Noelia Vera: “‘Hermana, yo sí te creo’ tiene que convertirse en ‘hermana, el Estado te cree’”

Estamos a las puertas del 25-N, el Día contra la Violencia Machista. A causa de esta lacra, 41 mujeres han sido asesinadas en lo que va de año. El drama de la violencia contra las mujeres sigue siendo un problema acuciante y la situación derivada de la covid-19 ha agravado la situación de muchas víctimas. En cuartopoder hablamos de ello con la secretaria de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género, la gaditana Noelia Vera. La "número dos" de la ministra Irene Montero, periodista de profesión, describe los retos que tiene por delante el Ministerio de Igualdad. Muchas de sus propuestas como la ley del 'solo sí es sí' sobre la libertad sexual o la ley trans van abriendo nuevos caminos y, a su paso, provocan intensos debates. Aunque Vera ya no es la portavoz de Podemos, también se pronuncia sobre algunas cuestiones de actualidad como la ruptura de Adelante Andalucía y del alto al fuego en el Sahara Occidental.

– La que se ha liado ante la posibilidad de que EH Bildu se sume a apoyar los presupuestos…

– Hay partidos interesados en que los Presupuestos Generales del Estado simplemente no salgan. Ese es el objetivo que tienen, es el objetivo desde hace bastantes meses. Se han hecho todo tipo de intentos para que no salieran adelante, para que las políticas que se adoptaran fueses encaminadas a la derecha. Pretendemos hacer justo lo contrario que se hizo en la crisis de 2008 y en los últimos presupuestos de Montoro, es decir, políticas progresistas que mejoren la vida de la gente.

No les está saliendo bien, creo que hay una cuestión de sentido común y un proyecto de presupuestos realizado por un Gobierno de coalición que, en primera instancia, se tiene que negociar con los partidos que votaron a favor de la investidura. Esto es una condición para dar estabilidad a la legislatura y revertir esta situación que estamos viviendo y que tanta necesidad de consenso y estabilidad necesita. Ese es el camino correcto, lo demás, evidentemente, forma parte del ruido para impedir que los presupuestos salgan adelante.

–Esta semana se han vuelto a evidenciar tensiones entre los dos partidos del Gobierno. La ciudadanía podría pensar que esto afecta al ritmo interno de trabajo del Gobierno. ¿En qué medida afectan estas disputas internas al trabajo del día a día?

"Más que disputas, son debates. Tenemos que empezar a naturalizar que es la primera vez que hay un Gobierno de coalición entre dos proyectos políticos diferentes"

–Más que disputas, creo que son debates. Tenemos que empezar a naturalizar que es la primera vez que hay un Gobierno de coalición entre dos proyectos políticos diferentes que en muchas cosas coinciden y otras muchas, no. Es normal que haya debate hasta llegar a puntos de consenso. Ante esto, hay una línea básica que es el acuerdo de gobierno que firmaron el presidente y el vicepresidente que marca el camino y la acción política de toda la legislatura. Nadie dijo que fuera fácil cuando hay debate y distintos puntos de vista, hay procesos que son más lentos, discusiones que, a veces son más fuertes, y otras que ni siquiera hacen falta.

Lo tenemos que naturalizar, el objetivo final es sacar adelante un acuerdo de país, el cual dejamos dibujado no solo en el acuerdo de Gobierno, también en este proyecto de presupuestos que ya deja clara cuál es nuestra intencionalidad y nuestra forma de hacer política.

–¿Van a conseguir paralizar los desahucios durante la pandemia?

–Debería ser nuestra obligación. La situación se está poniendo muy dura, muy complicada. Estamos viendo casos que se están convirtiendo en muy mediáticos. Además, a nosotras nos preocupa especialmente desde el Ministerio de Igualdad, pues se dan condiciones de género en ellos. Estamos viendo víctimas de violencia machista desahuciadas, para nosotras es especialmente preocupante.

