Inviolabilidad, veto parlamentario o por qué hay muchos asuntos que no sabes del Rey

  • El artículo 66 de la Constitución limita las funciones de control del Parlamento a la acción de Gobierno y muchas preguntas parlamentarias no se admiten por esta cuestión.
  • El artículo 56.3 proclama la "inviolabilidad" del Monarca

La opinión del Gobierno sobre «la imagen exterior de España» después de que el Rey Juan Carlos I abdicara tras romperse la cadena en Botsuana, saber si se exigirán o no responsabilidades «por contar con una cuenta en Suiza» o conocer qué hay de cierto en el pago «con fondos reservados de unas cantidades económicas a una conocida actriz española» son preguntas de diferentes grupos parlamentarios que han quedado sin respuesta durante esta legislatura porque la Mesa del Congreso ha decidido no admitirlas a trámite. Una promesa de transparencia institucional a medio cumplir, la inviolabilidad que otorga la Constitución al Rey y las dificultades para llevar los debates sobre la Corona al Congreso son las principales barreras para conocer hasta los detalles más básicos sobre la Casa del Rey.

La Monarquía es una de las instituciones más protegidas del Estado español. A pesar de que en junio de 2014, Felipe VI sustituyó en el trono a Juan Carlos I, la figura del rey emérito sigue protagonizando escándalos. Sin embargo, tras la abdicación se le dotó de una protección jurídica especial con la figura del aforamiento, que permitiría que solo pudiera juzgarle el Tribunal Supremo. El último episodio en el que se evitó un debate político y público en el Congreso sobre su papel tuvo lugar el pasado julio cuando PP y PSOE evitaron en la Mesa del Congreso que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acudiese a la cámara para hablar sobre las posibles cuentas del Rey emérito después de que la prensa sacase a la luz las grabaciones de Corinna Zu Sayn-Wittgenstein, que le acusaba de tener cuentas en Suiza. Ambos partidos siguieron el criterio de los letrados de la Cámara, que creían que podría ser contradictorio con la inviolabilidad del rey (art. 56.3 de la Constitución) y el carácter reservado de los datos fiscales (Ley General Tributaria).

Preguntas sin respuesta

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Si el escándalo desatado por Corinna se despachó con una comparecencia a puerta cerrada con el director del Centro Nacional de Inteligencia, Felix Sanz Roldán, en la comisión de secretos oficiales, durante los últimos meses, los diputados que han querido saber más sobre el emérito no han tenido más suerte. El pasado abril, Izquierda Unida registró una batería de preguntas para respuesta escrita en las que pedía al Gobierno la «confirmación» de que ningún miembro de la Familia Real tiene «cualquier tipo de activo financiero en el extranjero», previsiones sobre pedirle a la Casa Real que detalle «el patrimonio y las rentas de sus integrantes» o, incluso, la opinión del Gobierno sobre que «el Tribunal de Cuentas no fiscalice a la Casa Real».

Todas estas cuestiones fueron inadmitidas amparándose en varios artículos de la Constitución. En casi todas se apela al artículo 66, que dicta las funciones de las Cortes Generales que son, entre otras, controlar «la acción del Gobierno» y en el que no aparece la Jefatura del Estado. En las que se alude al patrimonio se menciona el artículo 55, que dispone que «el Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, y distribuye libremente la misma» y sobre la posible evasión fiscal del emérito se remite al artículo 56 cuyo punto 3 apunta a que «la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad». Estos vetos tienen un largo recorrido. Por ejemplo, en 2012 el Congreso solo admitió un tercio de hasta 100 preguntas que planteó ERC.

Sí hay preguntas que pasan el filtro, como por ejemplo, una cuestión planteada por ERC en la que se preguntaba por la participación de Felipe VI en Davos. Sin embargo, sigue siendo difícil conocer algunas cuestiones más detalladas y polémicas sobre la Monarquía, incluso, para los propios diputados.

Una promesa de transparencia a medias

Mientras la ropa de la reina Letizia es escrupulosamente analizada por la prensa o las riñas familiares ocupan las páginas rosas de los medios, los datos más detallados sobre la actividad del Rey siguen planteando dificultades. Con la llegada en 2014 de Felipe VI al trono, se prometió una nueva página en blanco dentro de la monarquía española. Sí existe un apartado de transparencia en su web, donde se pueden consultar los contratos de la Casa Real, la asignación de los Presupuestos Generales del Estado o los informes de intervención de las cuentas de cada año. El de 2017, que está firmado por la interventora Beatriz Rodríguez,  apenas supone en doce folios en total donde hay muy poco detalle. Por ejemplo, el capítulo de «inversiones reales» del informe de 2017 se despacha en un solo párrafo.

Sin embargo, otros detalles básicos permanecen en secreto, como las vacaciones privadas del Monarca que han tenido lugar este agosto, de las que no se sabe el destino, aunque desde Casa Real aclaran que sí ha habido actividad de «despacho», como la firma de decretos que salieron del pasado Consejo de Ministros.

Aún así, la Casa del Rey está incluida en la Ley de Transparencia de 2013 y se puede preguntar sobre su actividad en «el registro del Ministerio de la Presidencia o de cualquier organismo público, en las oficinas de correos, o en las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero», según apuntan en su web.