fuga es inexistente es que los cinco que están en la calle siguen en Alsasua, "no se han fugado a ningún sitio”, con lo cual, creen, ese hecho ya invalida la versión de la Fiscalía.
“Nos dijeron que la prisión provisional sería durante poco tiempo, hasta la llegada del juicio, un juicio que han ido atrasando hasta ahora, año y medio después”, destaca Igone, madre de Jokin, uno de los tres jóvenes en prisión.
"En este caso se ha olvidado la presunción de inocencia"
“Cuando hablan de ellos hay una intencionalidad de hacer daño”, denuncian las familias. “Han reproducido sus imágenes como si se trataran de un comando de ETA, han desenterrado información personal, indagando en su vida… los han tratado tanto a nivel mediático como político como si fueran terroristas”, declara dolida Mayte, madre de Oihan. “Han olvidado la presunción de inocencia en este caso”, resalta.
Tampoco olvidan las declaraciones desde ámbitos políticos que ya se vertían a las pocas horas de conocerse los hechos ocurridos en el bar Koxka. Los familiares recuerdan las palabras del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien afirmó en un mensaje enviado desde su cuenta de Twitter: "Un abrazo y todo nuestro ánimo a la @guardiacivil de Alsasua tras la brutal agresión sufrida por dos de sus miembros. No habrá impunidad". Consideran sus palabras "fuera de lugar" y una muestra más de la "falta de presunción de inocencia" en el tratamiento de este caso.
Sobre el 16 de abril, reconocen cierto nerviosismo, aunque tienen la mirada puesta en el futuro. "Esperamos que todo salga bien, pero si no, recurriremos al Tribunal Supremo y, si es necesario, a Estrasburgo". El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) se ha convertido en uno de los anclajes de las familias, más aún tras abrir una brecha en la justicia española con dos decisiones efectuadas en los últimos meses: la multa impuesta al Estado por las torturas denunciadas por Portu y Sarasola y la consideración como un acto de libertad de expresión la quema de fotos del Rey en Catalunya.
A pesar de cierto ánimo, reconocen que recorrer ese camino les llevará años. "Al menos entre un año o dos para que llegue al Tribunal Supremo y una media de seis a ocho años para llevarlo a Europa", si todo va mal. "Pero lucharemos hasta el final", concluyen.
