CUARTOPODER | Publicado: - Actualizado: 11:51

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La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica exhuma restos de una fosa común en el municipio de Vilavella. (Lugo). / Efe

El Partido Popular de Castilla y León acaba de anunciar las medidas del decreto de la Memoria Histórica y democracia de CyL, aprobado por el Consejo de Gobierno. Este decreto incluye iniciativas tales como el destino de 100.000 euros durante el mes de abril para exhumaciones o la puesta en marcha de “educación en la verdad” para alumnos de centros  escolares en torno a los hechos ocurridos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Mientras, los últimos PGE de Rajoy no reservan ni un euro a cuestiones dedicadas a la memoria histórica, tal como ha ocurrido desde su llegada al Gobierno.

El vicepresidente de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, ha explicado en rueda de prensa ue el objetivo fundamental es “colaborar en la búsqueda y la exhumación de las víctimas de la Guerra Civil para que sus familias puedan enterrarlos”. El consejero ha declarado también que “una democracia no puede permitirse tener muertos en las cunetas desde hace ochenta años”.

El decreto incluye a su vez, la elaboración de mapas “dentro de su ámbito territorial, en los cuales constarán los terrenos en los que se localicen los restos de las personas”, tal y como se recoge en el documento presentado.

“Un decreto insuficiente”

A pesar de contar con el apoyo y el beneplácito del “99% de asociaciones de la memoria”, como afirmó el vicepresidente en rueda de prensa, algunas organizaciones consideran que se trata de un decreto insuficiente. Entre sus quejas, se encuentra que no sea una ley sino un decreto el que rija estas disposiciones.

Creen, además, que “el decreto y las ayudas deben ir más allá y contemplar a todo tipo de víctimas”, declaran. Entre ellas incluyen “campos de concentración, trabajo esclavo, cárceles en condiciones miserables, represión específica contra la mujer, robo de bebés, palizas, torturas, castigos por orientación sexual, trasladados de restos al valle de los Caídos sin conocimiento ni permiso de las familias, consejos de guerra, deportaciones a los campos nazis y otras formas de violencia”.

Por otro lado aplauden el primer paso dado por la administración castellana y leonesa y agradecen el “cambio de rumbo”.

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