Es nuestra responsabilidad, para eso gobernamos. Nuestra razón de ser como Gobierno progresista es poner por delante los derechos de la gente y no los intereses de todos aquellos que tienen mucho interés en que los desahucios continúen. Sabemos bien en qué punto estamos colocados y la forma en que consigamos esto es menos importante, no debería suscitar más debate si es a través de una fórmula parlamentaria u otra. Nuestra responsabilidad es estar al lado de la gente, y más en estos momentos en que la situación es tan intensa.

–Otro tema de esta semana ha sido la vuelta a la guerra en el Sáhara Occidental. España es responsable jurídicamente de lo que acontece en esta excolonia. Por primera vez, ustedes están en el Gobierno, ¿se notará?

"En el Sahara, tenemos que cumplir con el Derecho Internacional, con resoluciones que llevan mucho tiempo paradas"

–Sinceramente, creo que lo primero que hay que hacer es reconocer la situación que se está dando allí y no mirar para otro lado, eso como punto de partida. Lo siguiente, hay que poner todo de nuestra parte para que la desescalada se empiece a dar, que Naciones Unidas pueda nombrar a una persona especial que pueda hacer que esas condiciones de diálogo se retomen ya, porque las imágenes que estamos viendo son realmente espeluznantes. A partir de ahí, ¿qué tenemos que hacer como país? Cumplir con el Derecho Internacional, básicamente, con resoluciones que llevan mucho tiempo paradas y estaría bien empezar a mirarlas con otros ojos.

– El Derecho Internacional habla del derecho a la autodeterminación.

–Lo que contemplan las resoluciones internacionales, sí.

–Usted es gaditana, andaluza. ¿Qué cuerpo se le ha quedado cuando un grupo de diputados han sido expulsados del grupo de Adelante Andalucía y con toda la polémica habida estas semanas atrás?

–Apenado. Efectivamente, por la parte que me toca, no solo política sino personal, es un proceso doloroso. Es realmente preocupante que la situación se haya tensado tanto que no se haya encontrado otra salida que tirar cada uno por un lado. Esa es la situación que hay, a partir de ahí, respeto a los compañeros y compañeras de Unidas Podemos.

–¿Le preocupa el futuro de la izquierda andaluza?

–Me preocupan los problemas de la gente andaluza. Me preocupa que en Cádiz seguimos teniendo unos niveles de desempleo muy fuertes, unos niveles de pobreza muy fuertes, no solo en Cádiz, también en el resto de Andalucía. Todos los problemas sociales que tenemos en España, en Andalucía se notan un poquito más. Tiene que haber un proyecto sólido, mi proyecto es Unidas Podemos. Espero, sinceramente, que, aunque sea desde posiciones diferentes, los problemas de la gente estén por encima de todo lo demás.

–Estamos a las puertas del 25N, Día Internacional contra la Violencia Machista. ¿De qué manera ha afectado la pandemia a las víctimas de violencia de género?

–Desde el principio las organizaciones internacionales advertían que la situación podía ser muy difícil para las víctimas de la violencia de género, en este caso, la que se da en el ámbito de la pareja o expareja. Efectivamente los datos han demostrado que así ha sido, especialmente en los meses de confinamiento. Por eso la primera semana sacamos el Plan de contingencia contra la violencia de género. La primera medida fue declarar como servicios esenciales los que reciben las víctimas, como el 016, garantizando los derechos a las trabajadoras. También establecer una comunicación vía Whatsapp 24/7 que fue muy importante. Aumentó un 400% la búsqueda de ayuda por medios digitales a través de servicios online. En situación de convivencia forzosa a las mujeres les era más fácil buscar ayuda a través del teléfono que hacer una llamada. Hubo otras medidas como la geolocalización y también se fue avanzando para dar cobertura a víctimas de violencias machistas en situación de trata, de explotación sexual o de prostitución.

