Más allá del barco ‘Aquarius’: los retos migratorios del Gobierno de Pedro Sánchez

Pedro Sánchez se ha estrenado en política migratoria con un gesto marca la diferencia con el Gobierno de Mariano Rajoy. El hecho de recibir en Valencia a los 629 refugiados que vagaban sin rumbo después de que Italia negara la entrada al barco de las ONG que les rescataron es una decisión humanitaria que habla de una sensibilidad diferente del nuevo Ejecutivo en los asuntos migratorios y ha sido aplaudida por los medios internacionales. Sin embargo y aunque el barco 'Aquarius' capte toda la atención, las llegadas suceden cada día: desde el jueves al domingo a las costas andaluzas llegaron 500 inmigrantes, hubo cuatro muertos y 14 desaparecidos, según ha recordado la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.

En 2017 la llegada de migrantes por la costa del sur fue la más numerosa en diez años, según recogió en un informe reciente la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA). Este dato refleja el enorme reto que tiene por delante el PSOE, que en la oposición a menudo ha exigido al PP modificar sus políticas migratorias o de asilo. Por ejemplo, presionó a Rajoy para acoger al número de refugiados comprometidos con la UE, exigió la garantización de la reunificación familiar de los migrantes o arremetió contra la externalización de fronteras. Solo el tiempo dirá hacia donde dirige Sánchez sus políticas y si atiende a las demandas de defensores de DDHH y ONG ignoradas por su antecesor.

1. Las devoluciones en caliente condenadas por Estrasburgo

Consiguen alcanzar territorio español y son devueltos sin ningún trámite de por medio. Amnistía Internacional denuncia que desde 1995 esta práctica ilegal se lleva a cabo en la frontera española con Marruecos y miles de personas han sido expulsadas “en caliente”, de manera ilegal, corriendo el riesgo de ser sometidas a torturas y malos tratos al regresar a su país de origen.

Las devoluciones en caliente se han llevado a cabo cuando estaban en el poder tanto el PSOE como el PP, pero con Rajoy en la presidencia han aumentado, según las ONG. El Gobierno quiso darles cobertura legal al incluirlas en la Ley Seguridad Ciudadana, pero a finales del año pasado el Tribunal de Estrasburgo determinó que eran ilegales y condenó a España a pagar una indemnización por la devolución en caliente de dos jóvenes de Mali y Costa de Marfil.

2. Los CIE que no sirven para su función

Los Centro de Internamiento de Extranjeros son otro de los desafíos para el nuevo Gobierno. Son lugares hostiles, donde los migrantes son retenidos contra su propia voluntad sin haber cometido ningún delito. El pasado mes de marzo el Defensor del Pueblo pidió “una reforma profunda” de estos centros tras detectar múltiples “carencias en la asistencia social, jurítica y cultural”.

Pero además de ser lugares de sufrimiento, son ineficaces. Aunque supuestamente estos centros no penitenciarios están destinados a “la custodia preventiva y cautelar de los extranjeros para garantizar su expulsión, devolución o regreso”, un 61,8% de los inmigrantes que salieron el pasado año fueron puestos en libertad y no fueron expulsados de España, según el Informe CIE 2017 del Servicio Jesuita de Migrantes (SJM) publicado recientemente por cuartopoder.es.

El PSOE exigió el cierre de la cárcel de Archidona, ha demandado en varias ocasiones que se respetaran los derechos de los migrantes en estos centros, pero como partido no se ha posicionado claramente a favor del cierre de los CIE para ponerles punto final. Queda ahora la duda de cuál será la postura de Grande-Markaska. El nuevo ministro de Interior indicó en 2016 que en los CIE “no había una vulneración de los derechos fundamentales, sino todo lo contrario, una tutela de los mismos”.

3. Los centros de menores extranjeros colapsados

Solo el año pasado, Andalucía recibió a 4.179 menores no acompañados (MENA) que llegaron a sus costas, una cifra que triplica la de 2016 y que duplica la capacidad de los centros de acogida de la comunidad. La Junta de Andalucía lleva tiempo reclamando al Gobierno central que dote a la región de recursos adicionales por que no puede hacer frente a la situación. El año pasado la ONG Save The Children denunció que el colapso en los centros obligó a alojar de manera provisional a unos 60 menores en un camping de Tarifa.

La situación de los menores además es preocupante en Ceuta y Melilla donde muchos escapan a la calle debido a la mala situación que viven en los centros de menores y allí se convierten en las víctimas perfectas de la droga y los abusos. Según las ONG que trabajan en el lugar como Harraga los niños a menudo son engañados entre trámites, burocráticos y vacíos legales y, cuando cumplen los 18 años, son obligados a abandonar el centro sin ser informados correctamente.

4. La acogida de los refugiados acordados con la UE

España solo ha recibido a 2.782 refugiados, según datos de finales de marzo, de los 17.387 que se comprometió a trasladar desde Grecia e Italia en un compromiso que expiró en septiembre del año pasado. También incumplen el resto de países de la UE: cuando expiró el acuerdo los reasentados no llegaban 45.000, a pesar de que el compromiso era recibir a unos 160.000 refugiados.

El problema que subyace tras la crisis del barco 'Aquarius' es que el mecanismo de Bruselas para resolver la crisis migratoria de 2015 nunca ha funcionado. Los 28 nunca han sido capaces de pactar una solución que permita repartir a los refugiados de manera equilibrada y resuelva los fallos del reglamento de Dublín, que establece que el primer país de llegada el responsable de examinar las solicitudes de asilo, algo que agudiza la presión sobre países como Italia o Grecia. Las posiciones de los estados miembros son antagónicas y la solución no parece hallarse cerca.

5. Violaciones de DDHH y externalización de fronteras

Desde la APDHA denuncian que Ceuta y Melilla se han convertido “en un campo de experimentación de las más crueles e inhumanas políticas represivas de control de flujos en las fronteras terrestres europeas”, donde se han practicado “inversiones millonarias, pagos oscuros a Marruecos, nuevas vallas, concertinas, experimentos con drones o camiones cisterna”. “Todo ello ha contribuido a que se conviertan en zonas infernales” y no solo para los migrantes, "también para las portadoras transfronterizas". Será la responsabilidad del nuevo Gobierno vigilar la situación de los Derechos Humanos en la Frontera Sur.

Respecto a la externalización de fronteras, el PSOE también ha sido muy crítico con el PP desde la oposición. Desde el Senado, los socialistas señalaron tanto a Europa como a España por saltarse sus propios tratados y externalizar por 6.000 millones de euros sus políticas migratorias. Este martes los socialistas han anunciado que llevarán al pleno del Congreso la próxima semana para que el Gobierno lidere un cambio “con urgencia” de las políticas migratorias de la UE.