58 asociaciones feministas piden a Cifuentes que paralice los expedientes contra seis clínicas abortistas

Hasta 58 organizaciones feministas han firmado un manifiesto en el que piden a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que levante el expediente sancionador impuesto por Sanidad a seis Clínicas Autorizadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo durante el mes de marzo. Sanidad puso en marcha estas investigaciones, después de que la Asociación Española de Abogados Cristianos denunciase a una veintena de clínicas en toda España por “publicidad engañosa”.

Las asociaciones firmantes son variadas y van desde la Secretaría de las Mujeres de CCOO de Madrid hasta el Fórum Feminista de Madrid. El escrito va dirigido al Consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y a la propia Cifuentes, “que continuamente se presenta como defensora de los derechos de las mujeres”, a la que piden que por “coherencia y por respeto a la libre decisión de las mujeres sobre su embarazo, paralice inmediatamente el expediente”.

Lee aquí el manifiesto firmado por las 58 organizaciones

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La Asociación Española de Abogados Cristianos denunció a 20 clínicas que pidieron sanciones a estos centros por “publicidad engañosa” en sus páginas webs, donde consideraban que no se detallan las consecuencias reales del aborto voluntario. Finalmente, en Madrid prosperaron seis inspecciones con sanción por información no veraz en sus páginas web. El asesor jurídico de la Asociación de Clínicas de Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI),  José Antonio Bosch, saca dos conclusiones de este proceso. El primero, que “aunque los hechos en cada web son distintos, la sanción es igual para todas”. El segundo, la cantidad de inspecciones a las que se le somete a los centros donde se practican abortos: “Esperamos que esto sirva de cabeza de lanza de la excelencia sanitaria de la Comunidad de Madrid y se haga lo mismo con la web de otro tipo de clínicas, como las estéticas”, ironiza el letrado. Tras ser preguntado en la Asamblea de Madrid, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha asegurado que tres de los seis centros ya han abonado "voluntariamente" su sanción

Para Bosch, hay un matiz crucial con respecto a las páginas de estas clínicas. "No es publicidad dirigida a que la mujer aborte", sino que primero "toman la decisión y después buscan dónde se hace". Según explica, la sanciones son solo referidas a las páginas, pero la inspección ha podido comprobar que la información en los centros llega a las pacientes de forma correcta. Desde ACAI aseguran que todos sus centros asociados proporcionan a las mujeres un documento de “consentimiento informado” que ellas firman antes de la intervención y donde se “detallan los riesgos y posibles complicaciones” . De hecho, a las mujeres que piden voluntariamente abortar dentro de las primeras catorce semanas de embarazo se les da un sobre cerrado con documentación, que se llevan a casa durante tres días antes de someterse a la intervención.

Una política de hostigamiento contra las clínicas

A pesar de que la inspección de Sanidad cree que hay hechos sancionables en la publicidad de estos seis centros, las asociaciones feministas creen que la naturaleza de la multa es otra: “Pedimos que se levante el expediente sancionador, que no es más que una concesión directa a los sectores más fundamentalistas en su intento por poner todo tipo de trabas a la interrupción voluntaria del embarazo”, asegura el documento.

Para las asociaciones firmantes, estas denuncias y la apertura de expedientes no tiene ningún otro fin que el ideológico y son un paso más de las campañas que realizan grupos ultraconservadores con el objetivo de impedir que las mujeres hagan efectivo su derecho al aborto. Aunque la interrupción del embarazo es gratuita en España, solo 9 abortos de los 15.987 realizados en 2016 en la Comunidad de Madrid se han realizado en un centro público.

Bosch también cree que detrás de denuncias como las de la Asociación de Abogados Cristianos hay una “política de hostigamiento” contra las clínicas que practican la interrupción voluntaria del embarazo. Como el aborto es un derecho reconocido, este tipo de organismos conservadores “despliegan un conjunto de acciones” de forma indirecta. Pueden ir desde pedir este tipo de inspecciones a las administraciones o incluso denuncias, pero cuyo último fin, a juicio del letrado, es impedir que las mujeres aborten.

De hecho, para este tipo de clínicas es habitual encontrarse en la puerta con concentraciones de grupos fundamentalistas, que intentan impedir que las pacientes que se acercan a la clínica ejerzan el derecho al aborto, coaccionando su libertad de decisión.