La obsesión por el relato vacía de contenido la política y alarga el legado de Rajoy

Desde las elecciones generales del pasado 28 de abril, el país espera que se forme un nuevo gobierno en el Estado. Hace cinco meses que los españoles confirmaron la tendencia que se asentó en 2015: prefieren un sistema multipartidista, donde las formaciones tengan que negociar, sin la comodidad de las mayorías absolutas. Desde que los ciudadanos desgajaron el bipartidismo con su voto, España se ha acelerado en lo comunicativo y ralentizado en lo legislativo. A un mes de que se ponga en marcha de nuevo el reloj electoral, no hay pistas que indiquen que PSOE y Unidas Podemos están próximos al acuerdo. Mientras ambos partidos juegan a la guerra del relato, quedan pendientes las grandes reformas del país, sobreviven algunas de las leyes más ideológicas de la Era Rajoy y la esperanza del mencionadísimo "espíritu de la moción de censura" se apaga. Ya lo advirtió el dirigente morado, Pablo Iglesias, en Antena 3: "La gente que nos está viendo no se fía de los políticos y hacen bien".

Sánchez llegó a Moncloa con la intención de distanciarse de su predecesor, Mariano Rajoy, y de abrir un nuevo tiempo progresista en España tras una etapa de crisis y recortes. La debilidad parlamentaria del PSOE en la anterior legislatura hizo que en su año de gobierno se multiplicasen los decretos para poder sacar adelante medidas sociales como el aumento del salario mínimo o la ampliación de los permisos de paternidad. Sin embargo, han quedado muchas de calado en el tintero, como la derogación de la reforma laboral de 2012 o, en su defecto, la redacción de un nuevo Estatuto de los Trabajadores. Su amplia victoria del 28 de abril parecía abrir el camino para una legislatura progresista, gracias a un acuerdo con Unidas Podemos (y los minoritarios) que no acaba de llegar.

Apenas quedan unas pocas semanas para que se active, de nuevo, el reloj hacia otras elecciones generales en España si un acuerdo exprés no lo evita antes. A pesar de reiterar que ni el gobierno ni el PSOE se iban de vacaciones, lo cierto es que Sánchez ha movido escasas fichas en las negociaciones, al menos de manera pública, repitiendo uno de los errores que condujo a la investidura fallida de julio: la apertura tardía de conversaciones.

Cinco meses después de las elecciones de abril, el Congreso se ha constituido, pero no ha debatido ni aprobado ninguna legislación, mientras el Gobierno también tiene limitada su actividad al estar en funciones. Los recursos comunicativos que llenaban el vacío de la política se van agotando. El PSOE se ha servido de tuits, cartas a la militancia y reuniones con la sociedad civil para mantener viva la actividad.

Los presupuestos de Montoro

En sus conversaciones con asociaciones, grupos y expertos este agosto, los convocados pusieron de manifiesto una obviedad: las promesas políticas se quedan en papel mojado si no van aparejadas de partidas presupuestarias. España aún se rige por los presupuestos prorrogados de 2018, diseñados por el exministro de Economía, Cristóbal Montoro, una de las huellas de la Administración Rajoy. El hecho de que el Ejecutivo socialista no haya conseguido aprobar en el Congreso unos presupuestos propios no solo ha guiado su acción de gobierno, sino que también está poniendo en apuros a comunidades autónomas y ayuntamientos.

Antes de que la investidura se precipitara, el PSOE y Unidas Podemos pactaron un proyecto de PGE que finamente no pasó el filtro del Congreso y no fue aprobado. Aunque quedasen en papel mojado, estas cuentas sirvieron en campaña electoral para convencer al electorado progresista de que el acuerdo entre dos fuerzas de izquierdas era posible y, además, se podía plasmar de manera concreta en la ley anual más importante, una voluntad que hoy parece un espejismo.

Las leyes de Rajoy

La debilidad parlamentaria, en términos numéricos, del gobierno que salió de la moción de censura de julio de 2018 ha hecho que durante este año tampoco se hayan podido deshacer algunas de las leyes duras del primer mandato de Rajoy. Con el poder que le otorgó la mayoría absoluta, el PP aprovechó para acometer algunas reformas que fueron (y siguen siendo) muy contestadas en la calle y por la oposición política. Aunque ya había algunos trabajos de modificación en el Congreso, el adelanto electoral paralizó muchos de ellos.

Ni el año de gobierno de Pedro Sánchez ni los meses posteriores a las generales han evitado que sigan operando legislaciones como la Ley de Seguridad Ciudadana (llamada 'ley mordaza') o la reforma laboral de 2012. Tampoco se ha logrado tumbar la reforma de las pensiones de Rajoy de 2013, después de que el Pacto de Toledo descarrilase, dejando pendiente otro de los grandes debates políticos de la legislatura.

La parálisis política tampoco ha permitido que el PSOE desarrolle cambios estructurales, como la de la Transición Ecológica, que exige modificaciones de calado y para la que Sánchez creó un ministerio propio. "La música suena bien, pero falta la letra", reconocían fuentes de las organizaciones ecologistas que se reunieron con el presidente a principios de mes.

Con este escenario de fragmentación, también queda muy lejana la posibilidad de reformar la Constitución, ni siquiera en los párrafos donde puede haber un mayor consenso, como en la reforma del artículo 49 en el que se refiere a las personas con discapacidad como "disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos". Mucho menos probable parece que se puedan abordar otras modificaciones más polémicas, como la del artículo 135 de la Constitución, que propuso el socialista José Luis Rodríguez Zapatero en 2011 y que fue apoyado con el apoyo del PP en apenas un mes.

Los políticos no hacen sus deberes

A pesar de que pluralismo político está consagrado en el primer artículo de la Constitución, los partidos estatales no han aprendido aún a gobernar la fragmentación parlamentaria. La novedad ya no es una excusa, ya que en 2015, el PP perdió la mayoría absoluta y Ciudadanos y Podemos se convirtieron en partidos decisivos para conformar mayorías en la cámara. La última legislatura (2016 a 2019) ha sido convulsa y ha dejado un cambio de presidente del gobierno, un abuso de la comunicación política y los decretos ley. Aún así, en 2019 se repite el bloqueo.

Mientras los pensionistas vuelven a la calle, los jóvenes se movilizan contra el cambio climático y la precariedad sigue instalada en el mercado laboral, los partidos siguen apostando por la batalla de la comunicación y convierten la falta de acuerdo en una desconfianza entre líderes, más que en cualquier debate sobre políticas.