El conflicto de Coca Cola: las bases acusan

Mientras se reunía el máximo órgano de dirección de CCOO en su sede, en la calle se concentraban un centenar y medio de trabajadores de Coca Cola con camisetas rojas pidiendo a voz en grito la dimisión de Villar, al tiempo que sonaba como música de fondo El Padrino de Nino Rota ¿Qué estaba pasando? Hagamos un poco de historia.

La empresa concesionaria de Coca Cola en España (Coca Cola Iberian Partners) presentó un ERE apoyándose en la última reforma laboral. Un ERE de escándalo: con más de 900 millones de euros de beneficio quería despedir a 1.190 trabajadores y cerrar cuatro plantas para aumentar más aún sus beneficios. Llevaba el expediente el despacho Sagardoy, que a su vez había diseñado la reforma laboral de Rajoy.

A pesar de todo, los trabajadores que llevaban meses con una larga lucha (huelga indefinida, manifestaciones diarias, boicot al consumo…), bien asesorados jurídica y económicamente, ganaron el juicio en la Audiencia Nacional (AN). Según el contenido de la sentencia, el tribunal daba la razón a los trabajadores al declarar nulo el ERE y obligaba a la empresa a readmitir a todos los trabajadores que se reincorporarían a sus centros de trabajo, así como a abonar de los salarios de tramitación.

La Sala de lo Social de la AN declaraba nulo el despido colectivo por varias razones. Por violación del derecho de huelga, ya que se había producido una conducta ilícita por las prácticas de 'esquirolaje' de la compañía durante la huelga de los trabajadores de la planta de Fuenlabrada. Porque el nuevo empleador es un grupo de empresas que había constituido formalmente como empresario un grupo laboral ilícito. Además se había producido un completo incumplimiento de las obligaciones de información, consulta y negociación en el supuesto de cambio de titularidad de la empresa. Tampoco se había entregado a la comisión negociadora un plan detallando los planes de reestructuración respecto de la producción. 

La empresa recurrió al Supremo y los trabajadores han exigido a la AN el cumplimiento de la sentencia. A partir de este momento la empresa empezó a maniobrar: desprestigiando a los trabajadores con declaraciones sobre sus condiciones laborales, contratando al exministro de Trabajo de Aznar, Manuel Pimentel, y buscando un acuerdo para asegurarse el cierre del centro de Fuenlabrada, la primera planta de Europa, pero con un excelente convenio fruto de la organización y de años de lucha de su plantilla. No podían permitir que ese centro fuera una isla de condiciones laborales y salariales dignas en el océano de bajos salarios y precariedad que ha impuesto la reforma laboral del PP.

Para conseguir sus objetivos abrió una negociación con la Federación Agroalimentaria de CCOO (FEAGRA) para buscar un acuerdo que les evitase la obligación de cumplir la sentencia. Pero hay algo muy claro: a un sindicato no le puede interesar un acuerdo que deje en papel mojado una sentencia ganada; no hay contrapartidas aceptables a cambio de ello. Por eso es muy extraño el comportamiento de FEAGRA de meterse en las negociaciones y excluir de ellas a la Sección Sindical y a su abogado.

Ante la denuncia de unas negociaciones a espalda de los interesados, se produce otro hecho grave: el intento de FEAGRA de retirar de la defensa de los trabajadores a Enrique Lillo, un veterano abogado laboralista tan brillante como honesto. Merece la pena ver el vídeo de su intervención en la asamblea de los trabajadores de Coca Cola y la carta remitida por él al secretario de FEAGRA, para hacerse una idea de la posición tan cabal que está defendiendo. Pero ese conflicto no es nuevo. Ya FEAGRA quiso obligar al mismo abogado a desistir del recurso presentado para defender a los trabajadores de Panrico de Santa Perpetua, otro duro conflicto que ha demostrado la incompetencia sindical de esa federación y sus dirigentes.

CCOOCasbega Coca Cola (YouTube)

Tampoco son nuevas las denuncias de las bases. Hace más de un año, en julio de 2013, nueve grandes Secciones Sindicales (Casbega-Coca Cola, Danone, Altadis, Bimbo, Pepsico Foods, Heineken, Logista, Panrico, Mahou) mandaban un duro escrito a Jesús Villar, secretario de FEAGRA, con copia a la Ejecutiva Confederal de CCOO. En este escrito de cinco hojas se denunciaban las reuniones de este dirigente con las direcciones de las grandes empresas del sector al margen y sin informar a las SSE, “lo que envuelve a dichas reuniones de cierto oscurantismo que puede llevar a algunos colectivos a declarar que esos encuentros obedecen, no a la defensa de intereses de los trabajadores, sino a otros fines menos confesables”. También se rechazaba la injerencia en las competencias de las SSE, como “decisiones unilaterales de la federación de desistir en algunas demandas planteadas por alguna SSE”. O pretender limitar la acción sindical “exigiendo autorización previa para realizar consultas jurídicas, lo que supone una injerencia sin precedentes, una limitación caprichosa y desmedida de la acción sindical y una burocratización anacrónica”. Pedían una reunión con Villar que nunca se produjo. Y ante tan graves acusaciones tan solo recibieron como respuesta de la confederación un tardío acuse de recibo del secretario de Organización confederal.

La pasada semana el Consejo Confederal del sindicato tuvo que abordar el tema de las denuncias y el secretario general de CCOO intentó resolverlo con una disquisición salomónica sobre si la sentencia de la Audiencia Nacional es un “suelo” o un “techo” para la negociación, para intentar dejar las cosas entre dos aguas: los afiliados de Coca Cola y FEAGA. Pero no se puede olvidar que los trabajadores de Coca Cola están resistiendo día a día el autoritarismo avasallador de la multinacional. No se ponen en venta: tienen la razón sindical y moral. El mero hecho de que su lucha exista y que no se dobleguen ante fuerzas poderosas es un triunfo y un ejemplo para todos. Hay que ser justos y agradecidos con ellos.

Solo la presión de las bases impedirá que se pierda una lucha ejemplar y toda la afiliación sindical. Serán ellas las que puedan conseguir que se erradiquen determinadas prácticas contrarias al sindicalismo de clase. La ejecutiva confederal de CCOO tiene la responsabilidad de escuchar a las bases, abrir una investigación sobre sus denuncias y llegar hasta las últimas consecuencias. Solo esta presión podrá hacer que Ignacio Fernández Toxo tome posición clara y sin ningún tipo de ambigüedades con los trabajadores de Coca Cola y con su lucha. Por encima de las fidelidades internas o de las amistades personales, está la defensa de unos trabajadores que han demostrado que la lucha no es flor de un día, y el cumplimiento íntegro de la sentencia (readmisión inmediata, reapertura de Fuenlabrada y pago de salarios; luego se podrá negociar el plan industrial). CCOO ya tuvo bastante con Sintel.