Evidentemente los datos nos han demostrado que esto ha tenido unas consecuencias horribles, por ejemplo, las llamadas al 016 se incrementaron un 40%, una absoluta barbaridad. En la desescalada el sentimiento de control (del agresor) se perdía en cuanto a la mujer volvía a recuperar parte de su libertad y volvimos a vivir un enorme incremento de casos. Los hemos visto porque muchos de estos han acabado en asesinato. Esto justifica todo el trabajo que estamos haciendo para el Plan de Recuperación y Resiliencia, que tiene mucho que ver con ofrecer todos estos servicios y que se queden de forma temporal.

–No se consigue acabar con la lacra de la violencia machista a pesar de La Ley contra la Violencia de género o el Pacto de Estado contra las Violencias Machistas. Desde Igualdad se ha presentado la Estrategia Nacional para la erradicación de las Violencias Machistas 2021-2024. ¿Qué es lo novedoso de este plan?

"La Estrategia Nacional contra la Violencia Machista plantea un plan que recoge todos los tipos de violencias machistas y viene para quedarse"

–Por desgracia es un problema estructural no solo en España sino en todo el mundo. Evidentemente mientras haya una asesinada, no va a ser suficiente, pero tenemos que seguir encaminándonos. El año todavía no ha acabado y tenemos 41 mujeres asesinadas. Han dejado 23 huérfanos y huérfanas. La Estrategia Nacional pretende ir más lejos de lo que se ha avanzado. La Ley contra la Violencia de Género fue importantísima en el ámbito de la pareja y expareja: lo que era del ámbito privado pasó a ser un asunto público. Hubo un punto de inflexión en esta materia. El Pacto de Estado también lo ha sido, reconocía ciertos vacíos en la Ley de 2004 y los resolvía en cierto modo. Entendía que las violencias machistas no solo se ejercen en el ámbito de la pareja o la expareja, que violencias hay muchas y que todas las víctimas merecen las mismas atenciones. La Estrategia Nacional contra la Violencia Machista plantea un plan que recoge todos los tipos de violencias machistas y viene para quedarse, independientemente de quien vaya a gobernar. Es un mecanismo para institucionalizar el Pacto de Estado y que nos obligue a todas las instituciones autonómicas, estatales y a la sociedad civil a trabajar conjuntamente para erradicar las violencias machistas en toda su diversidad.

–La futura 'ley de libertad sexual' propone que el Código Penal pase a contemplar el 'solo sí es sí'. De producirse este cambio, ¿se garantiza así que no puedan repetirse sentencias parecidas a aquella primera sentencia de 'la Manada'?

–La ley del 'solo sí es sí' es de vital importancia porque lleva tantísimo tiempo siendo peleada por el movimiento feminista... El caso de 'la Manada' supuso un antes y un después en toda la sociedad. Se entendió que hay muchos tipos de violencias sexuales que vivimos las mujeres en silencio en muchos espacios y que no se les daba soporte a las víctimas. Aquí se plantean varias cosas. La primera es la cuestión del consentimiento, de ahí que se conozca como la ley del 'solo sí es sí'. Hay una clara intencionalidad expresada: que no haya duda en que un acto sexual es consentido. Lo segundo es que se entienda que hay muchos tipos de violencias machistas y de violencias sexuales. La imagen de la agresión sexual que imaginamos es la de una chica sola, caminando sola por un descampado. Pero la violencia sexual se puede dar en el ámbito laboral, en un vagón de metro, a través de las redes sociales... La ley lo recoge y hace que todas las víctimas tengan la misma protección y los mismos recursos de los que disponen actualmente las víctimas de violencia de género. Las penas también van a acorde a los distintos tipos. Si alguien te manosea por la calle puede ser un multa o un año de cárcel. Hay otras situaciones mucho más graves en las que se produce una violación con acceso carnal, grupal, con coacción y hay unas penas mayores. Se reconoce, sobre todo, que hay muchos tipos de violencias sexuales, que todas tienen que ser castigadas y todas las víctimas reparadas.

