¿Una tragedia evitable?

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Carteles contra el acoso y en memoria de la joven fallecida, en el IES Ciudad de Jaén. / Luca Piergiovanni (Efe)

La noticia golpea: una adolescente de 2º de ESO se suicida en Madrid tras sufrir acoso escolar. Según parece, otro alumno le exigía dinero y la coaccionaba con mensajes. “Estoy cansada de vivir”, escribió por WhatsApp antes de poner fin a su vida.

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La reacción de la administración educativa fue ordenar a los profesores que no hablasen con los medios informativos, enviar a varios inspectores en vez de mandar psicólogos y abrir un expediente al director del centro. Mal enfoque, que deja en segundo plano la atención al alumnado y parece querer fijarse más en los procedimientos y en las responsabilidades de otros que en la suya propia. Como se dice desde CCOO: “la consejería debería investigarse a sí misma para saber qué ha pasado”.

El caso de acoso se había detectado con anterioridad y se ha cumplido el protocolo de forma impecable: reunirse con la víctima y el alumno acosador y sus familias, comunicarlo a la inspección, alentar una denuncia ante la policía… La administración intenta agarrarse a lo que puede para convertir el hecho en una cuestión burocrática. Algo que resulta absurdo y poco eficaz. Tanto como la exigencia de leyes más duras que se oye desde algunos sectores que quieren criminalizar un problema educativo, de recursos y de situaciones sociales degradadas.

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El fondo del asunto es el deterioro al que están sometiendo a algunos centros educativos públicos desde la consejería de Educación: recortes y menor inversión educativa, y redistribución de ésta hacia los centros concertados. El centro donde cursaba sus estudios la joven tiene 1.200 alumnos, faltan profesores y personal educativo, las aulas están abarrotadas y son muy numerosos los alumnos con necesidades educativas especiales. Tiene solo una orientadora y según la UNESCO se recomienda uno por cada 250 alumnos. Y esto en un barrio del sur de Madrid muy deteriorado por la crisis. La petición de un segundo orientador, como en otros institutos de difícil desempeño, ha sido rechazada siempre por la administración educativa. Cómo será que el AMPA y la plantilla de profesores llevaban dos años de protestas exigiendo más recursos y plantilla (NOTA 1 AMPA). El profesorado ha venido realizando paros parciales todos los jueves durante un trimestre de este curso. La situación era tan alarmante que el AMPA presentó una denuncia ante la Fiscalía de menores.

Desde luego, de algo podemos estar seguros: unos centros educativos mejor dotados en plantilla y en recursos, unos departamentos de orientación reforzados, una administración que escuche las demandas, una formación del profesorado y del alumnado en convivencia y en valores aumentarían las posibilidades de evitar estas tragedias.

Pilar López, orientadora de un instituto de Madrid, me escribe esa reflexión:

Si yo fuese García Márquez tendría que volver a escribir su ‘Crónica de la muerte anunciada’ después de leer la escalofriante noticia de una menor que se ha suicidado por acoso en un instituto del sur de Madrid. Yo soy solo una orientadora de otro centro público que siente a diario la preocupación de no poder atender a todos sus alumnos (530) en las condiciones que los adolescentes necesitan y merecen. Solo puedo solidarizarme con el profesorado de ese instituto que tienen más del doble de alumnado y sentir su impotencia, que lejos de la resignación se convirtió en reivindicaciones muy serias a través de peticiones, encierros y paros. ¿Y qué pedían con tanta insistencia? Ya ven, solo un segundo orientador, un profesor/a de compensatoria y otro de servicios a la Comunidad y un curso para formarse en técnicas de mediación que siempre resultan útiles y preventivas.

El acoso y la muerte de esa joven me sacuden de abajo arriba. Nadie sabe lo frágiles que son los adolescentes, especialmente si se encuentran aislados y no encuentran salida a sus problemas. La víctima aparece en toda su indefensión en un oscuro callejón sin salida. ¿Y el acosador? ¿Es el único culpable? Ahora vendrán de nuevo clamores para pedir la rebaja de la edad penal, y el aumento de policías. Y acusarán a los profesores de negligencia encima. ¡Qué conclusiones tan simples! Prefiero dejar unas preguntas que nadie responderá ¿De dónde sacan tiempo los tutores para poder escuchar a nuestros jóvenes? ¿Y el espacio para el desarrollo moral en las aulas? ¿Dónde los recursos humanos que la escuela necesita? ¿Dejamos la educación a los policías tutores y a los jueces? Pues vamos muy mal por este camino.

Efectivamente, la escuela pública debe educar para la vida y ayudar a formas ciudadanos, informados, críticos y comprometidos. También tiene que ser optimista en el sentido de que la sociedad puede mejorarse entre todos y debemos comprometernos en ello. El miedo no puede ser una visión del mundo.