Más allá del abrazo: contenido programático para el gobierno de coalición

El anuncio el pasado martes por parte de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para un gobierno de coalición ha dado inicio a toda serie de especulaciones sobre cómo se conformará este ejecutivo y quiénes formarán parte de él. A pesar de la voluntad expresada por las partes de que los componentes del Consejo de Ministros no se harán públicos hasta después de la investidura, si esta saliera adelante, las quinielas son constantes.

Sin embargo, para que la coalición se materialice, Sánchez tendrá que ganar por mayoría absoluta el debate de investidura en primera vuelta o la votación de la segunda vuelta por más síes que noes. Las nuevas Cortes se constituyen el próximo 3 de diciembre, cuando los diputados electos recogerán el acta y se sentarán en sus escaños. La voluntad del candidato es ser investido presidente del Gobierno antes de la vacaciones navideñas. La tarea principal de PSOE y Unidas Podemos es recabar los apoyos necesarios entre los grupos parlamentarios antes de esa fecha. Principal objetivo: ERC.

Un programa de gobierno compartido entre PSOE y Unidas Podemos es otra de las tareas pendientes para las próximas fechas. El documento firmado fue ya una declaración de intenciones de por dónde discurrirán las políticas de ese posible gobierno de coalición. “Una carta a los reyes magos” en palabras de Arnaldo Otegi, todavía falta por concretar un programa compartido.

En cuartopoder analizamos, con respecto a algunos de los temas que se tratan en el preacuerdo de este martes, qué acordaron el año pasado en el acuerdo presupuestario para 2019 que no se llegó a aprobar en el Congreso llevando a España a elecciones anticipadas. También, qué ofrecía el PSOE este mes de septiembre a Unidas Podemos para negociar un acuerdo parlamentario. Un recorrido por los principales retos programáticos que tendrían que desarrollar desde el primer Consejo de Ministros compartido en la actual democracia.

Empleo

El preacuerdo de la coalición habla de “consolidar el crecimiento y la creación de empleo. Combatir la precariedad del mercado laboral y garantizar trabajo digno, estable y de calidad”. De este aspecto, el acuerdo presupuestario destacaba medidas que fueron llevadas a cabo al final de la pasada legislatura o con el gobierno ya en funciones como la subida del SMI a 900 euros o la prestación por desempleo a mayores de 52 años.

La principal medida que debería afrontar el gobierno Sánchez-Iglesias sería, según el acuerdo al que llegaron en octubre del año pasado, “derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012, particularmente en materia de negociación colectiva, aprobando con carácter prioritario y urgente una nueva regulación laboral que incluya los siguientes elementos”.

Este septiembre, el PSOE presentaba el documento Propuesta Abierta para un Programa Común Progresista. Era un documento con el cual el PSOE pretendía negociar un apoyo parlamentario a un gobierno en solitario del PSOE, una negociación que nunca se dio. En él también apostaban por derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012, del PP. No debería haber problema, por lo tanto, para que el gobierno de izquierdas llevara a cabo esta reforma.

El consenso está en los siguientes puntos. 1) Ampliar el régimen de no caducidad del convenio colectivo, más allá de las previsiones contenidas en el mismo, a la finalización de su vigencia. 2) Revisar las causas y el procedimiento para la modificación sustancial de las condiciones de trabajo. 3) Reducir la dualidad entre trabajadores indefinidos y temporales y la inestabilidad y la rotación laboral, con medidas como desvincular el contrato de obra o servicio determinado de la realización de trabajos o tareas en el marco de contratas, subcontratas o concesiones administrativas. 4) Reforzar la obligación de constancia expresa del horario de trabajo en el contrato a tiempo parcial.

Regeneración democrática

El preacuerdo firmado esta semana por Sánchez e Iglesias también habla de esta tarea. Así como de la lucha contra la corrupción. En la propuesta socialista de septiembre, hablaban de promover “acuerdos parlamentarios de consenso que permitan la elección y renovación de los órganos constitucionales y organismos independientes, como en el caso del Consejo General del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo, la Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y el Consejo de Administración de Radiotelevisión Española”.

Además, el PSOE también recogía la sustitución de las leyes mordaza y su compromiso con acabar con el voto rogado. En relación con la calidad democrática, Gobierno y Unidas Podemos se comprometían el año pasado en su proyecto de presupuestos también a acabar con las leyes mordaza y con reformar la ley electoral para facilitar el voto desde el extranjero.

