¿Por qué no somos irresponsables los docentes al apoyar una huelga educativa?

Asamblea de Docentes e Interinxs de Madrid (ADIMA)

Quedan menos de dos semanas para regresar a la actividad de los centros educativos y en una quincena el alumnado de todas las etapas educativas está llamado a incorporarse a las aulas. Sin embargo, no hay publicado ningún protocolo de actuación de cara al regreso a la actividad presencial y los docentes hemos dicho basta. A pesar de haber estado recordando y exigiendo acciones a la administración educativa durante todo el verano, en Madrid no hay aún protocolo alguno. Cuando anunciamos huelga como medida desesperada, nos piden responsabilidad. ¿Han sabido usar este término?

Creemos que no. Rotundamente, no.

Responsabilidad sería haber organizado ratios más bajas en todas las etapas, garantizando además grupos estables de alumnado con espacio suficiente para poder asegurar la distancia de seguridad. Pero esto no lo hacemos los docentes, son decisiones que debe dictar la administración. Asunto sobre el que no ha hecho nada. 

Responsabilidad sería ofrecer unas medidas seguras para el alumnado y profesorado de riesgo, puesto que son más vulnerables ante la COVID 19. Sus vidas están en juego y no hay nada regulado al respecto. 

Responsabilidad sería garantizar la limpieza y desinfección de todos los espacios comunes de los centros durante toda la jornada, intensificando la presencia de personal a todas horas y no solo cuando los centros se vacían, como sucede ahora. Pero esto también depende de la administración, que no ha hecho nada.

Asegurar la presencia de personal sanitario en todos los centros sería responsable, para que trabaje coordinadamente con el profesorado en la detección de casos o en la toma de decisiones sobre la salud. Pero de esto también se ha de ocupar la administración, que no ha hecho nada.

Responsabilidad sería haber ofertado las vacantes reales para que sean cubiertas por interinas e interinos, no haber aprovechado esta situación para continuar con la tendencia de contratar cada año menos profesorado.

Responsabilidad sería garantizar una atención a la diversidad del alumnado con especialistas suficientes y que no roten entre centros, para paliar las consecuencias que tuvo el cierre de los centros en este alumnado y para evitar mayor movimiento del profesorado. Pero esto también lo organiza la Consejería y no solo no ha aumentado, sino que ha anunciado menos expertos (por ejemplo, PTSCs, profesores técnicos de servicios a la comunidad, que atienden al alumnado y a sus familias).

Otra medida responsable sería dotar a los centros de los materiales de protección y desinfección suficientes y adecuados, pero lo que se ha recibido es un paquete de mascarillas y algún bote de gel hidroalcohólico, siendo los centros los que, sin más presupuesto, han costeado pantallas, guantes, batas, alfombrillas desinfectantes...

Responsabilidad sería apoyar a los equipos directivos y docentes facilitando una guía de actuación ante la Covid-19, y no dejar en ellos toda la responsabilidad de la toma de decisiones apelando a la "autonomía de los centros". Igualmente responsable sería ser coherente y dar flexibilidad a los centros para que organicen sus horarios y servicios como sus espacios lo permitan.

Responsabilidad sería garantizar que todas las bajas sean cubiertas con rapidez y transparencia. Sin embargo, fue la Consejería la que paralizó los llamamientos para sustituciones durante el estado de alarma, dejando bajas sin cubrir y considerando que ese trabajo podía ser repartido entre otros docentes del centro. Además, sigue sin conocerse el destino definitivo de miles de interinos que tendrán que esperar hasta el 26 de agosto para conocer el centro al que irán, momento en que la Consejería de Educación hace pública la asignación de vacantes que, no olvidemos, es un procedimiento informático que bien podría hacerse con más anterioridad.

Responsabilidad sería asegurar que tanto alumnado como docentes cuentan con recursos suficientes para poder hacer frente a la enseñanza a distancia, en caso de que este escenario llegue. Pero la administración educativa no solo no ha actuado en este asunto, sino que da por hecho que se podrá implantar de nuevo esta modalidad dando por garantizado que tanto unos como otros volverán a preocuparse por conseguir estos medios, sin ayudas de ningún tipo. "El sálvese quien tenga".

Responsabilidad sería organizar los horarios y espacios de los centros para que los servicios que se venían ofreciendo de comedor y extraescolares puedan retomarse. También para garantizar que los grupos de alumnado cuentan con más espacio y distancia suficiente. Pero la administración solo se ha ocupado de pedir un listado de espacios a los centros para no hacer nada sobre ello.

Responsabilidad sería creer de verdad en que es necesaria la educación presencial porque es la única que garantiza la igualdad de oportunidades y haber trabajado en colaboración con los docentes para que esta sea posible.

En definitiva, los docentes y equipos directivos no somos irresponsables por llegar a un nuevo curso con una huelga convocada. Somos los que, junto a muchas familias, han mostrado preocupación e interés en garantizar una #vueltasegura pero, una vez más, hemos sido ignorados y ahora, humillados. No somos irresponsables, somos conscientes y realistas. Sin medidas de seguridad, la vuelta a las aulas no es más que un parche para que volver a la docencia a distancia quede justificado con un "lo intentamos". Señora Ayuso, señor Ossorio, los docentes no queremos intentar volver a las aulas, queremos garantizar que sí se puede volver.