PCE e IU piden al Supremo que investigue siete supuestos delitos de Juan Carlos I

  • La querella fue presentada ayer en el Tribunal Supremo
  • Enrique Santiago advierte de que, si desde hace años hay un debate sobre estas supuestas irregularidades, no puede seguir existiendo un pacto de silencio en las instituciones

Cohecho, contra la Hacienda Pública, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos y abusos cometidos en el ejercicio de su función, administración desleal, fraude y exacciones ilegales, tráfico de influencias cometido por un funcionario o autoridad, constitución de grupo criminal. Hasta siete delitos supuestamente cometidos por el rey emérito Juan Carlos de Borbón piden el PCE, IU y la Asociación Foro de Abogadas de Izquierdas que investigue el Tribunal Supremo en una querella presentada este miércoles.

La querella se presenta, además de contra el rey emérito, contra Corinna zu Sayn-Wittgenstein, el director del CNI Félix Sanz Roldán, Álvaro Orleans Borbón, Dante Canónica, Juan Miguel Villar Mir, Juan Villalonga Navarro y el comisario José Manuel Villarejo, así como aquellas personas que pudieran estar relacionadas. La querella se basa en las publicaciones del periódico ‘OK Diario’ y ‘El Español’,en las que se transcriben e hicieron públicas las grabaciones del comisario Villarejo a la supuesta amante del emérito, Corinna zu Sayn-Wittgenstein, de las cuales se deriva esta supuesta actividad delictiva. En el escrito se detallan los hechos por los que piden que el Supremo abra investigación.

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El secretario general del PCE, Enrique Santiago, atiende a cuartopoder.es. “Surge ante la frustración de la inacción de los poderes públicos de perseguir los delitos de corrupción, constatando que no todos los españoles somos iguales ante la ley”, explica, añadiendo: “Una dejación de la Fiscalía, Justicia y Agencia Tributaria”. “Durante los años más duros de la crisis económica puede que el entonces jefe del Estado se dedicara a realizar tareas incompatibles con las funciones de su cargo”, prosigue el también abogado.

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Santiago cree que, con las pruebas presentadas, se puede suponer “una estructura organizada, una organización criminal y se ha utilizado la posición de jefe del Estado y también recursos del propio Estado para cometer delitos de corrupción: cobro de comisiones ilegales, negociaciones prohibidas a funcionarios, blanqueo de dinero, delitos contra la hacienda pública…”. “Es tal el reguero de delitos que parece mentira que le quedara tiempo para ejercer sus atribuciones oficiales, si se demostrasen ciertos”, comenta el líder del PCE. “Se trata de una estructura organizada, personas del cuerpo diplomático en ocasiones que se habrían encargado de exigir el cobro de comisiones que presuntamente han sido pagadas por empresas privadas o públicas”, explica a este medio.

El dirigente comunista cree que tras el tiempo que llevan en el debate público las supuestas corrupciones del emérito, “sale a relucir la voluntad clara de las instituciones del Estado contra la ley para impedir la investigación, el conocimiento de esto”. “No solamente la Justicia no hace nada, ni el Ejecutivo a través de la Agencia Tributaria, también el Legislativo impide la puesta en marcha de comisiones de investigación”, considera. “Que una persona haya estado presuntamente cobrando, como dice un ejecutivo de Campsa, entre 1 y 2 dólares por barril de petróleo y no se investigue es muy grave”, valora Santiago.

También cree que esta querella presentada en el Supremo puede ayudar a “que la Justicia se pronuncie sobre el alcance de la misma, recogiendo lo que se dice de la materia en tratados internacionales”. “Decir que el rey es inviolable es un argumento peregrino, lo que se deduce de la Constitución es que el jefe del Estado es inviolable por los actos de Gobierno, los actos del rey siempre estarán refrendados, los que no estén refrendados no son actos del rey, sino de un particular”, interpreta este abogado.

“Durante el desempeño de la jefatura del Estado, es inviolable e irresponsable, pero cuando acaba la Jefatura del Estado desaparece esa inmunidad y es responsable por los actos que haya realizado”, añade, considerando que no puede haber motivo alguno para que no se investiguen estas actividades a partir del 19 de junio de 2014, cuando Juan Carlos de Borbón abdicó del trono en favor de su hijo, el actual jefe del Estado, Felipe VI.