La Audiencia de Navarra decide el lunes si deja a La Manada en libertad provisional

La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra ha fijado para el próximo lunes 18 una vistilla en la que decidirá si conceden la libertad provisional a los cinco condenados de La Manada. La sentencia, dictada a finales del mes de abril, condenó por un delito de abusos a los cinco miembros a penas de prisión de nueve años. En la vistilla, que se celebrará a puerta cerrada con la única presencia de los magistrados y los abogados de las partes, se decidirá si los miembros de La Manada serán puesto en libertad hasta que se resuelva el recurso de la sentencia.

La decisión adoptada por la Audiencia fue recurrida tanto por la Fiscalía como por la víctima, los cinco condenados y también por la acusación particular, compuesta por el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona, personados en el caso.

La semana pasada los abogados defensores presentaron un escrito en el que pedían a instancias jurídicas la puesta en libertad de los cinco miembros puesto que consideran que no existe riesgo de fuga y, además, no hay reincidencia delictiva. Para argumentar su posición se basaban en el voto particular emitido por uno de los magistrados en la sentencia condenatoria, que pedía la absolución de los cinco miembros de La Manada.

Una sentencia criticada por varios flancos

La sentencia de La Manada supuso un antes y un después en cuanto al tratamiento de las agresiones sexuales a nivel judicial. El fallo emitido por la Audiencia Provincial de Navarra provocó sonadas reacciones por la consideración de abuso y no de agresión de lo ocurrido durante los Sanfermines de 2016.

Desde los profesionales de la psicología, pasando por la sociedad y los ámbitos políticos, fueron sonadas las manifestaciones en contra de la sentencia y de la consideración del tribunal navarro de condenarlos por abuso y no agresión. También en contra del voto particular emitido por uno de los magistrados y de la falta de visión de género que, consideran, tiene la sentencia.

Mientras, la polémica surgió por la publicación de datos personales de la víctima en medios de comunicación y foros de Internet. Aunque la presión de los colectivos feministas y la investigación policial consiguieron que los datos desaparecieran, en parte, de Internet, la víctima denunció la publicación de sus datos.

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