Las mujeres juezas tildan de “parche” la iniciativa de Catalá para modificar el Código Penal tras el caso de La Manada

Tras la sentencia a La Manada, el ministro de Justicia Rafael Catalá puso manos a la obra a varios jueces en la Comisión General de Codificación para revisar el articulado que hace referencia a la violencia sexual. Un paso aplaudido por algunos colectivos y parte de la sociedad… que quedó en la nada cuando se supo que en la citada comisión no participaría ninguna mujer. Las juezas advierten de que esta realidad, además, es contraria a la Ley 3/2007 de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, que estipula la paridad en este tipo de órganos.

La Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) ha lanzado un comunicado en el que critican al ministro Rafael Catalá por varios flancos. Consideran que “la desigualdad y discriminación de la mujer no es una anécdota que requiera de meras correcciones, es sistémica, general y estructural”. Por ello, tildan de “parche” la iniciativa del ministro que pretende revisar el artículado referente a la violencia sexual en el Código Penal. “Una actuación de los poderes públicos que pretenda simplemente parchear la situación y dar una respuesta meramente  formal y aparente  no hace sino profundizar en la brecha que ya existe”, indican.

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“No somos invitadas, sino protagonistas”

Sobre la composición de la Comisión General de Codificación, en la que participan veinte hombres y ninguna mujer, puntualizan que las mujeres no son “invitadas” sino “protagonistas” de la historia y “es un deber moral” que ocupen el cargo que les corresponde. El ministro Catalá intentó corregir la situación pero, consideran, “se pretende una nueva corrección anecdótica mediante la “invitación” de seis mujeres expertas a “colaborar” con el estudio de forma excepcional”.

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Exigen, por contra, la revisión del sistema para evitar que se vuelvan a producir casos así. “Frente a ello no caben operaciones de mero maquillaje o invitación a quien tiene derecho a estar allí por méritos propios. Los cambios deben ser profundos y abordarse desde la raíz, pues el problema al que nos enfrentamos está profundamente enraizado en nuestra sociedad”, apuntan.

Y exigen la inclusión de medidas con perspectiva de género también en las actuaciones judiciales. Piden “afrontar cambios en la instrucción de los operadores jurídicos que incluyan la igualdad y perspectiva de género como principio básico de nuestra actividad” y “arbitrar medidas eficaces de protección a las víctimas y asumir responsabilidades en este ámbito”.

Sobre la filtración de datos personales de la víctima de La Manada consideran que se trata de “un delito de enorme gravedad” que, creen, “obliga a analizar que ha fallado y que mecanismos deben ser modificados para evitar que esto pueda ocurrir en el futuro”.