España a la venta

En un lugar de La Mancha, conocido como "la pequeña Rusia" porque sus gentes votaron al Partido Comunista en cuanto pudieron (y luego a IU), Hacienda se apropio de las cuantiosas parcelas y tierras de labor abandonadas por sus antiguos propietarios. Eso pasó porque la gente de sangre nueva se desentendió o nada quiso saber de los huertos en las márgenes del río Gigüela que cultivaban sus viejos. Así lo explica Alberto Tostado, el alcalde de esta localidad toledana, La Puebla de Almoradiel. Y con el paso del tiempo (30 años sin registrar la transmisión de padres a hijos), la Administración del Estado se quedó con la tierra.

La falta de Isidros o eso que llaman el "abandono rural" ha convertido al Estado en el mayor terrateniente del Reino de España. "Aquí muy pocas personas trabajan ya los huertos", dice Tostado, que es de IU. "Algunos mayores, muy pocos, siguen yendo a los huertos para entretenerse, pero la mayoría están abandonados; sale más ir a la frutería y comprar los tomates". Lógico. Esto explica que ninguna de las 37 parcelas rústicas que Hacienda ha sacado a subasta últimamente haya encontrado postor. "Nadie las quiere".

Lo que pasa en La Puebla, una localidad de viñedo y olivar, cuyas cooperativas y una alcoholera no han evitado la pérdida de más de mil habitantes en los últimos diez años ("Éramos 6.600 en 2007 y estamos en 5.300 vecinos", reconoce Tostado), ocurre en decenas de pueblos de toda España. Hacienda intenta desprenderse del suelo rústico que va acumulando, pero no halla compradores. Salvo en Andalucía y el sur de Extremadura, donde hay hambre de tierra y los terratenientes no abandonan (legalmente) sus fincas, se encuentran parcelas públicas sin postor en los cuatro puntos cardinales.

En Ingenio (Las Palmas) se subastaron trece fincas el año pasado y nadie pujó por once de ellas; en Deltebre (Tarragona), municipio arrocero donde los haya, salieron siete a la venta y las siete quedaron desiertas; en Arnedo (La Rioja) ocurrió otro tanto con 15 parcelas, en Haro con cinco, en Beniches (Guadalajara), siete desiertas; en Arahuetes (Segovia) fueron 27; en Chiva (Valencia), cinco; en Abadín (Lugo), nueve; en Suances (Cantabria), dos; en Santa Cruz de la Zarza (Toledo), once; en Cervera del Maestre (Castellón), otras tantas; en Cudillero (Asturias), una, sobrante de la expropiación de la autovía A-8 del Cantábrico. Y así sucesivamente.

Desde diciembre de 2011 hasta abril pasado, el Gobierno del PP ha sacado a subasta más de 15.000 parcelas rústicas, pero sólo ha logrado vender 8.239, con un ingreso de 23,7 millones de euros para las arcas públicas. El promedio no llega a 3.000 euros por predio. Pero en muchas localidades resulta caro.

Al desinterés y la despoblación rural añade José, un vecino de Montejo de la Vega de la Serrezuela (Segovia) el hecho de que la mayor parte de las tierras que Hacienda saca a subasta son malas, con mucha roca, secanos en laderas impracticables. "Además, los precios son altos". En este municipio del norte de la provincia de Segovia, ya lindando con la de Burgos, salieron 124 parcelas a la venta y todas quedaron desiertas. En Montejo manda el PP. El alcalde, Luis Martín Moral, y los dos concejales son del partido de Rajoy. Pero eso no quita para que Hacienda se suba a la parra.

José dice que este pueblo de viejos, histórico y destartalado, con viñedo y bodegas modernas lleva camino de la desaparición. "Si no desaparecemos será porque estamos a solo ocho kilómetros de Aranda del Duero y porque las hoces del río Riaza y los paisajes y la fauna (posee un centro de observación de las aves rapaces) atraen a los turistas, pero lo cierto es que somos un pueblo geriátrico y la mayor parte de las casas que se conservan son de veraneo". Por lo demás, ¿quién puede querer unas parcelas con una proporción cultivable que no llega ni al 30%? Razona José.

En A Pontenova (Lugo), donde la tierra, como en toda Galicia, está más repartida que el gordo de Navidad, la gente respondió con una negativa total a la subasta de Hacienda de 49 parcelas rústicas. Ni un solo postor. En este pueblo con alcalde del PSOE (Darío Campos) no se registra despoblación y el número de parados registrados es de 67. La riqueza de A Pontenova fue en otro tiempo el hierro de las minas de Vilaódriz. Pero de aquello sólo quedan las cinco monumentales torres de ladrillo de los altos hornos.

La economía de A Ponte se basa en la agricultura y la ganadería, que emplea al 40% de la población activa. Siendo la explotación maderera (además del trigo, el maíz y la patata) una apreciable fuente de ingresos para sus casi 3.000 habitantes, la oferta de suelo del Estado debería ser aprovechada para obtener rendimiento a largo plazo, pero según algunos vecinos, "Hacienda se cree que todo el monte es orégano y pretende cobrarlo a precio de prado". Desde el ayuntamiento sólo aportan una explicación a la falta de postores: "Pregunte usted a los de Hacienda".

Si el terrateniente público vela por sus intereses y encuentra dificultades por una tasación manifiestamente mejorable, el "casateniente" también pretende cobrar por encima de las posibilidades de los vecinos de Bergara (Guipúzcoa) y se ha quedado sin postores para las decenas de plazas de garaje que año tras año, desde 2012, saca a subasta. La cantidad de edificios, pisos, locales y solares que han acabado en manos del Estado por una variada panoplia de circunstancias (la mayor parte, fiscales) y que Hacienda ha logrado vender en los cinco últimos años se eleva a 857, con un ingreso de 224,65 millones de euros.

La rueda sigue girando y en lo que resta de 2018 se seguirán subastando fincas rústicas y urbanas a un ritmo incesante. La previsión oficial de la dirección del Patrimonio es colocar unos 1.500 predios y más de 150 fincas urbanas a los mejores postores.