PNV quiere que el Gobierno deshaga los acuerdos que protegen los secretos de Estado

  • El PNV lleva desde 2016 intentando que se modifique en el Congreso la Ley de Secretos de 1968, pero aún no tiene fecha de debate.
  • Preguntarán al Gobierno cuándo piensa "derogar los Acuerdos del Consejo de Ministros" de 1986, 1994 y 2010

El PNV lleva desde 2016 intentando que se modifique en el Congreso la Ley de Secretos de 1968, pero aún sigue parada en la Cámara Baja. El portavoz del PNV, Aitor Esteban, quiso evidenciar la falta de coherencia del presidente, Pedro Sánchez, en la última sesión parlamentaria, al presumir de avanzar en  memoria histórica, pero intentar con sus enmiendas que se retrase más la desclasificación de documentos. Los ‘jetzales’ insisten. Justo después del pleno, registraron una pregunta parlamentaria para respuesta escrita para interrogarle al presidente sobre cuándo piensa “derogar los Acuerdos del Consejo de Ministros” de 1986, 1994 y 2010 que fueron restringiendo el acceso a la información amparándose en esta Ley. 

“Déjese de comisiones de la verdad y abramos los archivos”, le pidió el portavoz vasco al presidente en la última sesión de control al Gobierno. Esteban se refería a las enmiendas que han presentado los grupos parlamentarios a esta propuesta, incluidas las del PSOE, que retrasarían las primeras desclasificaciones de documentos hasta 2030. El presidente se mostró dispuesto  a dialogar. “Se puede debatir y acordar sobre un plazo más o menos largo, establecer excepciones, la desclasificación automática o los términos del régimen transitorio”, aseguró Sánchez, que al mismo tiempo eludió un compromiso concreto. Por el momento, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha autorizado este mismo jueves “con carácter general” la consulta pública de la documentación del Archivo General Militar de Ávila anterior a 1968.

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En esa misma sesión, Esteban le pidió ir “más allá”, animándole a que anulase dos acuerdos del Consejo de Ministros que se amparan en esta ley franquista que fue actualizada en 1978. El primero, de 28 de noviembre de 1986, clasificó como secretos “los planes de seguridad de Instituciones y Organismos Públicos”. Es el acuerdo al que se acogió el Gobierno de Rajoy para no tener que explicar los detalles del operativo policial de octubre de 2017 en Catalunya.

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A través del acuerdo del Consejo de Ministros de 2010, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero amplió aún más los documentos secretos los que versan sobre actividades de Exteriores, incluyendo, por ejemplo, los relativos a “las posiciones básicas de España y estrategias en negociaciones políticas, de seguridad, económicas y comerciales” o la “información sobre posiciones españolas en conflictos internacionales o internos”. Una de las facetas más sorprendentes de este acuerdo es que no se publicitó ni se publicó en el BOE. Los españoles no supieron de él hasta 2012, cuando los investigadores Jimena Millán y Carlos Sanz Díaz se toparon con él al solicitar información al Archivo General del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Aún sin fecha para el debate

Aunque aún no hay fecha para que la ley se debata en la Cámara Baja, el PNV no va a dejar que los grupos miren para otro lado ni que se posponga más esta cuestión. Para ello, ha usado todas las armas parlamentarias para interpelar al Gobierno, desde la propuesta legislativa hasta la pregunta oral o la que necesita una respuesta escrita. Por eso, tras terminar el citado pleno, registraron una pregunta para respuesta escrita con el siguiente texto: “¿Cuándo piensa el Gobierno derogar los Acuerdos del Consejo de Ministros, de 28 noviembre de 1986, de 17 de marzo y 29 de julio de 1994, así como, el de 15 de octubre de 2010 por los que se clasifican determinados asuntos y materias de manera genérica como secretos o reservados?”.

Aunque el presidente haya mostrado buena voluntad para dialogar sobre cómo cambiar esta ley, por el momento, lo único que hay es eso: voluntad. El PNV cree que, al ser acuerdos del Consejo de Ministros, las decisiones por las que pregunta se pueden revocar con nuevos acuerdos en el mismo órgano, un trámite mucho más sencillo que el de tramitar una legislación que lleva casi dos años guardada en un cajón del Congreso.