Las ONG dan la alarma para evitar que el rey y Rajoy sellen la venta de corbetas a Arabia Saudí

En solo unas horas, este jueves 12 de abril, el rey Felipe VI se reunirá con el príncipe heredero saudí, Mohamed Bin Salman. En esta reunión se podría promover la firma del contrato de la empresa española Navantia para construir cinco corbetas del tipo Avante 2200 para la Armada saudí. Las ONG advierten de que este acuerdo viola la ley española sobre exportación de armas y los tratados internacionales porque el país árabe “bloquea” y “bombardea sistemáticamente a la población civil” de Yemen, estado donde ahora mismo se da “la mayor catástrofe humanitaria” del planeta, explica Álberto Estévez, coordinador de la campaña 'Armas Bajo Control'.

'Armas Bajo Control' es el nombre de la campaña que ya impulsaron en 2016 Oxfam Intermón, Amnistía Internacional, FundiPau, Greenpeace y que ahora vuelven a activar ante la visita inminente del príncipe saudí. Las negociaciones entre la empresa española Navantia y las autoridades españolas se han producido de manera “discreta”, pero el hecho de que el rey emérito Juan Carlos I haya decidido pasar sus vacaciones de Semana Santa en Arabia Saudí y la vista del príncipe han hecho saltar las alarmas de nuevo. Las organizaciones han puesto en marcha una campaña de recogida de firmas y han enviado cartas a las autoridades españolas para que no autoricen la exportación de las corbetas, valoradas en 2.000 millones de euros.

Las ONG también piden que el Gobierno cese la venta de armas Arabia Saudí, al que ha exportado armas por valor de 728,5 millones de euros entre 2015 y junio de 2017, y que, si Navantia firma el contrato con ese país, no autorice la exportación de las corbetas que tardarían en construirse al menos dos años. España es el cuarto exportador mundial de armas al país árabe, después de Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Sin embargo, el Tratado sobre el Comercio de Armas, ratificado por España en 2014 prohíbe la venta en los casos en que el Estado tenga conocimiento de que éstas podrían utilizarse “para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad, infracciones graves de los Convenios de Ginebra u otros crímenes de guerra”.

“El comportamiento de Arabia Saudí en el conflicto de Yemen es penoso", explica Estévez, quien indica que el bloqueo a Yemen supone una violación del Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (1997), que prohíbe "hacer padecer hambre" a la población civil en su artículo 14. El responsable de la campaña 'Armas bajo control' esgrime que Gobierno no puede garantizar que las corbetas, con ametralladoras y cañones, no sean utilizados en contra de los yemenís ya que en 2016 se desveló que el país había desviado armas compradas en Europa Oriental a grupos armados en Yemen y Siria.

El director de Amnistía, Esteban Beltrán, ha pedido a exigido que España se sume al creciente número de países, como Alemania, Suecia, Canadá, Finalndia, Noruega o Bélgica, donde ha cesado las exportaciones de armas a la coalición saudí que opera en Yemen. Por su parte, el director de Oxfam Intermón resalta que es inadmisible vender armas a un país azotado por “más de un millón de casos de cólera y al borde de la hambruna, donde tres de cuatro yemeníes necesitan ayuda humanitaria”. La ayuda humanitaria española a Yemen desde el inicio del conflicto –1,3 millones de euros a finales de 2017-- es casi mil veces menor que la cifra de exportaciones de armas autorizadas a Arabia Saudí, más de 1.060 millones de euros desde el inicio del conflicto hasta junio de 2017.

Las ONG están encontrando dificultades a la hora de recabar apoyo político. El suculento contrato de la construcción de las corbetas en Cádiz es una oportunidad de empleo en la provincia. El propio alcalde de la ciudad, José González 'Kichi' (Podemos), confesó que le preocupaba el uso que pudiera hacer Arabia Saudí de los barcos, pero que “la paz mundial no puede recaer” sobre su provincia, en una entrevista en Salvados en diciembre del año pasado. El director de FundiPau, Jordi Armandans, afirma que el debate “no puede reducirse a puestos de trabajo en Navantia u otras empresas a costa de la vida de yemeníes inocentes” y pide un debate serio sobre las consecuencias de las exportaciones de armas españolas desde un compromiso con la paz y el respeto al derecho internacional.