La amnistía será un escollo insuperable para un posible entendimiento postelectoral entre Sánchez y Casado

Destacados dirigentes del PP (que parten de lo señalado en las encuestas de que la suma de socialistas con Ciudadanos no alcanzará la mayoría absoluta necesaria tras el 10-N) no ocultan en privado que tras las elecciones generales su Grupo Parlamentario podría devolverle a Pedro Sánchez el favor que el PSOE le hizo a Mariano Rajoy para que gobernase, absteniéndose en su totalidad o aportando el número de diputados que le hicieran falta para superar la investidura. Sería, dicen, la única forma de asegurar la estabilidad política y económica que necesita España y evitar unas nuevas elecciones que nadie desea.

Pero, ¡ay!, lo harían con varias condiciones. La primera, que aceptara cuatro o cinco puntos que le propondrían al futuro presidente sobre temas que consideran de Estado y que tienen que ver con sus promesas electorales. Acuerdos, afirman, sobre la “revolución fiscal” que daría 700 euros al año para cada español, “la armonización de la unidad de mercado” que devolvería 28.000 millones a la economía productiva, dar más ayudas a los autónomos, mantener la reforma laboral en materia de flexibilidad laboral y crear la denomina “mochila austriaca” en materia de pensiones.

Su tesis no es nueva. Fue lo que Rajoy, dispuesto a negociar su investidura porque no le llegaban los votos de Albert Rivera, le ofreció a Pedro Sánchez antes de que Susana Díaz lo echase de la secretaría general cuando dijo el famoso “no es no”. Luego, los nuevos dirigentes socialistas de la Gestora que sustituyó a Sánchez acabaron apoyando gratis la investidura del presidente del PP.

En ese punto, decididos a reforzar el bipartidismo tras la convocatoria electoral para el 10 de noviembre, Sánchez y Casado lo han venido teniendo claro hasta las mismas puertas de la campaña. Y han actuado en consecuencia.

Pero hay una segunda condición que ha roto todas las expectativas de entendimiento. De momento. Es la crisis catalana. Casado le pidió a Sánchez que, para apoyarle, no incluyese entre sus apoyos ni a Unidas Podemos ni a los independentistas de ERC y Junts per Catalunya. Y ahí, en el problema catalán y singularmente la sentencia del Procés, se presenta ahora el principal escollo para cualquier hipótesis de acuerdo.

El único margen de maniobra que le queda a Sánchez es el de la aplicación de la política penitenciaria para que los presos cumplan su condena de manera que sólo tengan que ir a dormir en prisión y puedan moverse en libertad el resto del día. Esta misma semana el tema quedó despejado cuando el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, dejó claro en TVE que es una vía perfectamente legal y que sus miembros, de entrada, no van a actuar en contra de la medida, si se adopta.

Pero, obviamente, eso no le parece suficiente a los condenados, como ha dejado meridianamente señalado Oriol Junqueras afirmando en Nació Digital que quienes lo postulan “se metan el indulto por donde les quepa”. Porque la única solución, a su juicio, es aprobar una Ley de Amnistía que pueda aplicárseles a ellos.

¿Por qué amnistía sí e indulto no? Pues porque la amnistía lo borra todo. No hay petición de perdón, ni delito del que arrepentirse, como sucede con el indulto, que debe reclamarlo el reo. Y porque es verdad que la Constitución prohíbe los indultos generales, pero no menciona para nada la amnistía, con lo que podría hacerse una ley semejante a la que se hizo en 1978, la que libró de sus delitos no sólo a la izquierda, incluidos los etarras, sino a torturadores franquistas como Roberto Conesa y su segundo, Billy el Niño, por ejemplo.

ERC lo llevará al Congreso y, de aprobarse, en unos cuantos meses los condenados por el Procés podrían ser amnistiados de cara a un proceso de reconciliación entre los catalanes y el resto de los ciudadanos españoles a todas luces tan necesario como inexcusable. Pero el PP se niega rotundamente ni siquiera a que se plantee en la Cámara Baja. Pablo Casado, aunque enfadado, ironiza con el tema diciéndole a Sánchez que, sobre ese asunto, “no es no”. Y me aseguran que añade que el menor debate sobre el tema le parece “ofensivo”. A su juicio, una amnistía cabe cuando se trata del tránsito de una dictadura a una democracia, como pasó en el 78. Pero no respecto a una sentencia emitida por tribunales en una democracia.

Es decir, que el PP cerrará filas frente a indultos y amnistías y se opondrá radicalmente a que ni siquiera se tramite parlamentariamente. Pero el problema será la Mesa del Congreso. Si se volviese a constituirse la que ha habido estos últimos meses y sigue en funciones, la mayoría de PSOE y Podemos bastará para tramitarla. Y, de aprobarse en las Cortes, podría aplicarse en menos de un año.

De manera que la elección de la dirección del Parlamento será otro melón que deberá abrir Sánchez. ¿Repetirá con Podemos? Habrá que verlo. En ese punto, los resultados del 10-N serán también decisivos. Y, por supuesto, la decisión que adopte Sánchez de gobernar con unos o con otros. Con la izquierda - quizás incluyendo obligatoriamente la abstención de los independentistas-, con Ciudadanos o en solitario con la abstención del PP.

Porque a estas alturas lo único que está claro es que Sánchez y Casado apuestan por recuperar la alternancia gobernando en solitario como con el viejo bipartidismo, apoyándose en la izquierda o la derecha, dependiendo de cada ley o de un pacto de investidura. Pero, de ninguna manera, aspiran a gobernar en una gran coalición que saben que le quemaría las pestañas.