RESPUESTA PARLAMENTARIA

250 agentes, un dispositivo antidrones y tres denuncias: más detalles sobre la exhumación de Franco

  • Para la exhumación, el Estado estableció sistemas de seguridad dentro y fuera de la basílica y desplegó un sistema antidrones, entre otras muchas acciones
  • Una persona fue denunciada "por resistencia a la autoridad" y otras dos sumaron" el uso público e indebido de uniformes, insignias o condecoraciones oficiales"

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Un dispositivo con 250 miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 18 días previos de vigilancia permanente y tres denuncias. Son algunos de los datos sobre la exhumación del cadáver del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos que el Gobierno ha facilitado al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu en una respuesta parlamentaria, publicada este lunes en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

El diputado vasco quiso saber el "cronograma de los hechos" ese 24 de octubre, si se tomó acta oficial, cuántas personas participaron en el dispositivo o cuál fue el coste total de la operación, unas cifras que el ejecutivo no ha facilitado alegando que diferentes unidades prestaron servicio "dentro de su jornada de trabajo y con los medios propios": "No se ha efectuado una estimación de costes del dispositivo policial llevado a cabo por la Guardia Civil", asegura la respuesta. Sin embargo, los días previos a la exhumación se calculó un coste de 63.061,40 euros.

Iñarritu también ha preguntado al Gobierno de Pedro Sánchez si hubo denuncias a la familia tras la exaltación del franquismo, ya que en el ataúd aparecía un emblema de los Franco, o a alguno de los curiosos que se acercó al Valle de los Caídos o al cementario de El Pardo-Mingorrubio a presenciar ese momento histórico. El Ejecutivo confirma que la Guardia Civil interpuso tres denuncias, pero no por la quebrantar la Ley de Memoria histórica, sino por la Ley de Seguridad Ciudadana.

Tal y como relata el documento, hubo una primera denuncia a una persona "por desobediencia o resistencia a la autoridad" y otras dos por la misma causa y "por el uso público e indebido de uniformes, insignias o condecoraciones oficiales, o réplicas de los mismos, así como otros elementos del equipamiento de los cuerpos policiales o de los servicios de emergencia que puedan generar engaño acerca de la condición de quien los use".

En la respuesta parlamentaria también se indican detalles del dispositivo que fue mucho más allá que la jornada del 24 de octubre, día de la exhumación, extendiéndose desde el 11 de octubre hasta el día 29 del mismo mes.

Antes

En el documento se relata el dispositivo, que comienza el 11 de octubre, día en el que se decreta el cierre del Valle los Caídos. Hasta el día 23, el Gobierno estableció un servicio de vigilancia permanente en la puerta de la Basílica, vigilancia en el perímetro y los accesos y, además, incluyó servicios de paisano en el interior. Cada turno mencionado estaba formado por "una media" de 20 efectivos de seguridad ciudadana, Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) y Grupo de Información.

Durante

Para que la exhumación se desarrollase de manera tranquila, el gobierno desplegó el mismo día 24 a 250 miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en cinco dispositivos: uno en el perímetro, otro en el exterior de la Basílica, otro antidrones, otro en el interior y otro en los puntos de acceso al Valle de los Caídos.

Además de sellar el perímetro de la basílica, también se diseñó otro dispositivo en el itinerario por carretera, que incluyó un helicóptero del Servicio Aéreo "con su respectiva tripulación". También intervinieron en la operación dos Equipos de Policía Judicial, dos Equipos de Desactivación de Explosivos y dos de la Unidad Central de Explosivos.

Después

Tras sacar el cadáver de la basílica y llevarlo al cementerio de Mingorrubio, el dispositivo se mantuvo cinco días más, hasta la tarde del día 29 de octubre, con turnos de 12 agentes de Seguridad Ciudadana y del Servicio de Protección de la Naturaleza. Esto incluyó un "servicio permanente" en la puerta de acceso al recinto, un servicio de vigilancia en el perímetro del mismo, un servicio en los accesos a la Basílica y un servicio en el interior, tal y como señala la respuesta parlamentaria.

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