Hay que seguir luchando

Víctor Arrogante *

Nunca he dejado la militancia socialista por la igualdad, la justicia social y la solidaridad. También por la República. Pasado el tiempo, si de algo estoy seguro, es que hay que seguir en el empeño, luchando por ello.

Desde que tuve uso de razón para pensar sobre estas ideas; desde que con catorce años comencé a trabajar y sentí la necesidad de reivindicar derechos y denunciar injusticias, desde que conocí a sindicalistas luchadores, que defendían a la clase trabajadora como a ellos mismos, desde que conocí a socialistas decentes que dieron su vida y se dedicaron a propiciar el bien común, me di cuenta de que merecía la pena luchar por todo ello. La justicia social, la igualdad y la solidaridad fueron demandas del partido y del sindicato que fundó Pablo Iglesias Possé. Han transcurridos ciento treinta y seis años y en lo esencial, los objetivos que sirvieron para fundar el PSOE y la UGT siguen siendo demandas legítimas, cuyas limitaciones hay que superar, para el mayor bienestar y dignidad de las personas.

El PSOE, que fue de los primeros partidos socialistas que se fundaron en Europa, representaba el afán e interés de la nueva clase trabajadora nacida de la revolución industrial, orientando su labor hacia el logro de los grandes ideales, situando al socialismo en el eje central para los cambios necesarios, con la adaptación lógica de la estrategia en cada situación o momento histórico. Hoy, sinceramente, no se cual es su afán, ni su estrategia para el cambio definitivo; deberían seguir siendo los mismos para lo que se fundó. Mismos fines, teniendo en cuenta que las causas objetivas son las mismas: desigualdad y máxima injusticia, agravadas por las nuevas estructurales económicas, que, según dicen algunos, no tienen alternativa; pero sí la tienen. Hay que adaptar aquellos postulados a la realidad actual y actuar en consecuencia

A finales del siglo XIX, los socialistas consideraban que la sociedad era injusta, porque dividía a sus miembros en clases desiguales y antagónicas: los dominantes y los dominados; los que lo tienen todo, recursos, dinero y poder; los que nada tienen, salvo su fuerza vital para trabajar. Los privilegios de la burguesía, garantizados por el poder político y económico, servían para dominar a los trabajadores. Para superar estas contradicciones comenzó la lucha de los socialistas decimonónicos. Parece como que no hubiera pasado el tiempo. Aquel planteamiento histórico, vale para hoy, el análisis puede ser parecido y la lucha sigue siendo igual de necesaria para conseguir los objetivos de hoy, tan parecidos a los de entonces

La historia de las ideas, estrategias y objetivos ha sido rica y en ocasiones fructífera. Recuperar la memoria de la lucha obrera es tan importante como necesaria la acción. No cabe hacer una política de mirada corta, a la zaga de la política de la derecha, enmendando, proponiendo pactos y acuerdos por responsabilidad, alegando la «razón de Estado» para la estabilidad. Con la derecha que conforma el gobierno hoy, ni pacto de estado ni acuerdo político ni mano tendida. Todo ello legitima su política antisocial y consolida su reaccionaria forma de hacer, eliminando derechos y limitando libertades. Muchos crímenes se han cometido en nombre de la razón de Estado.

La monarquía, muy alejada de los principios de justicia igual para todos y de la igualdad real y efectiva, no ha sido la institución que ha dado estabilidad, sino que han sido los pactos entre los partidos políticos durante la Transición a la democracia, que hoy se mantienen. La monarquía es vitalicia, se hereda de padres a hijos «como si un cortijo fuera», por lo que tiene un carácter profundamente antidemocrático. La de la reina Isabel II, de Alfonso XIII, la del «movimiento» instaurada por Franco, el dictador, encabezada por Juan Carlos I, ahora heredada por su hijo Felipe VI, al que nadie ha elegido, no tiene legitimidad democrática, ni es ejemplar ni respetable ni transparente. «Nos siguen argumentando que no hay mejor organización institucional que la monarquía parlamentaria», dice Iñaki Anasagasti en su libro Una monarquía nada ejemplar (La Catarata, 2014). Nos repiten que es útil y que va a ser ejemplar, pero lo cierto es que la «institución no es útil, no ha sido ejemplar, no es democrática, no es la más barata y encima ni ha arbitrado ni ha moderado nada, ni va a poder arbitrar ni moderar nada".

