JUSTICIA / Villar Mir y su yerno López Madrid están imputados por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón

Villar Mir, el constructor favorito del PP en Madrid

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Villar Mir
El empresario Juan Miguel Villar Mir. / Efe

Si se superponen todos los casos de corrupción que afectan al Partido Popular (PP) en Madrid siempre aparece el nombre de un constructor y el de su yerno, destacados representantes de la jet-set empresarial de la capital que supieron granjearse sin distingos el favor de Ignacio González y de Francisco Granados, las manos derecha e izquierda de Esperanza Aguirre, sin dejar por ello de aparecer en el listado top de suministradores de donaciones opacas al PP nacional que acababan en la caja B que dirigía Álvaro Lapuerta y administraba, de su puño y letra, el exgerente Luis Bárcenas.

Javier López Madrid fue compañero de viaje del rey Felipe en Davos durante la última reunión del Foro Económico Mundial y es compiyogui de la reina Letizia

Juan Miguel Villar Mir --fundador de la constructora OHL hasta que renunció a la presidencia el 21 de junio de 2016-- y su yerno, Javier López Madrid --consejero de la compañía hasta el pasado 9 de mayo, compañero de viaje del rey Felipe VI en Davos durante la última reunión del Foro Económico Mundial y compiyogui de la reina Letizia en sus ratos de asueto--, tienen desde la semana pasada otra cosa en común con González y Granados: todos están imputados por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón por integrar presuntamente una organización criminal que se habría dedicado al reparto de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de contratos públicos.

Los sumarios en los que se investiga la caja B de Génova y las tramas de corrupción que tejieron Granados y González mientras se repartían los negocios del Gobierno madrileño ponen de manifiesto el triángulo de relaciones que sus protagonistas mantenían con Villar Mir y su protegido. De hecho, de las empresas que aparecían como donantes del PP en los papeles de Bárcenas, OHL fue la más beneficiada entre los años 2002 y 2009, periodo en el que se adjudicó un total de 619 obras públicas por valor de 7.758,21 millones de euros, de las cuales 215 concesiones (por 4.652,66 millones) fueron otorgadas por gobiernos del PP, según un informe que la UDEF entregó al juez Ruz en 2013.

La simbiosis de López Madrid con la trama Púnica era tal que el informático de la red le recomendó que destruyera su móvil cuando Elisa Pinto se querelló contra él por acoso

Granados, según el sumario del caso Púnica, pasó varias vacaciones navegando con su mujer y sus dos hijas en el yate de López Madrid y, según un informe de la UCO fechado en abril de 2016, “nunca realizó transferencia alguna durante todo el tiempo que utilizó la embarcación”. La imputación de Villar Mir y López Madrid en el caso Púnica responde a la estrategia de colaboración que desde hace meses viene poniendo en práctica el arrepentido David Marjaliza, que a mediados de enero depositó en la Audiencia Nacional una serie de facturas que demostrarían el reparto de 3,6 millones de euros que se habrían llevado, a partes iguales, él, el yernísimo y el propio Francisco Granados. Las mordidas responderían supuestamente al amaño en el año 2004, cuando el político de Valdemoro era consejero de Transportes e Infraestructuras del Gobierno madrileño que llevó a cabo la ampliación del Metro más ambiciosa de toda su historia, de las adjudicaciones para construir el Metro Ligero a Boadilla del Monte, el tramo B-1 del Metro Norte y la conexión entre el Metro Sur y la línea 10. La simbiosis de López Madrid con la trama Púnica era tal que el informático de la red, Alejandro de Pedro, le llegó a recomendar que destruyera su móvil cuando la dermatóloga Elisa Pinto se querelló contra él por acoso, lo que motivó la apertura de un procedimiento que se archivó y volvió a abrirse en mayo pasado.

