España en emergencia: si los jueces quisieran…

Pedro Costa Morata *

A esperanza y optimismo sabe la ebullición y el rechazo que se extiende en el mundo de la justicia, esto es, jueces, fiscales, abogados, empleados y, por supuesto, ciudadanos usuarios, a los que también ha decidido maltratar un Gobierno enloquecido. Y la insumisión de hecho ha sido la primera providencia adoptada por algunos jueces en asuntos que, a más de saltarse la Constitución (CE) a la torera, conllevan agravio moral insoportable. Uno de los ejemplos, que no el único, son los desahucios, en los que al enunciado, tan imperativo como vulnerado, del art. 47  de la CE (“Todos los españoles tienen el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada… regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”) se une la canallada de echar a la calle, y desplumarlos, a ciudadanos sujetos de derechos y de dignidad; esta actitud debería extenderse a otros ámbitos que el poder del PP viene envenenando y que también claman por la respuesta adecuada: política, social y jurídica.

La  verdad es que si el mundo de la justicia se lo propusiera, y de forma concreta y más vigorosa los jueces como centro y protagonistas de la misma, la situación política podría cambiar sensiblemente; para lo que, simplemente, el llamado tercer poder tendría que creerse de verdad que lo es, lo que pondría en grave aprieto a este Gobierno arrogante y faltón que con tanta saña nos agrede cada día. Y precisamente ahora es el momento de perfilar y acentuar esa “respuesta de soberanía”, cuando el ministro Ruiz-Gallardón ha decidido acentuar la dependencia de este tercer poder respecto de los otros dos, como recoge la redacción de su anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial (y al que se oponen todas las asociaciones de jueces).

Publicidad

Lo de que los jueces –y su entorno judicial, institucional o no, público y privado– se tomen en serio el que son el tercer poder, en igualdad de condiciones y capacidad que el primero y el segundo debiera resultar, si no fácil sí practicable y consecuente; y no exigiría entrar en graves polémicas de profundo sentido histórico, jurídico o democrático: las constituciones europeas –que se dicen herederas de la tradición de Montesquieu (y de Aristóteles, que se le adelantó en siglos)– así lo recogen y nuestro ordenamiento jurídico-constitucional hace gala de ese equilibrio (sin que ese alarde coincida con la realidad). Es verdad que en una configuración democrático-institucional en la que sólo pita el primer poder, el legislativo, éste convierte en derivados y subsidiarios los otros dos: el ejecutivo, que siendo delegado del legislativo viene asumiendo y usufructuando todo el poder (o todo el que puede), y el judicial (que no ha llegado a satisfacer las esperanzas puestas en él desde 1978). Pero vivimos en una crisis tan singular que debe de ser desde la política profunda, auténtica, desde donde han de fluir las corrientes de cambio: y si deducimos que nuestra democracia es injusta por desigual, inconsistente por desequilibrada e incoherente por defectuosa (y tantas veces inconstitucional, legal, como apuntan los numerosos conflictos de este tipo), lo primero que se nos debe ocurrir es revisar a fondo la realidad de un poder político-institucional sólo teórica y parcialmente equilibrado y compartido, que aprovecha su eficacia exclusivista en maltratar a una sociedad que sufre, grita y sucumbe.

Parte de la emoción que suscita la protesta sin precedentes de los jueces tiene que ver con el choque inevitable que esta actitud produce en la imagen de profundo y extensivo conservadurismo ideológico de esta profesión, con el correlativo y secular desprestigio de cara a la opinión pública; en ésta sigue cundiendo esa convicción generalizada, y demoledora, de que hay que evitar acudir a la justicia por todos los medios (o que “vale más un mal acuerdo que un buen  juicio”). Ese conservadurismo es inevitable, en la cultura democrático-occidental, mientras sus protagonistas estén convencidos de que sirven a la Justicia (ente tan sublime como manipulable y objeto de burla y trampa) dejando en lugar secundario al Pueblo y a la Sociedad, con sus rotundos derechos y su exigencia de legalidad y equidad. (Algo parecido sucede en otras profesiones irremediablemente conservadoras: los militares que evocan y suspiran por la Patria, los diplomáticos que representan los intereses del Estado, los religiosos que asumen, creyéndoselo, la vicaría de Dios…).

Aún antes de que los jueces decidieran enfrentarse al poder ejecutivo y el legislativo, enarbolando su categoría y sus prerrogativas de tercer poder, su recuperación en dignidad y popularidad tendría que partir de la afirmación práctica, visible y ejemplar de lo que tan limpiamente señala el art. 11: “Los españoles son iguales ante la ley…” y arremeter sin desmayo ni dilación contra la corrupción política que nos asfixia y enfanga, dañando irremediablemente la actitud y el compromiso de los ciudadanos ante la política. La corrupción de los cargos políticos y sus adláteres tiene el efecto, entre otros, de un insufrible, lento e irreversible golpe de Estado ya que deteriora la confianza de los ciudadanos en las estructuras políticas y administrativas y destruye eficazmente las entrañas de lo público. Esta corrupción afecta a centenares de cargos y funcionarios solamente en el estadio de las imputaciones formales pero en la realidad ordinaria está mucho más extendida y crece en la medida en que el “listón” de lo penal sube y sube, quedando en la impunidad un cada vez más amplio espectro de trapacerías y desvergüenzas; la opinión que sobre esto emite gran parte de la ciudadanía (con el “todos son iguales: van a lo suyo”, o el “verás como al final nadie resulta culpable”) está en gran parte fundada, evidentemente, y refleja ya ese suave, aunque persistente, atentado contra las bases democráticas. Corrupciones organizadas como la trama Gürtel que afecta a tres comunidades autónomas, el inagotable afloramiento de políticos llevados ante los tribunales en Baleares o la veintena de alcaldes imputados en la Región de Murcia (de un total de 45 municipios: un récord sin discusión) llegan a asustar porque, si su persecución fuese llevada a las últimas consecuencias judiciales, podrían deslegitimar política y democráticamente a un PP, que controla la mayor parte del país generando una corrupción proporcional al poder manejado; y a sus políticas, destinadas cada día más a empobrecer y humillar. La opinión pública, además, espera que haya condenas y castigos ejemplares para esa caterva de directivos que se ríen de pueblo y jueces declarando que no tienen nada que ver con el hundimiento de los bancos y cajas que administraban, ni con los inmensos daños producidos, personales, familiares y públicos.

En  el terreno ordinario, sería necesario que los jueces entrasen más y más en el fondo que en la forma, que la frecuente disparidad del sentenciar ante hechos idénticos se redujese sensiblemente, que la jurisprudencia se utilizase en su versión más rigurosa y equitativa, que no se difiriesen a la instancia constitucional asuntos que en cualquier nivel jurisdiccional saben, huelen y atufan a inconstitucional… Y en atención a la excepcionalidad del momento, quizás debieran encabezar la resistencia al tirano en la versión siglo XXI, es decir, contra el tirano democrático.

(*) Pedro Costa Morata es ingeniero, sociólogo y periodista. Premio Nacional de Medio Ambiente (1998).