Asalto a la Universidad
Es de manual: bombardeo previo a las posiciones públicas que se quieren privatizar con la futura reforma universitaria. La campaña de los neoliberales lleva tiempo dando la tabarra. Repiten sin descanso que la universidad pública es cara, mediocre e ineficaz. En esta línea, Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, un neoliberal mejicano al servicio de los intereses del capitalismo globalizado, dijo el otro día: “Un alumno japonés de secundaria iguala el puesto de un licenciado español”. La frase se pronunció en un acto de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, que preside Ana Patricia Botín, para presentar el informe: “La importancia de la universidad para el crecimiento de la economía española”. También asistió el ministro Wert para apostillar: “la financiación de la universidad es insostenible”.
La afirmación de Gurría es una estupidez malintencionada y, como es lógico, no cita ningún estudio científico para avalarla. Da igual que los estudios internacionales demuestren que nuestra educación superior y productividad científica son equiparables a los países de la misma OCDE, a pesar de que la inversión en nuestro país es un 20% inferior. Si recurrimos a nuestra experiencia, todos conocemos casos de hijos, amigos, alumnos que han estado de Erasmus con un alto nivel de aprovechamiento y de créditos obtenidos en las universidades europeas.
Lo que explica este furibundo ataque es el nicho de negocio en que se han convertido las enseñanzas superiores. Para el capital financiero la educación mundial representa el último gran mercado. Un fabuloso negocio que se cifra en 2 billones de dólares al año, según la UNESCO, y éste es un suculento pastel al que no están dispuestos a renunciar. Las cosas vienen de antiguo, ya desde el plan Bolonia, porque necesitan controlar no solo los mercados y la producción, sino también la ciencia. Surge así al llamado capitalismo académico, obligando a las universidades a buscar financiación exterior en el mundo empresarial y financiero, controlando el proceso de innovación para transformar la ciencia en rentabilidad empresarial. Se tira de eufemismos para denominar “universidades de iniciativa social” a las universidades privadas, para superar desprestigios y ocultar su finalidad. Se promueven cátedras, se imponen logotipos y formas de gestión provenientes del mundo empresarial. No importa para ello que los fondos aportados limiten o amenacen la vida intelectual, la libertad de pensamiento y la reflexión crítica.
El motivo del encuentro del que hablamos fue presentar un informe sobre la sobrecualificación de los titulados universitarios. Según la referencia de El País, comentaron que uno de cada tres universitarios está empleado por debajo de su formación y dieron la cifra de 70.000 ¿Alguien se cree que solo hay 70.000 universitarios subempleados? El dato parece la cuenta de la vieja, ya que al año salen 220.000 nuevos titulados universitarios. Pero el subempleo es mucho mayor si miramos la EPA, la tasa de paro juvenil, el nivel de precariedad en la contratación: podemos estar hablando de una cifra diez veces superior. El informe parece técnicamente muy malo y cargado de manipulación ideológica para obtener conclusiones predeterminadas. La principal es que hemos estudiado por encima de nuestras posibilidades, que sobran titulados, que hay que reducir la ya escasa financiación a la educación superior en pro de la consolidación fiscal. Hay que recordar que, en términos de PIB, en España se dedica a esta enseñanza un 1,16%, por debajo del 1.38% de media de la OCDE, y que se necesitaría del orden del 2%.
Solo faltaría que nos vendieran la moto, a estas alturas, que el problema de España es el exceso de formación de sus universitarios. Es verdad que hay problemas, pero son otros. El principal es el modelo productivo y de mercado de trabajo que crea pocos empleos y de ínfima calidad; es decir, no es una cuestión de sobrecualificación, sino de infraempleo, y ajustar la universidad a un mercado de trabajo precario sería un error histórico. Otro problema es la elitización de la universidad y la pérdida de igualdad de oportunidades que se está dando con la gran subida de tasas y la reducción de becas; parece que se trata de una cuestión ideológica: “que a la universidad no llegue cualquiera” -aunque sea un estudiante brillante-, como dice la derecha más conspicua. Por último, están los recortes presupuestarios y de personal docente y de investigación, y la aplicación de una tasa de reposición que solo permite contratar al 10% de las jubilaciones; esto sí está suponiendo una pérdida de talento al no permitir la contratación de profesorado excelente y expulsarlo al extranjero.
Estos ataques a la universidad pública no son nuevos. Quizá lo único nuevo es el nivel de chapucería y de agresividad. Para saber más sobre el tema es de muy recomendable lectura el “Qué hacemos con la universidad” (Akal 2014). En él, además de analizar la evolución de la universidad española en los últimos decenios, incluyendo el impacto de Bolonia, se estudian las líneas de reforma universitaria que la derecha propone y los recortes de financiación y recursos a la universidad pública. Por último, se proponen las alternativas para la universidad del siglo XXI. Éstas, pasan por que la universidad no sea únicamente una institución académica de calidad, sino también un agente dinamizador para la transformación social. Para ello, es fundamental el refuerzo del compromiso y la responsabilidad social de las universidades, así como la asunción de la intangibilidad de su carácter de bien público y de la autonomía universitaria. La universidad debe ser científica, universal, crítica y autónoma, al servicio de la sociedad y no de las empresas. Porque hay que armar a la sociedad con los saberes que permiten comprender el mundo para transformarlo y construirlo de forma más justa para toda la humanidad y el planeta.
Si no teníamos ya bastante con nuestras “notas”, desde hace unos años resulta obsesivo el afán de la OCDE (al fin y al cabo una organización para el desarrollo económico) por implantar esa burda tendencia a cuantificar los saberes; a convertir la ciencia, la cultura y el aprendizaje en una especie de maratón cuantitativo, en virtud del cual los listos van en cabeza y los tontos se queda atrás.
Es lo que sucede con el informe PISA, esa especie de embolado saduceo destinado al alumnado de 15 años, en el que 520 milímetros (casos de Canadá, Nueva Zelanda, Japón, Taiwan…) significa genialidad o alto rendimiento y 490 (casos de los EE. UU., Italia, España, Grecia, etc.) significa mediocridad, retraso, ineptitud.
A veces viene a ocurrir que un Estado suba y baje de un modo un tanto incongruente e incompresible, Por ejemplo, Los EE. UU., que en Ciencias parece darnos sopas con honda, en Matemáticas anda a la par que nosotros; Luxemburgo que en Matemáticas anda entre los geniales, en Ciencias se mueve entre los torpones, por cuanto que está un par de puestos por debajo de España.
Por otra parte, tampoco deja de ser tan curiosos como estridentes informes como el que enuncia que uno de cada seis alumnos españoles de 15 años (el 16,5%) tiene dificultades para entender una factura o resolver asuntos de economía doméstica.
A los linces de “los Pisa”, incluido el Sr. Gurria, les daría yo una factura de la luz o el gas o bandeándose en “asuntos” de economía doméstica con los salarios de buena parte de los trabajadores españoles.
Y, a pesar de ser importantísima, no es tan sólo mera cuestión de la inversión económica; sino también del modo de plantear las cuestiones, los enunciados, los ítems; pues si originariamente se pensaran y formularan en otro idioma (por ejemplo, en castellano), y luego se tradujeran a los otros idiomas los resultados tal vez fueran muy diferentes.