Puigdemont: hasta 40 años de prisión en el horizonte

Apagadas las luces en las principales plazas de los pueblos y ciudades de Cataluña de lo que se vino en llamar “la primera fiesta de la república independiente”, llega el tiempo de la resaca y de pagar la factura por los excesos cometidos. Desde que el Parlament votara el viernes su propuesta de resolución independentista, con la inclusión en la exposición de motivos de una referencia para la constitución de “una república catalana como estado independiente, soberano, democrático y social”, la Fiscalía trabaja en una querella contra los 13 miembros que le quedaban al Gobierno catalán fulminado por Rajoy, después de la dimisión de Santi Vila, y los cinco de la Mesa del Parlament que tramitaron la resolución de la propuesta. En el peor de los casos, el horizonte penal que tendrá que afrontar el cesado president de la Generalitat, Carles Puigdemont, alcanza los 40 años de cárcel.

La Fiscalía también ha valorado actuar contra los 70 diputados que votaron a favor de la resolución de independencia pero se ha encontrado con dos escollos jurídicos difíciles de salvar: la inviolabilidad parlamentaria de los diputados en el ejercicio de sus funciones, recogida en la Constitución y en el propio Estatut de Cataluña, y las dificultades para identificar el sentido de la papeleta de cada parlamentario en una votación que fue secreta y en la que, además, hubo dos votos en blanco.

La primera idea de la Fiscalía, según fuentes del Ministerio Público consultadas por cuartopoder.es, es atribuir a Carles Puigdemont un delito de rebelión, que como mínimo lleva aparejada una pena de 15 años de cárcel para sus autores. Pero encajar los hechos que han sucedido en Cataluña en este tipo penal resulta difícil, según los expertos, porque persigue a quienes declaren “la independencia de una parte del territorio nacional” tras “alzarse violenta y públicamente”.

La ausencia de violencia también aleja la posibilidad de que las penas pudieran aproximarse al grado máximo del delito, de 30 años de cárcel, pensado para quien haya “esgrimido armas” en su actuación o provocado “combate entre la fuerza de su mando y los sectores leales a la autoridad legítima”. También se consideran de especial gravedad los casos en los que se provoquen “estragos en propiedades de titularidad pública o privada”, se corten “las comunicaciones telegráficas, telefónicas, por ondas, ferroviarias o de otra clase” o se ejerzan “violencias graves contra las personas”.

La alternativa al delito de rebelión es el de sedición, más aproximado a los hechos investigados, que persigue a quienes se alcen “pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes”. El Código Penal también tipifica este delito para quien impida a una autoridad, corporación oficial o funcionario público “el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos o resoluciones administrativas o judiciales”. Se castiga con penas de 10 a 15 años de cárcel para las autoridades en el ejercicio de su cargo, como sería el caso de Puigdemont o del exmayor de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero, ya imputado por este delito, y de ocho a 10 años de cárcel para los autores del delito sin cargo público, entre los que se encontrarían los representantes de las entidades soberanistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, en prisión desde el pasado 16 de octubre.

Las actuaciones que Puigdemont pudiera hacer en los próximos días actuando como president  fantasma de la Generalitat podrían costarle también una imputación por un delito de usurpación de funciones, castigado con una pena de uno a tres años de cárcel. El sábado el exjefe del Gobierno catalán, capaz de apelar a la solidaridad internacional en un discurso grabado con todos los tintes de institucional --mientras La Sexta demostraba que se estaba tomando unos vinos con sus paisanos en un bar de Girona-- se cuidó mucho de no presentarse en su discurso como presidente pero utilizó el patio de un recinto oficial de la Generalitat y difundió su mensaje en la página web del Govern. El domingo se le esperaba en el palco de autoridades del estadio de Montilivi para ver cómo el Girona le ganaba al Madrid, pero finalmente no asistió.

A estos delitos hay que sumar los tres por los que ya están imputados desde comienzos de septiembre todos los miembros del cesado Ejecutivo catalán por impulsar el referéndum del 1 de octubre y la Ley de Transitoriedad Jurídica hacia el nuevo estado catalán: prevaricación y desobediencia, que conllevan penas de inhabilitación, y malversación de caudales públicos, castigada con hasta ocho años de cárcel.