El PSOE propone dotar a los ayuntamientos con un fondo de 100 millones contra la violencia de género
Ante la dramática escalada de violencia que están sufriendo muchas mujeres en nuestro país, y frente a la inacción de un gobierno que sigue dando pasos atrás (recorte presupuestario, propuesta de modificación del Código Penal en beneficio de los maltratadores –que verán como el delito reiterado desaparece y vuelve la falta de malos tratos-), el PSOE ha tomado la iniciativa. La secretaria de Igualdad, junto con la vicepresidenta del PSOE, Purificación Cuasapié y Elena Valenciano, respectivamente, convocaron el pasado martes 8 de abril una reunión en Madrid para analizar la situación y las posibilidades de una acción conjunta.
En el encuentro, en el que participaron alrededor de 50 organizaciones (sindicatos, colegios profesionales, asociaciones de mujeres, de asistencia a víctimas, etc.), representantes de ayuntamientos y comunidades autónomas, expertas en la materia y representantes del PSOE, Valenciano presentó una propuesta para la dotación de un fondo de 100 millones de euros, destinados a los ayuntamientos, para luchar contra la violencia de género (VG) en las tres líneas fundamentales de actuación que marca la denominada Ley Integral contra los malos tratos: prevención de la VG, atención a víctimas de VG y reparación del daño.
Además, se trató la necesidad de un Pacto de Estado contra la Violencia de Género, imposibilitado en este momento por la pasividad del gobierno de Mariano Rajoy y del propio Partido Popular. Se trabajará, por tanto, en el marco de un Acuerdo Social y Político contra la Violencia de Género, que defina nuevos escenarios que frenen la regresión –política, judicial, económica- sobre todo en atención a víctimas, y los múltiples impedimentos surgidos en estos 28 meses de gobierno PP.
Uno de estos impedimentos fue puesto de manifiesto en el encuentro por Abel Caballero, alcalde de Vigo y vicepresidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP): la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, de la que poco se conoce a pesar de ser una herramienta nefasta para la implementación de políticas sociales. Caballero denunció la eliminación de competencias en igualdad y la obligación de ‘pedir permiso’ que ahora tienen los ayuntamientos si quieren trabajar algún tema no recogido en la Ley de racionalización, como la atención a víctimas de VG o las políticas de prevención de la VG.
Y es que, más allá de “controlar” los sueldos de alcaldes y alcaldesas y provocar la vergonzosa rebaja del sueldo de Ana Botella –el 1,94%–, la Ley de racionalización, con su modificación de la Ley de Bases de Régimen Local, ha suprimido una serie de competencias o posibilidades de intervención a los Ayuntamientos en favor de las Comunidades Autónomas, como señalaba Caballero, entre las que se encuentran las políticas de igualdad y contra la violencia de género. Los ayuntamientos están a merced de los gobiernos autonómicos, que repartirán fondos económicos y cederán competencias a discreción y, cómo no, en función de los intereses partidistas de cada momento.
En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, la Dirección General de la Mujer firma convenios con los ayuntamientos, en los que, además de las cuantías económicas que debe aportar cada administración, señala en qué se va a gastar (cuesta decir invertir en esta ocasión) cada euro: en qué servicios, en qué temas o contenidos, en qué fechas, con qué metodologías… Como en una mera subcontratación del servicio. No hay que negar que muy pocos ayuntamientos han dedicado presupuestos propios a la Igualdad entre mujeres y hombres y a la lucha contra la violencia porque entre que venían del Fondo Social Europeo vía Comunidad Autónoma y que compromiso gratuito ha habido, pero presupuestario no, pocos se han retratado.
Los Ayuntamientos están pasando de ser la administración más cercana a la ciudadanía, la que conoce la realidad de su población y a la que se acude en primer término para exigir la resolución de sus problemas (problemas políticos, como lo son la desigualdad entre las personas, la violencia de género, la falta de valores democráticos, etc.) a convertirse en meros gestores, sin capacidad de intervención política en temas fundamentales.
Y es que la gestión urbanística, el abastecimiento de agua potable, la policía local y las ferias y mercados –por señalar algunas competencias actuales- son importantes, pero el desarrollo de la ciudadanía, la vivencia democracia del municipio, la construcción de entornos rurales o urbanos habitables en términos de libertad, seguridad e igualdad, lo es mucho más, y nos lo han usurpado, y está ocasionando víctimas y situaciones irreparables.
