El PP espera que una tragedia callejera fuerce un 155 endurecido en Catalunya

  • En la supuesta nueva aplicación de este artículo, contemplan el cierre de TV3
  • Casado considera peligrosa la batalla de los lazos amarillos instigada por Rivera

El PP está esperando a que en Catalunya, durante las movilizaciones con motivo de la conmemoración del referéndum del 1-O, ocurra alguna tragedia en la calle por la que se pueda acusar a los Mossos d’Esquadra de actuar indebidamente y, en consecuencia, se pueda acusar a la Generalitat de haber alterado la legalidad. Y quiere utilizarlo como excusa definitiva para exigir al Gobierno central que aplique de nuevo el artículo 155 de la Constitución. Aunque, en esta ocasión, llevándose también por delante a TV3 y adoptando otras medidas de mayor dureza que en la anterior aplicación.

De ahí que mire con lupa las movilizaciones de ayer domingo y las del próximo jueves, convocadas por las entidades soberanistas Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural por cumplirse 11 meses del encarcelamiento de los Jordis (Sánchez y Cuixart), para denunciar el presunto amparo a comportamientos violentos de los independentistas y exigir a Pedro Sánchez que intervenga definitivamente poniendo en marcha la tramitación del 155. Al menos, si no lo hace, quedará claro que el PP es la auténtica la oposición al “procés” independentista y no Ciudadanos, como pretende dar a entender Albert Rivera con su batalla contra los lazos amarillos, una confrontación que Pablo Casado considera muy peligrosa y frente a la que quiere actuar “con pincel fino y no con brocha gorda”, utilizando los mecanismos que le ofrece el Senado, donde cuenta con mayoría absoluta y puede acelerar o frenar cualquier iniciativa gubernamental.

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El nuevo líder del partido conservador, Pablo Casado, está seguro de que de aquí a la conmemoración del referéndum del 1-O pueden producirse altercados violentos que justifiquen la actuación del Gobierno, que es el único autorizado preceptivamente por la Constitución para poner en marchar el procedimiento de aplicación del nuevo recorte autonómico que supone el 155. De ahí que ya ofreciera en el Congreso su apoyo a Pedro Sánchez en la Cámara Alta, donde su mayoría absoluta de 147 senadores es necesaria para aprobar la tramitación del artículo. Una tramitación que debe iniciarse con el requerimiento del Gobierno al president Quim Torra para que dé explicaciones por la actuación de su Gobierno durante los acontecimientos de estos días.

Casado fue contundente el miércoles pasado en la sesión de control del Congreso. En su primera pregunta al presidente lo dejó bien claro: “Ponga orden en Cataluña, hágalo ya. Hace falta recuperar la legalidad, acabar con las procesiones tenebrosas de antorchas, con el cerrojazo en el Parlament, con las agresiones en la calle. Y si usted no lo hace, o no le dejan, o no puede, déjese de consultas de autogobierno. Aquí tiene a la mayoría absoluta en el senado para sentarse con ella y recuperar la legalidad, la concordia y la prosperidad en Catalunya aplicando una vez más la Constitución con el artículo 155”.

El portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, había ido más allá el día anterior. Dijo que Torra está actuando al margen de la ley y afirmó que su actitud es “desafiante” y su voluntad es la de “traspasar” el marco constitucional, lo que le sitúa en una “esfera de ilegalidad”.

Sin embargo, Casado sabe que Sánchez no va por el camino del retorno al 155. Así se lo dijo en la reunión de tres horas que ambos mantuvieron en La Moncloa hace unas semanas. Fuentes próximas al líder del PP aseguran que Sánchez le dijo estar “bastante esperanzado” tras oír a Torra en el mismo palacio presidencial donde se reunió con él y con Casado. De hecho, el presidente del PP le dijo que no se fía de lo que el president le haya dicho y que debe estar preparado. Es más, llegó a señalarle que, si le venía bien y quería, el presidente podía utilizar sus presiones como excusa frente Podemos y los independentistas y añadió que el PP asumiría el coste político que pudiera conllevar. Un coste político que a él le va de perlas en su duelo con Rivera.

No obstante, el presidente respondió públicamente en una entrevista que defiende el artículo 155 de la Constitución y que se trata de un “instrumento perfectamente constitucional y legítimo para poder volver a reubicar a Cataluña en el Estatuto y en la Constitución”. Aunque, añadió, considera que, de momento, no se han producido las circunstancias para tener que aplicarlo de nuevo.

En el momento en que se produjesen, matizó Sánchez, el Gobierno de España lo aplicaría. Y lo que es más, un barón socialista ha llegado a señalar en privado, con segundas, que nadie debe llamarse a engaño: “Pedro es más duro de lo que muchos creen y es capaz de aplicar el 155 si lo considera necesario e, incluso, con más dureza, cerrando esta vez TV3 y añadiendo otras medidas más severas”. Si bien, de momento –y en su hoja de ruta- lo único que prevé es el diálogo y una salida constitucional que resuelva el conflicto catalán.

El punto de referencia del presidente es el control de la violencia callejera y que se retome la legalidad reactivando el Parlament. De ahí su oferta de iniciar un nuevo proceso autonomista que desemboque en un referéndum legal, a ser posible tras una profunda modificación estatutaria, algo absolutamente constitucional. Pero es ahí donde Casado habla de “línea roja”. Además, le dejó claro a Sánchez que si postula ese referéndum institucional, él defenderá que la consulta sea en toda España. O sea, traduce, que haya adelanto de las elecciones generales. Algo que el propio Casado no quiere y sabe, por sus conversaciones con Sánchez, que el PSOE tampoco.

Precisamente por eso, porque antes tiene que dejar encauzada una solución a Catalunya y porque, todo hay que decirlo, el retraso de las generales al otoño del año que viene, pasadas las municipales, autonómicas y europeas, forma parte del acuerdo que alcanzaron el PSOE y los independentistas cuando pactaron la moción de censura contra Mariano Rajoy y, entre sus objetivos, estaba pararle los pies al río de lava que estaba suponiendo el ascenso electoral del Ciudadanos de Rivera en Catalunya y el conjunto de España. Un objetivo que, por el momento, va cumpliéndose como PSOE, PP e independentistas han previsto.