DRY asegura que las identificaciones indiscriminadas de inmigrantes que denucia AI se siguen produciendo
Aníbal Malvar *
Democracia Real Ya (DRY), uno de los pilares inaugurales del movimiento 15-M, acoge con cierto escepticismo risueño el reciente informe de Amnistía Internacional sobre el estado de los derechos humanos en el mundo. En él se denuncian los abusos policiales sufridos por varios miembros del movimiento indignado español y la violencia desmedida contra los manifestantes: “Nos ratifica en nuestras denuncias, pero las imágenes difundidas en los medios de comunicación ya hablaban por sí solas”, señala el portavoz de DRY, Kike Castelló.
-¿Crees que la denuncia de AI servirá para cambiar en algo las actuaciones policiales?
-Sirve para que, a nivel internacional, se conozca aun mejor cómo actúa nuestra policía. Pero no va a cambiar nada. Hace tres días el Ministerio del Interior anunció que ha prohibido las identificaciones indiscriminadas de inmigrantes y a mí me consta que hoy jueves, en Lavapiés, las seguían haciendo.
-El informe también hace referencia a que los policías que os vigilan no llevan la identificación.
-Y te multan si se la pides. Durante la última cacerolada en la Puerta del Sol, un compañero advirtió a un policía de que llevaba la identificación del revés. Lo hizo en tono medio de guasa, porque sabemos que la llevan así a propósito. El policía le respondió textualmente: “yo llevo mi identificación como me sale de los cojones”.
El informe de AI hace hincapié en los sucesos ocurridos en Cataluña el pasado verano: El 27 de mayo se recurrió a agentes antidisturbios de la policía autonómica catalana (Mossos d’Esquadra) para dispersar a los manifestantes [del 15-] concentrados en la plaza de Cataluña, en Barcelona. Los informes médicos y las imágenes de vídeo confirmaron que la policía antidisturbios había golpeado con sus porras a manifestantes aparentemente pacíficos y había disparado proyectiles de goma contra ellos. Al parecer, los agentes no llevaban número de identificación en el uniforme. El 8 de junio, el gobierno catalán manifestó que no era necesario abrir una investigación sobre las denuncias de uso excesivo de la fuerza.
Y recuerda que, en enero, el gobierno catalán abolió el Código de Ética de la Policía de Cataluña, que implementaba el Código Europeo de Ética de la Policía. El Comité de Ética Policial, encargado de recibir y examinar denuncias de particulares relativas a la conducta de la policía y de evaluar el cumplimiento del Código por parte de los agentes, se suspendió tras la dimisión de la mayoría de sus miembros”.
La respuesta de la Confederación Española de Policía (CEP) no se ha hecho esperar: “Amnistía Internacional (…) suele echar mano de análisis no objetivos, de investigaciones que sólo ponen el acento en una de las versiones o en los hechos contenidos en relatos de parte”, señalan en un comunicado. Y recuerdan que “el número de diligencias previas incoadas en juzgados de nuestro país por agresiones a policías en el bienio 2009-2010 fue de 14.606, siendo Madrid la comunidad que mayor porcentaje de ataques registró”.
Aunque la Fiscalía aun no ha facilitado cifras concretas, desde CEP se confirma que durante 2011 “pudieron ser entre seis y siete mil las agresiones a policías. ¿Por qué Amnistía Internacional no recoge también este dato?”, se lamentan.
En cuanto a la denuncia de DRY sobre la continuidad de las identificaciones indiscriminadas a inmigrantes, CEP es cauto: “No nos consta. Pero se han dado instrucciones explícitas en todas las comisarías de distrito de Madrid para que no se practiquen. Si hay agentes que continúan haciéndolas, el incumplimiento de la orden es falta grave según la Ley Orgánica 4/2010 de régimen disciplinario”. Una falta grave puede suponer suspensión de funciones desde cinco días a tres meses.
El informe de AI también se refiere a estas identificaciones en su apartado dedicado a España: Continuaban efectuándose controles discriminatorios de identidad, centrados específicamente en personas pertenecientes a minorías étnicas, y se emprendían acciones judiciales, acusándolos de obstruir el trabajo de la policía, contra activistas de la sociedad civil que mantenían bajo observación estos controles. En marzo, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial instó a España a poner fin a los controles de identidad basados en criterios étnicos o raciales, pero al final del año las autoridades seguían negando tal práctica y no se habían tomado medidas para erradicarla”, señala Amnistía.
En lo referente a torturas en dependencias policiales, el informe destaca las denuncias elevadas por varios indignados detenidos. Sin embargo, los portavoces de las distintas ramas del 15-M no pueden precisar cuántas denuncias de esta índole se han formalizado. La volatilidad del colectivo es enemiga de la estadística.
También se alude, como todos los años, a la práctica de torturas a terroristas etarras o miembros del entorno abertzale. Y, también como todos los años, la policía recuerda que “ETA da órdenes de denunciar sistemáticamente torturas hayan existido o no. Algunos, incluso, se autolesionan para darles credibilidad”.
Sin embargo, un miembro de la Guardia Civil con más de 25 años de experiencia en lucha antiterrorista es un poco menos cauto a la hora de valorar las denuncias de Amnistía Internacional: “Hablar de tortura es excesivo, aunque a alguien se le puede ir la mano. Pero a estas gentes no se les saca información invitándoles a bocadillos de mortadela y a una cerveza. No sé si me entiendes”. Cristalino.