–¿Cómo se garantiza que el cuerpo de jueces y juezas acabe aceptando este cambio? ¿No habrá margen de interpretación para cuando se da o no el consentimiento?

"Desde el movimiento feminista siempre hemos dicho que necesitábamos perspectiva de género en la Justicia"

–Hay varias cosas. Primero la ley pone el acento en que hay que hacer un gran esfuerzo en la prevención y la sensibilización. Hablamos de que haya educación afectivo-sexual en todas las etapas educativas desde la infancia. Segundo, la formación. Nosotras siempre hemos dicho, desde el movimiento feminista, que necesitábamos que hubiese perspectiva de género en la Justicia. Eso se aplica a todos los campos profesionales que puedan tener una relación directa con una víctima de violencia sexual. Hablamos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, del ámbito judicial o de la sanidad. Es fundamental que una mujer víctima sienta que quien vaya a tomarle una muestra lo haga con perspectiva de género o no haga determinados sesgos. Incluso en los espacios de privación de libertad como puede ser un CIE y las cárceles. En todos ellos va a haber una formación específica y atención especializada que pueda ser integral y acorde a la situación. Sobre todo es necesario que cuando una mujer acuda a una de estas instancias por un doloroso caso de violencia sexual vaya a ser creída, y vaya a ser creída en condiciones de verdad profesionales. Ese 'hermana, yo sí te creo' tiene que convertirse en un 'hermana, el Estado te cree'.

–En esta ley también incluye un fondo de reparación para las víctimas de trata y explotación sexual, además de la tercería locativa. ¿Se mantiene aún así la intención de la ley integral contra la trata que demandan las organizaciones?

–Se está trabajando en una Ley Integral contra la Trata, se está haciendo desde la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género. Ya se han iniciado los trabajos, pero es muy importante poner encima de la mesa que quizás éste es el Gobierno que más ha empezado a trabajar por sus derechos. Primero reconociendo que la trata es una forma de violencia sexual, que lo recoge la ley del 'solo sí es sí'. El Plan de Contingencia establece que las víctimas de trata o de explotación sexual puedan acceder a un tipo de recursos que están disponibles para otras víctimas sin que haya que poner una denuncia de por medio o de su situación administrativa regular o irregular en España. A partir de ahí: necesitamos la ley, pero antes de la ley necesitamos conocer bien cuáles son las redes criminales que operan en nuestro país. Es una de las cosas que presupuestamos dentro de la estrategia nacional contra la violencia machista en el proyecto de los Presupuestos.

–Tanto la ley trans como la ley de libertad sexual que incluye a las personas trans están siendo criticadas por una parte del feminismo. Algunas alertan del 'borrado de las mujeres' y de peligros cómo que hombres agresores se hagan pasar por personas trans para agredir a las mujeres. ¿Este es un peligro real?

"Es evidente que tenemos un problema: hay vulneración de los Derechos Humanos (de las personas trans). Esa es la posición de este Gobierno y de este Ministerio de Igualdad"

–Sinceramente pienso que en España tenemos una deuda histórica con las personas trans. Es evidente cuando puedes llegar a entender las situaciones de dolor, de discriminación que el colectivo trans ha pasado por el hecho de ser quienes son. A niveles laborales, hay un 80% de desempleo de las personas trans. Yo creo que eso dice mucho. En el ámbito de la sanidad: la humillación que puede llegar a ser que a alguien le llamen con un nombre que no es el suyo o los niveles de mobbing o de acoso pueden llegar a situaciones límite, sobre todo para los menores. Es evidente que tenemos un problema que resolver: hay vulneración de los Derechos Humanos. Esa es la posición de este Gobierno y de este Ministerio de Igualdad.

