Sánchez guarda en la manga la carta de la prórroga presupuestaria para evitar el adelanto electoral

El presidente tiene claro que quienes le apoyaron en la moción de censura para derribar a Mariano Rajoy coinciden con él en un objetivo fundamental: evitar que las elecciones generales se celebren antes o al tiempo que las municipales y europeas del 26 de mayo de 2019. En eso siguen coincidiendo todos los partidos que le dieron censuraron al presidente del PP, Mariano Rajoy, incluido el PDeCAT que ahora lidera Carles Puigdemont. Sin variaciones, por una u otra razón, todos postulan en privado que las generales deben celebrarse en otoño del año que viene. Como pronto.

Para algunos destacados socialistas, la negociación presupuestaria de Sánchez con sus aliados puede ser tan conflictiva y provocar tantos roces que cuanto más se retrase, mejor le irá. Y eso lo sabe hasta su gran adversario, el líder del PP, Pablo Casado, quien en su reunión de tres horas con el presidente en La Moncloa –dicen fuentes muy cercanas a él- incluso le ofreció dejarse utilizar para frenar demandas de Podemos o de los independentistas no sólo en el frente institucional sino también en el económico. Algo así como “Tú di que la culpa es mía, de mi intransigencia, si te hace falta para rechazar sus propuestas”. (Es de justicia aclarar que Sánchez, educadamente, aunque sin agradecérselo, le respondió que verdes las han segado si quiere que cuente con su ayuda, por más que la disfrace con el deseo de entenderse para reforzar a los partidos del bipartidismo).

A Sánchez no le hace falta que le expliquen que una negociación de los Presupuestos de 2019 con sus aliados puede desgastarle lo que no está escrito. Y por eso se conforma con ir acordando con Podemos brochazos del cuadro presupuestario cuyo fondo pictórico pueda modificar él, posteriormente, con el pincel fino de manera que –pongámoslo de ejemplo- se queden en el zurrón medidas como que las pensiones crezcan lo que el IPC o la reforma laboral se deshaga y los impuestos a los beneficios de la banca suban para compensar tanto apretón de cinturón como han sufrido los salarios de los trabajadores y la clase media durante la crisis.

De hecho, ni siquiera ha contactado con los independentistas catalanes o el PNV para empezar a estudiar medidas presupuestarias, aunque en teoría, como el propio presidente dijo hace unos días, quiere tenerlos presentados a finales de noviembre o principios de diciembre para poder aprobarlos en febrero o marzo, antes de las elecciones municipales y autonómicas de mayo.

Sabe que la legislatura no peligra por el retraso presupuestario. Y, sobre todo, que los actuales Presupuestos prorrogables no son tan expansivos como él querría, pero cuentan con más fondos que los anteriores precisamente porque Rajoy los elaboró pensando en repartir prebendas a los ayuntamientos y las autonomías que tienen elecciones en mayo. Un dinero que seguirá ahí y cuyo destino se puede variar hábilmente para atender demandas sociales (económicas, de género, educativas, sanitarias…) sin que ni el PP ni Ciudadanos se atrevan a chistar si no quieren que se les vea tanto el plumero que sea la ciudadanía la que vaya a por ellos convirtiéndose –mutatis mutandis- en el Séptimo de Caballería.

Con todo, en lo que Sánchez sí va a poner énfasis es en aprobar el techo de gasto sorteando el filibusterismo del PP y de Ciudadanos cuando tratan de evitar que se le retire al Senado la posibilidad legal de veto. Un veto garantizado ahora gracias a la mayoría absoluta del partido que fundó Manuel Fraga y que resultará casi imposible de sortear porque ambos partidos controlan la Mesa del Congreso y mantienen la estrategia de ampliar los plazos de enmienda “in saecula saeculorum” de manera que nunca se debate y apruebe la modificación de la ley.

El Gobierno pretende cambiar la Ley Presupuestaria para modificar los objetivos de déficit y deuda del próximo año. Los socialistas quieren, eso sí, suavizar los límites presupuestarios para configurar unas cuentas públicas más expansivas que permitan rebajar en cerca de 5.000 millones el ajuste previsto por Rajoy, de acuerdo con la Unión Europea, para el año 2019. Y ese es el margen que Sánchez quiere tener para garantizarse el apoyo de Unidos Podemos.

Por eso el presidente mira de reojo la legislación y marea la perdiz esperando que el uno de enero llegue con agua de mayo. De acuerdo con lo establecido en el artículo 134.4 de la Constitución Española, “si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos”. Y, además, se garantizan las inversiones en Euskadi y Catalunya y otras Comunidades Autónomas porque el artículo 38 de la Ley General Presupuestaria establece en sus apartados 2 y 3 que “2. La prórroga no afectará a los créditos para gastos correspondientes a programas o actuaciones que terminen en el ejercicio cuyos presupuestos se prorrogan o para obligaciones que se extingan en el mismo. 3. La estructura orgánica del presupuesto prorrogado se adaptará, sin alteración de la cuantía total, a la organización administrativa en vigor en el ejercicio en que el presupuesto deba ejecutarse”.

Ironías de la vida, también en lo político. Para aguantar y no convocar generales hasta cuando menos el otoño de 2019, Sánchez sólo tiene que sentarse a la puerta de la Moncloa a esperar que se prorroguen los Presupuestos Generales de su enemigo.