Con respecto a las leyes mordaza, querían “desbloquear los trabajos de la ponencia en la Comisión de Interior en este ámbito para avanzar en su modificación, tomando como base la iniciativa registrada por el Partido Nacionalista Vasco”, y reconocían: “fue aprobada por el anterior Ejecutivo con el objetivo desalentar la protesta social, limitando seriamente los derechos a la libertad de expresión, el de reunión y el de información”. Un gran reto para Unidas Podemos conseguir avances en este sentido en un momento en el que hace unas semanas el gobierno en funciones recortaba en derechos digitales para reprimir la movilización catalana.

Servicios públicos

Como antes del famoso abrazo del martes, Sánchez e Iglesias firmaban un compromiso de “proteger los servicios públicos”, tienen por delante una importante tarea que desarrollar. En el acuerdo presupuestario se extendían someramente en proponer medidas en favor de un sanidad, educación y dependencia.

Así, en materia sanitaria abogaban por garantizar su universalidad frente a cualquier traba burocrática y origen del usuario, por revertir los copagos; en educativa, por mejorar las becas, bajar las tasas universitarias y facilitar material escolar gratuito; en dependencia, mejorar la cuantía de las ayudas y que las personas con dependientes a cargo cotizaran en la Seguridad Social por los cuidados.

Vivienda

Es la bandera principal de la campaña de Unidas Podemos en materia social. El año pasado, socialistas y confederales apostaban por regular el mercado del alquiler en aspectos como “plazos mínimos de arrendamiento, las prórrogas de contrato, las garantías o la revisión de renta”.

También apostaban ambas fuerzas por “poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas”, dotando de competencias a los ayuntamientos para ello.  Además, incrementarían el número de viviendas en alquiler para bajar los precios y otorgarían una mayor protección a las personas hipotecadas.

La mayoría de estas medidas se recogían en la propuesta del PSOE de septiembre. "Profundizaremos en las medidas ya adoptadas para frenar las subidas abusivas del alquiler, estudiando nuevas opciones de carácter normativo, fiscal y estadístico, como el índice estatal de rentas de referencia", reza el documento, que, sin embargo, ya no hablaba de dotar de competencias a los ayuntamientos.

Lucha contra el cambio climático y pobreza energética

Ambas fuerzas se habían comprometido el año pasado a sacar adelante una Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que debería haberse presentado en el Congreso antes de finalizar 2018, y un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Ambas cuestiones las recogen los socialistas en septiembre.

También estudiarían intervenir en el sistema eléctrico para facilitar ciertos cambios como, por ejemplo, modificar la factura eléctrica. Esto último, por ejemplo, los socialistas lo obviaron en su documento de septiembre, pero ha sido otra de las banderas sociales de Unidas Podemos en campaña, como la empresa pública de energía, poniendo como ejemplo la creada por Ada Colau en el Ayuntamiento de Barcelona. Fomentar el autoconsumo energético e impulsar las renovables son políticas que no pueden generar mucha controversia en un gobierno compartido.

Políticas feministas

Frente al discurso antifeminista que enarbola la ultraderecha, el gobierno de las izquierdas pretende ser un ejemplo feminista. Así lo señalaron en el punto 7 del preacuerdo Sánchez e Iglesias. Ya en común lograron hace meses la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad. El gran reto será otorgar cuantía económica al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, una medida que llevaban conjuntamente el año pasado.

Justicia Fiscal

En este ámbito, aspiración del gobierno de coalición, si lo hubiera, se centraron muchas de las negociaciones para sacar adelante el acuerdo presupuestario entre PSOE y Unidas Podemos el año pasado. Aprobaron un tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades, las tributaciones de las Sicav y las Socimis. También un impuesto sobre las transacciones financieras y otro sobre algunos servicios digitales, o aumentar un 1% el impuesto de Patrimonio a las grandes fortunas y el IRPF de las grandes rentas. El acuerdo también precisaba en el proyecto un desarrollo de lucha contra el fraude.

En septiembre, el PSOE había dejado de lado el incremento del 1% a las grandes fortunas, la regulación de la carga fiscal a las Socimis, el IRPF de las grandes rentas personales o de las rentas del capital. Será una de las batallas principales que se vivirá en el seno del próximo ejecutivo de las izquierdas, sin duda, si lo hubiese.