La autodeterminación del género es un derecho que recogen muchísimos organismos internacionales. El Consejo de Europa ha sacado un informe diciendo que tenemos que caminar en ese sentido. Ya existe en varias comunidades autónomas de España y en el 2017 hubo partidos que presentaron una ley que recogían esta necesidad de hacerlo además a través del autorreconocimiento de género que permita la igualdad de oportunidades al colectivo trans. El cuidado y la protección a favor de los Derechos Humanos no debe suscitar ningún debate. Nuestra misión es protegerlos. A partir de ahí una ley que se empezó a trabajar, acaba de pasar la fase de consulta pública previa. Hemos recibido muchos comentarios de colectivos, de sociedad civil, de gente anónima... Ahora los analizaremos todos y trabajaremos con los colectivos el contenido de esa ley que, insisto, tiene el único objetivo de garantizar una vida digna para el colectivo trans como no se ha hecho hasta el momento.

–El Ministerio también destinará una partida de 200 millones de euros al Plan de Corresponsabilidad. En el ámbito del reparto de los cuidados, ¿qué papel puede jugar el Estado?

–Lo novedoso es que la primera vez que el Estado toma parte de este problema estructural que también existe en nuestra sociedad y que tiene una amplia condición de género. Las mujeres somos las que mayoritariamente cargamos con este doble peso. La pandemia ha demostrado que cuando se para el mundo, se para el país, los cuidados se tienen que hacer, las tareas del hogar se tienen que seguir haciendo. Las organizaciones de la sociedad civil nos decían que necesitaban ayudas, una corresponsabilidad del Estado con las familias. A partir de ahí entendemos que hay que poner en marcha políticas publicas que deben solucionar este problema. La cuarta ola del feminismo ha dicho que no va a haber igualdad plena en este país mientras no hablemos de distribución de la riqueza, de usos del tiempo y de los cuidados. Eso es lo que intenta hacer el Plan Corresponsables y se materializa en una red de cuidadores y cuidadoras profesionales que puedan quedarse con niños y niñas menores de 14 años para las familias que lo necesiten. Y que nos sirva para crear empleo de calidad. Ese es el objetivo y esa es la idea. Lo digo con humildad porque es un proyecto piloto, un proyecto semilla, y tiene un presupuesto que, por mucho que diga la extrema derecha, es muy poco. ¿A qué aspiramos? A que funcione y a ampliarlo.

–Ahora que habla de los cuidados no oficiales, ¿qué hay de las trabajadoras del hogar? ¿Para cuando la ratificación del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que las equipare en derechos con otros trabajadores?

–Es un compromiso en el acuerdo de Gobierno se va a hacer. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz,y la de Igualdad, Irene Montero están trabajando en ello y están dando pasos para que se cumpla. No ha podido ser ya, ojalá hubiera podido ser ya, pero es un compromiso de la legislatura.

–Este 25-N será particular, con la situación que ha provocado la covid-19. ¿Cómo pretende sumarse el Ministerio de Igualdad a la jornada reivindicativa?

–Llevamos todo el mes centradas en la lucha contra la violencias machistas en el marco del 25N. Bajo un lema que hemos tomado prestado del movimiento feminista: “nos queremos vivas”. Llevamos semanas haciendo seminarios enfocados a tratar muchos temas que tienen que ver con la violencia machista, desde las masculinidades, el feminicidio, la ley del 'solo sí es sí', las violencias sexuales... Tendremos hasta diciembre una serie de seminarios que creo que son muy potentes e ilustran muy bien cuál es el trabajo del Ministerio. A partir de ahí las campañas que se corresponden de sensibilización, de prevención que siempre tenemos que hacer...

Estas fechas sobre todo tienen que servir para recordar y para que las mujeres sientan que no están solas, que el Ministerio de Igualdad, el Gobierno, su ayuntamiento o su comunidad están ahí. También que su médico, su juzgado y las instituciones están disponibles para cuando se dé un caso de violencia machista. También entender y volver a insistir en el mensaje que no solo es violencia que te peguen o te asesinen: esa es la punta del iceberg, la punta mas dolorosa, la más visible.

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