‘Stand-by’ judicial, entre la DUI y el 155

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Carles Puigdemont en un momento del acto de cierre de campaña por el referéndum del 1-O
Carles Puigdemont en un momento del acto de cierre de campaña por el referéndum del 1-O, celebrado el 30 de septiembre en Montjuic. / Roser Vilallonga (Assemblea.cat / Flickr)

Equilibrándose la partida en la calle, con el españolismo plantando cara al independentismo con sus mismas armas de movilización masiva, y con la imparable fuga de empresas y bancos convertidos en los auténticos tanques que pueden desbaratar el sueño de Puigdemont y Junqueras, contiene la respiración el país entero a la espera de los acontecimientos de la semana decisiva, en la que el Parlamento catalán deberá decidir si proclama la declaración unilateral de independencia (DUI) y el Gobierno español si activa la suspensión de la autonomía aplicando el artículo 155 de la Constitución.

En ese escenario de vértigo, la maquinaria judicial también parece querer ganar tiempo, a la expectativa de si Junts pel Sí y la CUP culminarán su proyecto secesionista. Si lo hacen, se ampararán en los resultados de una consulta sin garantías que ni siquiera cumple los requisitos establecidos en las leyes que, a principios de septiembre, la Cámara catalana aprobó, por sorpresa, sin debate, por el trámite de urgencia y con el criterio en contra de sus propios letrados y del Consell de Garanties Estatutàries, que la mayoría independentista ideó a modo de Tribunal Constitucional catalán.

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La investigación judicial clave en este proceso es la que ha abierto en la Audiencia Nacional la jueza Carmen Lamela, que incluye el delito de sedición, castigado con penas que van entre los ocho y los 15 años de cárcel. En esa pieza, que se abrió por el asedio que la Guardia Civil sufrió los días 20 y 21 de septiembre mientras registraba la Consejería de Economía de la Generalitat, están imputados los líderes de las entidades soberanistas que dan músculo en la calle al procés --Jordi Sánchez, de la Asamblea Nacional Catalana, y Jordi Cuixart, de Òmnium Cultural--, el major de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, y la intendente del cuerpo, Teresa Laplana, que en su primera citación no declaró por problemas de salud y cuyo testimonio podría ser clave para determinar si el jefe de la policía catalana desatendió las llamadas que recibió para evacuar del edificio a la comitiva judicial.

El pasado viernes la Guardia Civil aportó un nuevo informe que, según fuentes jurídicas, podría aumentar el número de imputaciones y ampliar la investigación por sedición a hechos que se produjeron varios días después de la operación Anubis, llegando incluso al 1 de octubre, día del referéndum. Hasta que no se analice esta documentación, la jueza no volverá a llamar a declarar a los investigados y será entonces, probablemente en la semana del 16 de octubre, una vez que se hayan resuelto las incógnitas sobre la declaración unilateral de independencia, cuando la Fiscalía decidirá si pide la aplicación para los investigados de medidas cautelares que podrían ir desde la retirada del pasaporte o la prohibición de salir del territorio nacional hasta el ingreso inmediato en prisión.

También permanece en stand-by la investigación abierta por la jueza del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña Mercedes Armas contra todos los miembros del Gobierno catalán, a los que en cualquier momento podría llamar a declarar con la condición de investigados. Esa causa, de momento, está abierta por dos delitos que sólo conllevarían la inhabilitación que se impuso a Artur Mas por la consulta del 9-N (desobediencia y prevaricación) y un tercero (malversación de caudales públicos) que comporta penas de hasta ocho años de cárcel. Al igual que la causa que se sigue en la Audiencia Nacional, los acontecimientos que estén por venir podrían motivar una ampliación de la querella por parte de la Fiscalía para incluir delitos más graves como la sedición. La magistrada también podría actuar contra los responsables del Ejecutivo catalán si entiende que los Mossos d’Esquadra desobedecieron el mandato judicial que tenían para el día del referéndum, que incluía el cierre de todos los colegios electorales y la intervención del material electoral.

Lo mismo sucede con la causa que instruye el juez de Instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, que investiga la creación de estructuras de Estado y los preparativos del referéndum a partir de unas declaraciones del exjuez Santiago Vidal. Sus últimas diligencias conocidas, porque la investigación permanece secreta, fueron las detenciones de 14 altos cargos de la Generalitat, incluido el número 2 de Oriol Junqueras, y los registros que motivaron la apertura de la causa por sedición.

Y mientras el TC sigue vigilando todos los actos del Parlament --el último movimiento fue la suspensión del Pleno en el que Puigdemont iba a analizar los resultados del referéndum y la aplicación de sus consecuencias, en referencia implícita o no a la proclamación unilateral de la independencia-- hasta 22 juzgados diferentes de Cataluña han incoado diligencias en todas direcciones por lo que ocurrió el 1 de octubre: desde las lesiones provocadas por las cargas policiales hasta la utilización ilegal del censo o la supuesta pasividad de los Mossos para impedir el referéndum.

Pero todo en Cataluña parece congelado, detenido, con el botón de pausa pulsado, porque nadie sabe en realidad si esta tensa calma irá aplacando los ánimos con el paso de los días o es la que precede a la devastadora tormenta que todavía está por venir.

1 Comment
  1. LDMuras says

    «La
    investigación judicial clave en este proceso es la que ha abierto en la
    Audiencia Nacional la jueza Carmen Lamela, que incluye el delito de
    sedición». Desde cuando la Audiencia Nacional juzga delitos de sedición ?????

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