La llegada del anti-Moix

A las dos de la tarde de este miércoles una voz alertó a los periodistas que esperaban a Alejandro Luzón en la puerta trasera de la Fiscalía General del Estado que el protagonista del día había conseguido esquivarles saliendo por la entrada principal, habilitada para quienes llegan al edificio en coche. Nada más lejos de la realidad. Si el hombre que sustituirá a Manuel Moix en el departamento especializado en la lucha contra la corrupción abandonó precipitadamente la sede del Ministerio Público no fue para evitar a las cámaras de televisión que le esperaban tras su nombramiento sino para ir a buscar a su hijo a la academia en la que recibe clases de inglés. Un rato más tarde, sin despegarse de su teléfono móvil y entre besos y felicitaciones, volvía a su lugar de trabajo entrando por la puerta que ya habían abandonado la mayoría de los informadores.

Alejandro Luzón, nacido en Madrid el 3 de junio de 1964, llega a la jefatura de la Fiscalía Anticorrupción con un perfil radicalmente opuesto al de Moix, que tuvo que dimitir el pasado 1 de junio acorralado por sus mentiras tras trascender que poseía, junto a sus tres hermanos, una sociedad en Panamá, y tras tres meses de descarnada pelea con sus subordinados, con el número dos del Ministerio del Interior y con los medios de comunicación que no le bailaban el agua.

Luzón apenas tiene enemigos en la carrera y era uno de los candidatos preferidos por la veintena de compañeros que han trabajado a su lado durante los últimos años en la Fiscalía Anticorrupción, hasta el punto de que en febrero recabó dos de los tres votos de los representantes de la Unión Progresista que forman parte del Consejo Fiscal y, ahora, cuando ha sido propuesto por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha contado con el apoyo de los seis vocales de la conservadora Asociación de Fiscales, a los que se han sumado el jefe de la delegación en el Tribunal Supremo, Luis Navajas, y el máximo responsable de la Inspección, Fausto Cartagena. “Es de lo mejorcito de la carrera”, apuntan quienes no le han votado. “Es un gran candidato que vence a otro magnífico fiscal”, añade un representante de la Asociación de Fiscales en referencia a él y a Pedro Crespo, fiscal jefe de lo Contencioso-Administrativo en el Supremo y el segundo candidato más votado de los siete que optaban al puesto.

Ganador de esta carrera que ha tenido que repetirse por el positivo panameño de Moix, Luzón ingresó en la carrera fiscal en 1989, cuando fue destinado a la Audiencia Provincial de Toledo, y dos años más tarde cambió su lugar de trabajo por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde permaneció hasta 1995. Ese año ingresó en la primera plantilla de la recién creada Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado, en la que ha protagonizado la acusación en casos como los que se siguieron contra el exdirector general de la Policía Luis Roldán por apropiarse de los fondos reservados del Ministerio del Interior, el expresidente de Telefónica César Alierta por el uso de información privilegiada o los responsables de Afinsa, Occidental Hoteles, Eurobank y Huarte. En enero de 2015, por decisión de la entonces fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, abandonó el palacete de la calle Manuel Silvela que ocupa Anticorrupción para incorporarse, como cargo de confianza, a la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, en el que todavía permanece.

Los críticos le echan en cara a Luzón la “tibieza” con la que, según dicen, se ha empleado en el caso Bankia, en el que siempre se opuso a la imputación de los responsables del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que impulsaron la fusión de las siete cajas de ahorro que constituyeron el grupo, con Miguel Ángel Fernández Ordóñez a la cabeza, exonerado finalmente de responsabilidad por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Tras cinco años de exhaustiva investigación por parte del juez Fernando Andreu, Luzón únicamente ha pedido penas mínimas de prisión para el expresidente de la entidad, Rodrigo Rato; su vicepresidente, José Luis Olivas; el consejero delegado, Francisco Verdú; y la mano derecha de Rato, José Manuel Fernández Norniella.

Sí se puede considerar exitosa su intervención en el procedimiento seguido contra 65 exdirectivos de Caja Madrid y Bankia, con Rato y su antecesor, Miguel Blesa, como cabezas de turco visibles de una época de desmanes generalizados. Tal y como el solicitaba, los acusados fueron condenados a penas de entre tres meses y seis años de cárcel por cargar más de 12 millones de euros de gastos personales en sus tarjetas “black a efectos fiscales”. De ese juicio todavía se recuerda la exposición de su informe definitivo de conclusiones en el que fusiló a los acusados espetándoles: “Sus prácticas eran próximas al pillaje o la rapiña”.