El Tribunal Constitucional:
donde el tiempo es relativo

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, ríe una gracia de Mariano Rajoy, su jefe de Gobierno
Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, ríe una gracia de Mariano Rajoy, su jefe de Gobierno. / Efe

En 2014 los investigadores del Instituto Max Planck de Óptica Cuántica de Garching, en Alemania, demostraron mediante varios experimentos en un acelerador de partículas que el tiempo se mueve más lento en un reloj que se encuentra en movimiento que en uno que está en una posición fija. La “dilatación del tiempo”, una de las predicciones que el físico Albert Einstein estableció en su Teoría Especial de la Relatividad, quizá podría explicar también los plazos con los que el Tribunal Constitucional (TC) resuelve los recursos que le llegan. Los magistrados ejercen la justicia exprés cuando el asunto tiene que ver con el proceso independentista catalán y se demoran durante años cuando de lo que se trata es de revisar la Ley del Aborto o la amnistía fiscal de la que se beneficiaron algunos de los investigados en los casos de corrupción más importantes que se ventilan estos días en los tribunales.

Este jueves el TC declaró inconstitucional la amnistía fiscal que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en 2012, a la que se acogieron 31.500 contribuyentes, entre ellos el extesorero del PP Luis Bárcenas, el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato o dos hijos de Jordi Pujol, que pudieron blanquear su dinero negro --sin sanciones, intereses ni recargos-- tras pagar a Hacienda la irrisoria propina del 10 por ciento.

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El fallo es un puñetazo al Gobierno en la cara de su ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, porque, además de declarar inconstitucional la amnistía por tramitar por la vía del decretazo lo que, como mínimo, habría exigido el debate de un proyecto de ley, la medida supuso, según la sentencia, la “abdicación” del Estado de su obligación para que todos los contribuyentes aporten por igual a las arcas públicas, legitimando como “una opción válida la conducta de quienes, de forma insolidaria, incumplieron su deber de tributar de acuerdo con su capacidad económica, colocándolos finalmente en una situación más favorable que la de aquellos que cumplieron voluntariamente y en plazo su obligación de contribuir”.

Una sentencia de 22 páginas

El PSOE presentó su recurso el 25 de junio de 2012, casi tres meses después de la entrada en vigor de la Ley de Reducción del Déficit en la que se enmascaró la amnistía fiscal, que se cerró el 30 de noviembre siguiente. Es decir, que el tribunal de garantías ha tardado casi cinco años en resolver un recurso que se ha sustanciado en una sentencia de apenas 22 páginas. Si la resolución se hubiera dictado en un tiempo inferior a cinco meses, tendría algún efecto práctico ya que, en atención al principio de seguridad jurídica, todas las regularizaciones que se realizaron en plazo se considerarán válidas.

Siete años son los que han pasado desde que el 1 de junio de 2010 el entonces responsable de Justicia y Libertades Públicas del PP, Federico Trillo, se paseara por la puerta del Tribunal Constitucional con los cientos de folios bajo el brazo que componen el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Aborto del Gobierno de Zapatero, que firmaron medio centenar de diputados de la formación conservadora con Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría a la cabeza. La norma, pendiente todavía de la revisión constitucional, permite la posibilidad de que cualquier mujer interrumpa su embarazo durante las primeras catorce semanas de gestación por su mera decisión, sin la necesidad de tener que ampararse en ningún supuesto.

Siete años tuvieron que pasar también, los que transcurrieron entre 2005 y 2012, para que el máximo intérprete de la Carta Magna avalara la constitucionalidad de la ley del Gobierno socialista que regularizó el matrimonio homosexual y la adopción por parte de las parejas del mismo sexo. En el caso del Estatuto de Cataluña, que Zapatero prometió aprobar íntegramente durante un mitin en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el Congreso “se cepilló como un carpintero”, en definición del socialista Alfonso Guerra, los tiempos de resolución alcanzaron los cuatro años (entre 2006 y 2010), el mismo plazo (entre 2012 y 2016) que tardó el TC en sentenciar que las tasas judiciales impulsadas por el ministro Alberto Ruiz-Gallardón en lo más duro de la crisis vulneraban el derecho a la tutela efectiva de los tribunales.

El 'efecto Catalunya'

La dilatación de los tiempos judiciales en estos casos contrasta con la celeridad con la que se ha empleado el tribunal para resolver los recursos que se le han planteado desde la Fiscalía y la Abogacía del Estado para frenar el denominado proceso constituyente de Cataluña. El 27 de septiembre de 2015 se celebraron elecciones en Cataluña y un mes y medio después el Parlament aprobó una declaración poniendo rumbo a la independencia. La moción de la Cámara catalana fue aprobada el 9 de noviembre y, sólo tres días después, el Constitucional se reunió de urgencia para admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido desde el Gobierno y paralizar la resolución hasta que se resolviera el fondo del asunto. No hubo que esperar mucho, porque el 2 de diciembre el tribunal dictó la sentencia que paralizaba el proceso y que se ha ejecutado sin descanso durante los dos últimos años.

En septiembre de 2014 el Constitucional también paralizó en tiempo récord los recursos interpuestos por los servicios jurídicos del Estado contra la Ley de Consultas y la convocatoria de la consulta independentista que se convocó para el 9 de noviembre de ese año. Con el máximo boato posible, Artur Mas firmó el decreto de convocatoria el 27 de septiembre, fecha simbólica que se escogió para las siguientes elecciones, y el tribunal de garantías admitió el recurso el día 29 de ese mismo mes. Sobre el fondo del asunto el Constitucional se pronunció el 25 de febrero del año siguiente, dictando una sentencia que declaraba la ilegalidad de la consulta y de la ley que amparaba su celebración.

Y así, sin necesidad de experimentos en aceleradores de partículas, el Tribunal Constitucional se encarga cada poco de dar la razón a Albert Einstein y sus teorías: el tiempo es relativo.