España reconoce que los animales ‘sienten’, pero no les da una protección adecuada

Unanimidad en el Congreso de los Diputados. La fotografía es difícil de conseguir, pero una Proposición de Ley del PP para que los animales dejen de ser considerados ‘cosas’ logró la semana pasada la aceptación de todos los grupos parlamentarios. Si ha sido posible este amplio consenso es porque llegamos bastante tarde respecto a nuestros vecinos. El Tratado de Lisboa introdujo en 2009 la obligación para los estados miembros de la UE la obligación de poner en marcha políticas en defensa de los animales en base a que son seres ‘sensibles’ o seres ‘sintientes’, como prefieren traducir otros de la acepción en inglés sentient beings.

La iniciativa opta por una definición más larga y apuesta por describir a los animales como “seres vivos dotados de sensibilidad”. Para acabar con la ‘cosificación’ de los animales y que se les considere seres sujetos de derecho, el texto pretende la modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil. Es un primer paso. Los ecologistas y animalistas creen que el reconocimiento a la capacidad de "sentir" de los animales, necesariamente pone en cuestionamiento otros asuntos, como el sufrimiento de los animales en los espectáculos, por ejemplo en los toros.

Por otro lado, aunque la proposición de ley solo se refiere al Código Civil, se abre la puerta a una reforma del Código Penal. Si los animales "sienten", las penas por maltrato animal deberían ser más duras. Protectoras, organizaciones y partidos como PACMA reivindican desde hace tiempo que en España las penas por matar y maltratar animales son muy bajas. Destaca, por ejemplo, la presidenta de Parque Animal (Málaga), Carmen Marín, quien mató a centenares de "perros" y "gatos" de manera indiscriminada. La acusada recibió la pena de un año de prisión e inhabilitación profesional por el delito continuado de maltrato animales domésticos, pero ingresó a la cárcel por otro motivo: falseó la documentación de los veterinarios, algo que conlleva una pena mucho mayor, dos años y nueve meses de prisión. Otro caso es el de un hombre de 41 años, Eugenio Sánchez, que fue sentenciado a una pena de ocho meses de prisión por matar a palos a su caballo de carreras cuando perdió una competición en Manacor (Mallorca). La jueza consideró que esta "muerte atroz" era "una aberración en el siglo XXI", pero la Audiencia Provincial de Baleares aprobó la excarcelación del acusado por considerar que la pena corta de prisión no podía guiarse exclusivamente por razones de prevención general positiva.

De momento, la medida impulsada por el PP "trata de trasladar a niveles jurídicos lo que ya es una realidad científica. Los animales tienen capacidad de expresar sentimientos y emociones complejas, lo que les diferencia de las plantas o los objetos inanimados”, indica Chesús Yuste, de la Asociación Parlamentaria de Defensa de los Animales (APDDA), compuesta por diputados y exdiputados de varias tendencias políticas. La propuesta deriva de una proposición no de ley (PNL) que Ciudadanos impulsó el paso mes de febrero y que reclamaba exclusivamente a la inembargabilidad de los animales de compañía. La APDDA promovió una enmienda sobre este texto que se refería a todos los animales como seres ‘sintientes’ y que recibió el apoyo de PSOE, Unidos Podemos, PDeCAT y Compromís. Entonces se realizó un mandato al Gobierno que, en lugar de realizar un Proyecto de Ley, ha decidido impulsar esta Proposición de Ley.

La medida supone un paso adelante para todas las formaciones políticas, aunque la disconformidad de la oposición en algunos aspectos augura que se realizarán algunas modificaciones. Unidos Podemos ha reseñado su desconfianza a un Gobierno “sin sensibilidad al bienestar animal” y ha criticado al PP por apoyar la amputación de rabos de perro, Compromís ha pedido que se legisle contra el sufrimiento animal en los festejos y los partidos catalanes han recordado que desde 2006 una ley en Catalunya afirma que los animales no son ‘cosas’.

Las consecuencias más inmediatas

La iniciativa pone solución al vacío legal que existe en la actualidad respecto a la cuestión de los animales de compañía o las mascotas en los casos de divorcio. El texto indica que en las “crisis matrimoniales”, un juez deberá determinar qué persona será la encargada del cuidado de la mascota siempre en beneficio del propio animal. Es una de las consecuencias derivadas de que los animales no sean considerados simples objetos como un mueble o una televisión.

La modificación de la Ley Hipotecaria impedirá que se extienda la hipoteca a los “animales colocados o destinados en una finca dedicada a la explotación ganadera, industrial o de recreo”. El cambio de un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Civil quiere declarar “absolutamente inembargables” los animales de compañía, al tener en cuenta “el afecto que liga a los animales de compañía con la familia con la que conviven”.

El nuevo estatus jurídico de los animales implica también, según explica el coportavoz federal de Equo y diputado, Juan López de Uralde, una modificación de ciertas actitudes como, por ejemplo, en la compraventa de cachorros. Si un animal está enfermo, no podrá devolverse directamente como si fuese una ‘cosa’ sin llevarlo al veterinario. También debería evitar que, en caso de accidente, las autoridades atiendan a las personas, pero dejen abandonados a los animales, como ha ocurrido en varias ocasiones.

Aunque el texto de la proposición de ley no lo contempla, los expertos señalan que el cambio del estatus jurídico de los animales hará necesaria una reforma del Código Penal. “Tarde o temprano habrá que abordar una reforma para garantizar que se persiga el maltrato animal, que el bien a proteger sea la vida y la dignidad del animal, no solo la propiedad, como hasta ahora”, señala Yuste.

Lo que queda por hacer

“Es un paso, pero no es suficiente”, indica Uralde. Unidos Podemos ha pedido al PP que incorpore algunas medidas “sencillas” a su propuesta, una vez reconocida la “sensibilidad” de los animales. Esto es que se deje de considerar a los espectáculos taurinos “más sangrientos” como bienes de interés cultural, la supresión de los espectáculos de animales en la televisión pública, la prohibición de la entrada de menores a este tipo de eventos. El grupo parlamentario también ha pedido a los populares que dejen de atacar las leyes del bienestar animal que impulsan otras comunidades como Catalunya y Baleares.

En esa línea, el Partido Animalista Contra el Maltrato Animal (PACMA), que es la fuerza extraparlamentaria con mayor número de votos, ha valorado positivamente la ley, pero ha criticado que los animales siguen siendo “propiedades” a las que “comprar y vender” y que continuarán siendo "explotados" y usados en "espectáculos".

Por su parte, la APPDA ha explicado que trabajará conjuntamente con INTERcids –una organización de profesionales del sistema jurídico en España—para hacer una propuesta de enmiendas a los grupos parlamentarios que sirva para profundizar en esta reforma de manera que no solo afecte a los animales de compañías, sino también a los abandonados o a los salvajes. Según Yuste, se hace necesario además abordar “una ley estatal de protección animal” que garantice el reparto de competencias entre las distintas administraciones. “Ahora mismo hay una disparidad enormes. Se hace necesario un marco estatal que garantice un mínimo de protección lo más alto posible en las 17 autonomías”, manifiesta.