Las “numerosas quejas” sobre el Ingreso Mínimo Vital que llegan al Defensor del Pueblo

Ya han pasado nueve meses desde que la pandemia de la covid-19 llegase a España para paralizar la vida y obligarnos a extremar las precauciones. Desde marzo, el Gobierno ha puesto en marcha un "escudo social" para amortiguar el golpe con medidas de protección nuevas, como el Ingreso Mínimo Vital (IMV), uno de los proyectos de legislatura que se convirtió en "urgente" tras el confinamiento. El mecanismo se puso en marcha en tiempo récord, en mayo, y ha registrado muchas limitaciones. El riesgo de pobreza en España tiene muchos rostros y no todos se ven reflejados en el decreto.

Lo sabe bien el Defensor del Pueblo, que lleva meses recogiendo las quejas de ciudadanos que han tenido problemas con una prestación compleja, nueva y que se ponía en marcha en medio de restricciones de movilidad y para una población sin recursos, incluidos los digitales Dentro del informe de Actuaciones ante la pandemia de covid-19 , dedica un apartado a esta prestación.

El Gobierno ha ido detectando problemas y actualizando los requisitos, como hizo en septiembre. De hecho, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, asegura que es una norma “en continua evaluación”. De momento, su departamento ha recibido más de 1,1 millones de solicitudes y ha concedido la prestación a 160.000 hogares, donde viven más de 460.000 personas, de las que el 47% son menores,

Por tanto, en su citado informe, el Defensor del Pueblo valora considera una  "noticia muy positiva" la aprobación de esta prestación, ya que está dirigida a "prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social", una de las cuestiones que más preocupaba a esta institución incluso antes de la crisis de pandemia: "La situación de las personas en riesgo de pobreza y exclusión social es preocupante en España. Los datos son concluyentes y abrumadores", asegura en el texto.

Aún es pronto para hacer una evaluación sobre si esta política pública ha cumplido sus objetivos, pero durante estos meses, el Defensor del Pueblo ha recibido "numerosas quejas", que reflejan inquietud por una solicitud no resuelta, disconformidad con su denegación, dificultad a la hora de adjuntar la documentación por internet o la dificultad para ser atendidos presencialmente.

Las circunstancias personales de aquellos que solicitan la ayuda son variadas y complejas y las quejas que llegan al Defensor del Pueblo así lo reflejan. Hablan de procesos de empobrecimiento a los que el IMV no llega. Es una prestación pensada para actuar contra la pobreza extrema estructural".

Quejas sobre el funcionamiento

• Una gestión lenta: La "urgencia de los solicitantes" provoca que en "más de la mitad de las quejas" los ciudadanos crean que su situación de precariedad "precisa una gestión más rápida de la prestación". El Defensor recuerda que la Seguridad Social está en la mayoría de los casos en plazo de resolver solicitudes y, por tanto, el Gobierno no incumple, una "cuestión que parece desconocer la mayoría de los interesados".
• Actuación de oficio. Muchas de las personas que se quejan, también creen que "debía haberse iniciado de oficio el procedimiento respecto a su situación, al ser perceptores de la asignación por hijo a cargo". Sin embargo, el Ejecutivo no actúa de oficio en todos los casos, como se aclara en el documento.
• Problemas con las rentas mínimas autonómicas. El IMV sí es compatible con otras rentas autonómicas y, precisamente por eso, han llegado quejas sobre la repercusión de la aprobación de la nueva prestación "en el reconocimiento inicial o prórroga" de las rentas mínimas autonómicas, en zonas como Andalucía, Valencia y Madrid. Algunos ciudadanos aseguran que se han "paralizado" sus procedimientos autonómicos al requerirles la solicitud no resuelta del IMV, ya que son rentas complementarias.

