DERECHOS VULNERADOS / La suspensión es cautelar hasta que se resuelva el expediente

La ONU pide parar el desahucio de una familia que ocupaba la vivienda de un banco

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El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), de las Naciones Unidas, ha pedido de manera cautelar la paralización del desahucio de Ricardo y Josefa y de sus hijas de 4 y 8 años, que fue dictado por un juzgado de instrucción de Madrid. Sin embargo, la ONU pretende evitar así que esta familia sufra los “daños irreparables” de un desalojo hasta que tomen una decisión, según la comunicación emitida. El verano pasado, este mismo organismo ya falló contra España por vulnerar el derecho a la vivienda de otra familia desahuciada en Madrid.

La pareja vive con sus hijas ocupando una vivienda vacía, propiedad del banco BBVA. En 2015, estaban alojados en otra casa, pero dejaron de poder pagar el alquiler cuando él se quedó en paro y decidieron marcharse. Con dos niñas y con escasos ingresos, ocupar era su única opción. Llevan muchos años solicitando una vivienda pública en Madrid, según cuenta su defensa, que también asegura que intentaron, sin éxito, negociar un alquiler social. Sin embargo, fuentes del banco aseguran que tiene "una gran sensibilidad" con estas personas y que "puso en conocimiento del Ayuntamiento de Madrid (Oficina de Intermediación Hipotecaria)" esta situación, "aplazando en varias ocasiones el lanzamiento para que la administración le buscara una alternativa". Aunque este medio intentó ponerse en contacto ayer con la entidad, no ha sido hasta después de la publicación de este artículo cuando ha recibido su versión. 

Su desahucio estaba programado para marzo, pero ahora el DESC ha pedido su suspensión temporal hasta que haya un dictamen definitivo, que puede tardar aproximadamente un año y medio, o que les otorgue una vivienda alternativa adecuada.  “La ONU está protegiendo el derecho a la vivienda de esta familia que les niega la administración española”, explica Javier Rubio, del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES), que junto a la letrada Alejandra Jacinto, elevó el caso al DESC. Los inquilinos han estado asesorados también por la Asamblea de Vivienda del barrio de Usera, integrado en la Coordinadora de Vivienda de Madrid.

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Los abogados de Ricardo y Josefa creen que España podría estar vulnerando el punto 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que España suscribió con la ONU en 1976, y que reconoce “el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados”. El Estado no ha protegido a estas personas en especial situación de vulnerabilidad, cuyos ingresos familiares rondan los 600 euros en la actualidad.

El dictamen de julio, una nueva vía para ejercer los derechos

El abogado cree que el pasado julio se abrió una nueva puerta para que los inquilinos puedan defender su derecho a la vivienda cuando el Estado no lo protege. Entonces, el DESC también emitió un dictado contra España por haber vulnerado este derecho en 2013 en el caso de Mohamed Ben Djazia, un ciudadano argelino al que desahuciaron por impago de alquiler y que tuvo que dormir durante cuatro días con su familia en un coche. Rubio cree que en los próximos meses habrá más casos: “Hasta ahora, no era una vía muy conocida”.

Este organismo le dio un toque de atención al estado español entonces por “proceder a un desalojo sin garantizar alternativa habitacional” y sin agotar todos los recursos. Mohamed había solicitado vivienda pública unos años antes, aunque la concesión no llegó a tiempo, pese a que la Administración de la exalcaldesa Ana Botella había vendido pisos vacíos a los llamados ‘fondos buitres’ ese mismo año.

Aún así, el dictamen instó al gobierno a reparar el daño contra el demandante con una compensación económica y a redactar “un plan comprensivo e integral para garantizar el derecho a la vivienda adecuada de personas con bajos ingresos”, algo que el Estado sigue ignorando por completo.

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