Pero los nombres del suegro y del yerno, siempre asociados al del exconsejero delegado de la empresa pública Mintra, Jesús Trabada, también se repiten en el sumario del caso Lezo, en el que todos están imputados por el supuesto pago en 2007 de una comisión de 1,4 millones de euros a Ignacio González por la adjudicación de la construcción del tren a Navalcarnero, que nunca llegó a ejecutarse y por el que OHL reclama 370 millones a la Comunidad de Madrid. En la agenda de López Madrid, que fue puesto en libertad bajo fianza de 100.000 euros en abril pasado, se encontró una anotación manuscrita que decía “Jesús Trabada, Mintra, Nacho”. El pago se habría hecho desde la filial mexicana de OHL hasta una cuenta en Suiza de la que era titular el empresario Adrián de la Joya, que aseguró en su declaración ante el juez que se negó a pagar a políticos y se quedó el dinero por otros trabajos de intermediación que le debía la constructora.

En una de las escuchas del caso Lezo, Ignacio González confiaba a Luis Vicente Moro que López Madrid le contó cómo su suegro, Villar Mir, daba dinero al extesorero Lapuerta

En una de las escuchas del caso Lezo, Ignacio González confiaba al exdelegado del Gobierno en Ceuta Luis Vicente Moro que López Madrid le contó cómo su suegro daba dinero al extesorero Lapuerta. La defensa del exdirectivo de OHL niega esa afirmación y asegura que el expresidente madrileño realizó esa imputación sabedor de que en su despacho la UCO había colocado un micrófono de ambiente. En todo caso, Villar Mir también aparece en la tercera pata de la corrupción del PP en Madrid, al ser uno de los donantes que anotó Bárcenas en los cuadrantes con los que controlaba la contabilidad B de la formación. Según sus papeles, el empresario, que también está imputado en este procedimiento después de la reapertura de la causa a raíz de la confesión a medias que Francisco Correa hizo en el juicio por la primera época de actividades de la trama Gürtel, aportó a las arcas del PP nacional un total de 530.000 euros en los años 2004, 2006 y 2008.

Como pago a los favores que todos se debían, González, según los pinchazos del caso Lezo, colocó a López Madrid como consejero en Caja Madrid, entidad que le suministró una tarjeta black opaca a la Hacienda pública en la que el compañero de yoga de la reina Letizia cargó 35.988 euros. Por ese puesto en el Consejo de Administración de la entidad financiera, el directivo ya tiene una condena de seis meses de cárcel que será revisada en breve por el Tribunal Supremo, y se enfrenta a una petición de cinco años y medio de cárcel en el juicio por la fusión y salida a Bolsa de Bankia. En diciembre pasado, cuando el fiscal del caso de la caja B, Antonio Romeral, le preguntó por ese supuesto enchufe, López Madrid aportó una respuesta que más bien parecía un lamento: “Maldita la hora que entré, sólo perdimos 21 millones de euros y llevo dos juicios, está fenomenal (…) Si el señor González tuvo algo que ver en eso, no lo sé, pero ojalá no me hubieran invitado por los empresarios y ojalá yo hubiera dicho que no”.

2 Comments
  1. florentino del Amo Antolin says

    Primero hay que saber como está hecho el nudo, para poder desacerlo. La ampliación de condenas,hay que dejar el hueco necesario a esta banda organizada para delinquir.Un atropello social de: Politicos y sus partidos, empresarios y sus empresas: Gobiernos y sus ministros; prevaricaciones y ahogo social. Dinero Público para mantener bancas privadas; inmatriculaciones de iglesias, ermitas, y casas Parroquiales.
    Los compiyogui reales, creando escuela y fortaleciendo el campechanismo banal…
    Tantas cosas que Alfonso enuméra, compartidas por esta sociedad, asombrada del fraude social, ético y democrático. Para ser más igualitarios, nos sobran compiyoguis y tantas parafernalias caducas con un moho tardo franquista, de base y sustento Público… ¡ Ya vale !.

  2. Raymónd says

    TE DOY LA RAZON…..MUCHA COLA TIENE ESTE CAIMAN….. AY que CORTARSELA.

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