Otras situaciones que quedan fuera de la cobertura

• Dificultades para presentar las solicitudes o adjuntar la documentación. El informe asegura que hay personas que "han tenido dificultades para presentar las solicitudes y adjuntar la documentación preceptiva". Cuando han intentado solucionarlo llamando al Instituto de la Seguridad Social también han tenido problemas para ser atendidos, así como "para registrar telemáticamente la solicitud y la totalidad de la documentación por falta de espacio para ello en la página web".
• No disponer de una cuenta bancaria. "Hay personas que no pueden presentar la solicitud por no disponer de una cuenta bancaria para domiciliar el pago de la prestación, por estar incluidos
  en la lista de personas morosas", asegura el documento.
• Plazos imposibles. La Seguridad Social da un plazo de 10 días para aportar la documentación que a algunos solicitantes "les es prácticamente imposible de cumplir", debido a las restricciones de la pandemia y a la disminución de la atención presencial. "Si la documentación no se aporta en plazo, se tiene al interesado por desistido de su solicitud y se archiva su expediente", recuerda el documento.
• Un "no" sin explicación. El Defensor también aseguran que las resoluciones que rechazan las solicitudes "no siempre están adecuadamente motivadas". "En concreto, en alguna se ha observado que únicamente se alega, para desestimar la solicitud, que no se cumplen requisitos, sin especificar cuáles ni por qué razones", asegura.
• Falta de información sobre los hijos a cargo. Algunas solicitudes que sí pasan el filtro también tienen quejas. Es el caso de algunas que "aluden a la falta de información sobre la compensación de la asignación por hijo menor a cargo ya percibida y manifiestan a veces disconformidad con la cuantía
  reconocida".
• Nuevos pobres. Otras de las quejas que llegan al Defensor están relacionadas con los criterios de acceso como el ingresos y patrimonio. Sin embargo, algunos ciudadanos aseguran que "aunque en 2019 no se encontraran en situación de vulnerabilidad sí lo están en 2020". Según el Defensor del Pueblo, "es una situación prevista en la disposición transitoria tercera que establece un régimen excepcional aplicable a las solicitudes cursadas por situación de carencia de rentas".
• Los problemas de los bienes que cuentan pero ya no son tuyos. En este apartado, el Defensor del Pueblo apunta a diversas situaciones donde deniegan la prestación a personas que superan los límites de la norma, aunque carecen de ingresos y patrimonio, como pueden ser procesos recientes de embargo de bienes, que sin embargo sí computan, incluso cuando lo lleva a cabo la Seguridad Social. También causan problemas el "porcentaje de los bienes que tienen adjudicados, tras su separación o divorcio, de los que no pueden disponer ya que su uso está atribuido a su expareja" o el valor y "la renta procedente de bienes, que constituían su vivienda habitual y que han tenido que alquilar para poder seguir pagando la hipoteca ante su falta de otros recursos para hacer frente a la misma", por citar algunos.
• Desajustes en el empadronamiento. Las quejas que han llegado al Defensor también aseguran que no se les concede el IMV "aunque acrediten que están en trámite de separación o divorcio o ya separados o divorciados", ya que "se imputan los ingresos de la expareja que continúa empadronada en el domicilio familiar, aunque ya no viva en él".
• Divorciados, pero convivientes. El informe plantea el caso de separaciones y divorcios en los que se comparte el mismo domicilio, aunque ya no exista vínculo matrimonial, indicando que a pesar de esta circunstancia se les considera unidad de convivencia y se deniega la solicitud individual de uno de ellos, al computar los ingresos del otro.
• Los menores en custodia compartida. "Relacionado también con el empadronamiento, se alude a las situaciones de custodia de menores compartida entre los progenitores en las que los hijos están empadronados en el domicilio de uno de los padres, aunque durante seis meses al mes convivan con el otro progenitor, a quien se le deniega la prestación, al no tener en consideración a estos menores en su unidad de convivencia", apunta el informe.
• Convivientes, pero no unidades familiares. El informe del Defensor del Pueblo asegura que muchos ciudadanos cuestionan el concepto de las "unidades de convivencia", especialmente cuando se comparte domicilio con otra persona u otra familia, "ya que entienden que no se las debe considerar integradas en la misma".
• Personas que no han sido independientes durante los tres años previos a la solicitud. En el informe, se pone un ejemplo muy concreto: "El fallecimiento del progenitor con el que convivía el solicitante al que se deniega el IMV, por no cumplirse el plazo de vida independiente durante tres años". Aunque este es un requisito que ha sido corregido.
• Los 12 meses de inscripción. También las personas que no estaban inscritas como demandantes de empleo con carácter previo a la presentación de la solicitud han manifestado su discrepancia con este requisito, que también ha tenido que ser pulido.