Los imputados son los otros

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La delegada de Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, y la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, en una imagen de archivo. / Efe

El 10 de mayo pasado el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid imputó a la delegada del Gobierno en la región, Concepción Dancausa, del PP, por autorizar en 2013, cuando era concejala de la capital, el alquiler de unos locales de Mercamadrid. Aunque el auto dejaba claro que a Dancausa y al resto de los “investigados” se les atribuía un delito societario, la dirigente del PP difundió unas horas después un comunicado en el que aseguraba textualmente: “No es cierto que se me haya imputado. Lo único que ha hecho el juzgado de instrucción es admitir una denuncia de la Fiscalía Provincial de Madrid. Por lo tanto, soy investigada, no imputada. El juez no me está imputando ningún delito”.

Ese mismo día, el delegado de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, de Ahora Madrid, coalición integrada por Podemos, IU y Equo, señaló que Dancausa debía asumir “responsabilidades públicas” tras haber sido imputada por “delitos que afectan al común” y que así tenían que exigírselo “quienes se llenan la boca con aires de regeneración”, en referencia al PP madrileño y su socio, Ciudadanos.

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Un mes más tarde otro Juzgado de Instrucción de Madrid, en este caso el número 21, imputó a Sánchez Mato y su compañera en el equipo de Gobierno municipal, Celia Mayer, por delito societario, prevaricación y malversación de caudales públicos, al haber encargado con dinero público dos informes externos que sirvieron para denunciar ante la Fiscalía Anticorrupción los convenios firmados por el anterior alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, para la celebración del Open de Tenis. En el Pleno municipal en el que se debatió la reprobación y la petición de cese de los dos dirigentes municipales, aprobada con los votos del PP, Ciudadanos y el PSOE, la actual regidora, Manuela Carmena, repitió hasta la saciedad que sus subordinados no estaban imputados sino “querellados” y que el auto de admisión a trámite de la querella, presentada por el PP local, no tenía “contenido imputatorio”.

Aunque en el Código Ético de Ahora Madrid figura el “compromiso de renuncia o cese de forma inmediata de todos los cargos ante la imputación por la judicatura de delitos relacionados con corrupción, prevaricación con ánimo de lucro, tráfico de influencias, enriquecimiento injusto con recursos públicos o privados, cohecho, malversación o apropiación de fondos”, la portavoz municipal, Rita Maestre, argumentó que sus compañeros no lo habían incumplido, porque sólo tienen que dimitir los cargos a los que se atribuya “cualquier conducta que implique un enriquecimiento personal o a terceros".

En abril de 2015 los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, junto con otros tres exdirigentes del PSOE, declararon como imputados ante el Supremo en la pieza política de los ERE, por la que serán juzgados a partir del próximo 13 de diciembre. Sin embargo, en aquel entonces sus defensas martillearon a la opinión pública con el argumento de que sus representados no tenían esa condición procesal porque, tras la inhibición al Supremo de la juez instructora, Mercedes Alaya, y la aceptación de la competencia por parte del Alto Tribunal, los afectados declaraban de forma voluntaria. “Esta comparecencia para declarar sólo puede ser en calidad de imputados, si quieren rodearse de las garantías procesales correspondientes, como son la asistencia de abogado o el derecho a proponer pruebas”, alegaban sus abogados.

Mientras el PP y Ciudadanos pedían la dimisión de Chaves y Griñán como diputado y senador, respectivamente, y el propio ministro de Justicia, Rafael Catalá, señalaba que sobre los socialistas existían indicios de delito porque “a nadie se le llama a declarar como imputado sin delito concreto”, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, defendía a sus dos antecesores. “Dejarán el escaño cuando el juez impute delito a alguna persona”, decía. Griñán, que se enfrenta a seis años de cárcel y 30 de inhabilitación y Chaves, que podría ser apartado de cualquier cargo público durante la próxima década, no dimitieron hasta junio de 2015, forzados por las exigencias de Ciudadanos para apoyar la investidura de Susana Díaz.

En los tres casos los dirigentes políticos afectados tenían la misma condición ante los tribunales: la de investigados (denominación que se otorga a los imputados desde la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2015). Ese estatus les permite declarar ante un juez acompañados de un abogado de su confianza y no ser investigados por falso testimonio en caso de no decir la verdad. En puridad el término “querellado” se utiliza cuando una acusación ha presentado una querella y el juez instructor aún no se ha pronunciado sobre su admisión a trámite, aunque algunos magistrados, como Fernando Andreu en el caso Bankia, han utilizado este término como sinónimo de investigado con la intención de no añadir una carga incriminatoria a los afectados por las pesquisas judiciales.

Pero también estos tres casos ponen de relieve el doble rasero judicial de todos los partidos políticos, que corren a exigir la dimisión cuando la imputación se produce en el ojo ajeno y la minimizan hasta el punto de negarla con argumentos dispares y exóticos, cuando no peregrinos, cuando se produce en el propio. Ni siquiera suelen  respetar para el adversario el listón que se ponen a sí mismos para forzar la dimisión de sus propios cargos, situado en la imputación, según los programas electorales de Podemos y Ciudadanos, y en el auto de apertura de juicio oral para populares y socialistas.

Aunque la incoherencia llevada al extremo la representa como nadie el expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez, todavía hoy parlamentario en la Asamblea regional en representación del PP. Sánchez se contradice a sí mismo porque antes de ser llamado a declarar por dos jueces distintos afirmó: “Si al final la Justicia dictaminara una imputación por el caso Auditorio, yo dimitiría porque cumplo lo que firmo y cumplo mi palabra, y no esperaría a que nadie me lo pidiera”. En el caso Auditorio está imputado por cuatro delitos y en el caso Púnica ya está procesado, a las puertas del juicio oral, por otros tres. Y ahí sigue.