Las sombras del acuerdo con Marruecos que ha rescatado Marlaska para expulsar a 116 migrantes

Las alarmas han saltado en algunas organizaciones sociales que trabajan en las fronteras españolas: el Gobierno de Pedro Sánchez ha rescatado un acuerdo firmado por España y Marruecos en 1992 para la devolución y readmisión de los extranjeros que entren de manera ilegal en los territorios. Hay pocos precedentes sobre su aplicación, que además es difusa y depende en buena medida de las relaciones políticas entre ambos reinos. Las fuentes consultadas se muestran preocupadas por los interrogantes que abre esta nueva vía. Si el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, hiciera de esta excepcionalidad la norma, advierten de que "habrá un cambio" significativo.

"Es un tratado que, pese a haberse firmado en 1992, no se ha aplicado apenas en Ceuta y Melilla y sí en algún islote", comenta Nino Trillo, abogado y miembro de la Caravana Abriendo Fronteras. El acuerdo asegura que "las autoridades fronterizas del Estado requerido readmitirán en su territorio" a "los nacionales de países terceros que hubieren entrado ilegalmente en el territorio de este último procedente del Estado requerido", previa petición. Los gastos de transporte los paga el país "requiriente", en este caso, sería España.

En la práctica, su aplicación ha sido muy dificultosa, ya que depende de que Marruecos acepte la petición de España, que tendría que demostrar el origen y el tránsito de estas personas, que muchas veces no van documentadas.Por tanto, al final depende de la voluntad política. De hecho, el articulado también prevé una serie de requisitos por los que Marruecos no estaría obligado a aceptar la devolución (como en el caso de los nacionales de Estados terceros que tengan fronteras comunes con el Estado requirente") o situaciones en las que se deniega.

Buena sintonía con Marruecos

"Nos ha sorprendido. En primer lugar, porque es un reconocimiento de Marruecos a la soberanía española de Ceuta y Melilla, un tema que siempre ha sido un poco tenso", explica Carlos Arce, responsable de Migraciones de APDHA, que afirma que el tratado se ha aplicado pocas veces desde 1992 y además, "dependiendo de los intereses económicos o de otro tipo en cada momento". 

Fuentes del Ministerio del Interior achacan la sorpresiva reactivación a la "buena relación actual entre ambos países", que están en sintonía. En apenas unas semanas, Marlaska ha acudido a Mauritania y Marruecos y se espera que viaje a otros países como Senegal. En paralelo, el presidente Sánchez pelea en la Unión Europea para que se le den más fondos a países como Marruecos para luchar contra la inmigración ilegal y ha creado un mando operativo único para coordinar las llegadas en el sur que ha puesto en manos del general de Brigada de la Guardia Civil Manuel Contreras Santiago.

Unas horas para prepararlo todo

Esta buena sintonía sería el motivo, según el Ministerio, por el que se ha reactivado el acuerdo y se ha devuelto este jueves a 116 migrantes que el miércoles cruzaron la valla. Según fuentes de Interior consultadas por cuartopoder.es, en el grupo había dos menores más que se han quedado en España, tal y como marca la legislación. Interior asegura que, en esas escasas horas, se ha cumplido escrupulosamente con todos los trámites y que han tenido acceso a asistencia letrada, intérpretes, identificación y apertura del expediente de expulsión, entre otros derechos.

De hecho, es el punto que más preocupa a las organizaciones: "Esto no es una devolución en caliente porque en ese caso les cogen en las vallas y les echan, a veces golpeándoles, sin preguntarles ni el nombre. En este caso sí que hay que pasar unos trámites. Hay que vigilar cómo se ha hecho y se ha cumplido con todo. Si así ha sido, podría tener apariencia de legalidad", explica el activista de Prodein, José Palazón, que suele trabajar en Melilla.

Pocos precedentes

Este acuerdo se ha activado en pocas ocasiones. El precedente más claro se encuentra en 2012, 20 años después de la firma, cuando España y Marruecos desalojaron a un grupo de inmigrantes de la Isla de Tierra con el acuerdo de 1992 como base. La reactivación de este tratado siempre es polémica. Más confuso fue aún el episodio de octubre de 2005 cuando España devolvió a 73 personas a Marruecos amparándose en este acuerdo. Las fuentes consultadas dudan, incluso, de que ese tratado sirviera para esa devolución. "Las garantías para estas personas no se cumplieron en 2005 y dudo que se cumplan ahora de una noche para otra", lamenta Palazón con escepticismo.

Los primeros años de ese tratado fueron un fracaso teniendo en cuenta el objetivo con el que se rubricó. En ese mismo año, un artículo en El País firmado por Pilar Marcos constataba su esterilidad: "A los tres años de firmado aquel convenio se pudo devolver a los tres primeros inmigrantes que Marruecos aceptó. Al año siguiente, 1996, cuando el PP accedió al poder, se devolvieron a otros 45, y a 25 más en 1997. A partir de aquí, el convenio se convirtió en papel mojado. En 1998, Marruecos tan sólo readmitió a un inmigrante. Y entre 1999 y 2003 no admitió a ninguno".

Incertidumbre

Si Pedro Sánchez comenzaba su mandato rescatando el barco Aquarius y prometiendo retirar las concertinas, los primeros trazos de su política migratoria avanzan en la misma línea que su predecesor Mariano Rajoy: "Ha sido continuista en justificar las devoluciones en caliente, en no solucionar las dificultades de los menores no acompañados (MENA), en no retirar el recurso contra la sentencia de Estrasburgo contra las devoluciones en caliente", explica Arce.

"Si esto continúa, puede cambiar la forma de migrar. Dejarán de ir por tierra y se echarán al mar. Habrá peligros mayores y se multiplicará la violencia contra ellos", asegura Palazón, que también recuerda que en las vallas de la frontera ha muerto "mucha gente" durante los últimos años. Trillo coincide en que solo reforzará la externalización del cumplimiento de los derechos humanos: "Si se devuelven a Marruecos, estamos casi seguros de que no existirán garantías y es muy probable que reciban malos tratos".

Las organizaciones vigilarán muy de cerca lo que hará el Gobierno con esta cuestión. La primera duda a resolver será si es una situación excepcional o si se convertirá en una nueva práctica para evitar que los migrantes pasen.