El rey, ausente en la crisis del coronavirus, intenta salvar la imagen de la monarquía

“Solo se permitirá la entrada por vía terrestre en territorio nacional a los ciudadanos españoles, a los residentes en España, a los trabajadores transfronterizos y a quienes acrediten documentalmente causas de fuerza mayor o situación de necesidad". Las fronteras aéreas siguen abiertas, aunque según informaba el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, podrían cerrarse en los próximos días. La situación de emergencia sanitaria se agrava por momentos: cerca de 10.000 personas contagiadas según los datos facilitados ayer, 335 fallecidas, 530 recuperadas.

Los estragos económicos se hacen notar y amenazan con profundizar en una crisis económica de incalculable impacto social para las familias y, sobre todo, para los sectores más vulnerables de población. Los comicios gallegos y vascos, previstos para el 5 de abril, se suspenden hasta que se salve la crisis. Estado de alarma. Las Fuerzas Armadas salen a las calles en operaciones de contención de la epidemia y de desinfección. La sanidad privada y la militar, al servicio del Ministerio de Sanidad.

El personal sanitario, literalmente, se juega la propia salud en el cuidado de los enfermos que se agolpan en los hospitales. El sistema sanitario corre el riesgo de colapsarse mientras que la curva de infección sigue ascendiendo. Imágenes de concurridos transportes públicos en Madrid y Barcelona. Las personas que desarrollan empleos relacionados con el transporte, la reposición y venta de material de primera necesidad y otros muchos profesionales exponen su cuerpo, corren el riesgo de enfermar para que no se produzca el desabastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad.

Y mientras todo esto ocurre, la Casa del Rey, el pasado domingo 15 de marzo, con un Estado de Alarma recientemente decretado, se veía en la obligación de lanzar un comunicado para intentar salvar la institución de una crisis abierta y que, de momento y por la coyuntura, ha quedado en stand by. Mientras, la sociedad española afronta uno de los momentos más duros de su historia reciente. Tras la publicación de una información en The Telegraph que asegura que Felipe VI es el segundo beneficiario de la fundación offshore Lucum en la que el emérito, Juan Carlos I, depositó la fortuna de 65 millones supuestamente recibida desde Arabia Saudí, la monarquía reacciona.

El comunicado de la Casa del Rey del pasado domingo reflejaba que Felipe VI se comprometerá, en su momento, a renunciar a la herencia de su padre, el rey emérito, y que le aparta de su actividad, de tal modo que Juan Carlos I dejará de percibir la asignación presupuestaria que se le otorga anualmente de 194.232 euros. La monarquía ha vuelto a las primeras páginas de los periódicos en plena crisis del coronavirus.

A pesar de que los principales partidos políticos no quieren priorizar sobre este tema en este momento de crisis generalizada, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, se ha puesto en contacto con distintos grupos parlamentarios para sacar adelante una comisión de investigación sobre las cuentas del emérito en el Congreso de los Diputados. Rufián cuenta ya con los apoyos de Unidas Podemos, Más País, PNV, Junts per Catalunya, EH Bildu, Compromís, la CUP y el BNG. Hace pocos días, el PSOE en el Congreso se situaba con PP y Vox para evitar que una comisión de investigación sobre las supuestas corruptelas del emérito salieran adelante.

La agenda de la Casa del Rey está suspendida y no aparecen actos programados para los próximos días. El último acto público en el que participó Felipe VI fue el pasado 11 de marzo en París, en un homenaje a las víctimas del terrorismo a nivel europeo. De este, quedaba grabada la imagen de la ruptura del protocolo en el saludo de los mandatarios. Así, el presidente de la República Francesa, Emmanuele Macron, y el rey español no se saludaban con un apretón de manos, como es habitual, y mantenían la distancia prudencial para evitar posibles contagios del coronavirus.

Poco después, el viernes 13, los reyes y las infantas daban negativo en una prueba del Covid-19. La reina Leticia había estado en contacto en un acto con la ministra de Igualdad, Irene Montero, la cual ha contraído la enfermedad. A pesar de haber dado negativo en el test, la reina mantiene la cuarentena. Contrasta la rapidez con la que los miembros de la Familia Real, y muchos dirigentes políticos, fueron sometidos a las pruebas médicas con la realidad de muchos ciudadanos a los que no se le realizan estos análisis aunque tengan los síntomas del Covid-19. Más aún cuando la propia OMS recomienda que se realice el mayor número de pruebas posible para aislar al virus. "Pruebas, pruebas, pruebas", reclama la organización internacional.

Prueba de fuego para Unidas Podemos en el Consejo de Ministros

En otro orden de cosas, hoy, el Consejo de Ministros debatirá sobre el paquete de medidas económicas que acompañarán al decreto del Estado de Alarma. Prueba de fuego para Unidas Podemos que intenta dotar de un fuerte componente social a estas medidas en una crisis generalizada sanitaria, pero también económica.

Desde Unidas Podemos intentan doblegar la ortodoxia de la ministra de Economía, Nadia Calviño, junto a otros ministros socialistas como José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Teresa Ribera, de Transición Ecológica, el de Transportes, José Luis Ábalos, o la de Industria, Reyes Maroto. Calviño y Carmen Calvo son las más reacias a las medidas que quieren impulsar los ministros de Unidas Podemos: el vicepresidente Pablo Iglesias, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, y el de Universidades, Manuel Castells. Irene Montero sigue convaleciente tras haber dado positivo en Covid-19.

Que la protección de la salud y el empleo primen sobre la regla de gasto, que se priorice la inversión pública en sanidad, servicios sociales, alimentación comunicación, limpieza o logística. Además, desde Unidas Podemos aspiran a que se dote de recursos a ayuntamientos y se les libere de la guerra de gasto para que puedan desarrollar medidas de impacto social desde el ámbito municipal. También aspiran a que se destine recursos para ONG ante la emergencia social que se abre en esta nueva situación.

Concretamente, ante el escenario de que mucha gente quede sin trabajo e ingresos, desde las filas moradas aspiran a conseguir que se permita una moratoria del pago de hipotecas y arrendamientos para familias que vean reducidos sus ingresos, que se asegure el suministro de recursos básicos como agua, luz y gas. También un impulso para que las pymes puedan asumir el teletrabajo. En cuanto a a destrucción de empleo, facilitar el ERTE para que no se disminuir al máximo los ERE en este periodo.

Unidas Podemos, que llegó al gobierno hace algo menos de tres meses, tiene la prueba de fuego este martes. De lo que se decida en el Consejo de Ministros dependerá buena parte del bienestar económico y social de muchas familias, principalmente de los sectores de población más desfavorecidos. Desde las filas moradas tienen confianza de que esto sea así, pues la propia Calviño ha ido modulando su discurso hacia posturas menos ortodoxas con el dogma neoliberal.

Organizaciones sociales presionan para que esto sea así, ayer lanzaban una campaña reclamando un plan de choque social. La izquierda política parlamentaria, tal como ERC, Más País o la CUP, han planteado en conversaciones con el Gobierno distintas medidas de calado social para afrontar esta crisis. Anticapitalistas, antiguos integrantes de Podemos, también presionan para que las medidas que salgan este martes de Moncloa vayan en esta línea. Los sindicatos también están expectantes. Unidas Podemos tiene ante sí un gran reto: conseguir un escudo social ante la crisis del coronavirus.