De la crisis económica y financiera, a la que nos llevó el actual sistema, no se sale aplicando las mismas políticas que la provocaron ni por los mismos que se están aprovechando de ella. Tampoco puede ser la coartada para el inmovilismo, alegando la necesidad de estabilidad, cuando esa estabilidad, que ya está rayando lo criminal, es el peor de los males posibles, que nos hace cada vez más infelices por falta de medios para sobrevivir con dignidad. No caben excusas. Toca llevar a cabo un cambio profundo de orientación, alejado de lo que el gobierno está realizando. No caben medidas, supuestamente alternativas que solo pretendan enmendar la plana y no transformar las estructuras sociales injustas.

Los socialistas tienen que enfrentarse a su realidad ideológica y alejarse de las políticas de los últimos años. Reconocer cuáles han sido las causas del descenso del apoyo electoral y buena parte del rechazo social. Les toca rectificar y cambiar el rumbo ciento ochenta grados, por un nuevo sistema con una estructura democrática, libre, justo, igual y solidario. Una nueva estrategia que oriente las políticas al servicio ciudadano.

«Es preciso reivindicar la intervención del Estado para equilibrar el monopolio de los mercados, apostando por una defensa de lo público e impedir que el Estado del Bienestar siga desmoronándose, apostando por políticas de inequívoco contenido social», dice el Manifiesto El cambio comienza en Madrid de la Plataforma + Izquierda Madrid. Hay que seguir en el empeño y defensa de la sanidad y la educación pública, poner en práctica  políticas que defiendan la igualdad y contribuyan a mantener los derechos y libertades que se ven amenazados por los recortes de la derecha.

Hay que terminar con la particular «Solución final» made in PP, que ha desmantelado servicios especializados, hospitales y atención primaria, no con la finalidad austera de reducir gastos y mejorar la gestión de los recursos, sino para que los enfermos, especialmente los crónicos, sean los primeros en caer. Después están las personas dependientes, los marginados y los ancianos desprotegidos con bajas pensiones. En la misma línea de la propuesta de la ministra de sanidad de Lituania, Salaseviciute, que propone la eutanasia para acabar con los pobres. O lo manifestado por el PP de Anchuelo: «Pagar tratamientos para enfermos crónicos o terminales es un desgaste económico para cualquier gobierno». No es la primera vez que España planea una solución final; lo estudió la UCD para Euskadi al estilo de Videla. Por su parte Franco conocía la magnitud del genocidio sistemático de la población judía, que llevaba a cabo Hitler y no movió ni un dedo para evitarlo.

No se puede hacer una oposición de cara amable, ha de ser contundente, que denuncie las tropelías del gobierno; no basta con votar en contra de sus medidas, habrá que abandonar los hemiciclos, para que ni con la presencia se legitime la ignominia. Y todo hacerlo en un frente amplio de izquierdas. El enemigo político, irreconciliable, es el que representa el Partido Popular. Contra él, respuestas alternativas, contrarias a las demandas de los mercados y de la Unión Europea, cuyas instituciones están en poder de esa misma derecha económica. La izquierda española tiene modelo alternativo para establecer una sociedad justa, en la que la igualdad sea una realidad y la solidaridad una forma de ser y actuar. Hay que recuperar la ideología socialista, con todas las consecuencias, con su fondo y su forma. Para superar la falta de conexión con la gente, hay que conectar con las expectativas ciudadanas.

Para todo es necesaria una reforma constitucional, que diseñe el nuevo modelo de convivencia en un estado republicano y federal, donde queden blindados derechos y libertades, en una democracia participativa, con mayor control de las instituciones por parte de los ciudadanos. El compromiso tiene que seguir siendo difundir y aplicar valores y principios identificados con la justicia social, la igualdad y solidaridad. Hoy, como ayer, la lucha sigue siendo necesaria para conseguir los mismos objetivos.

(*) Víctor Arrogante es profesor y columnista.