La LOMCE fracasa con las reválidas

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Imagen de la reunión mantenida por la comunidad educativa participante en la elaboración del “Documento de Bases para una nueva Ley de Educación” en el Congreso de los Diputados con los partidos políticos el pasado 28 de mayo. / porotrapoliticaeducativa.org
Imagen de la reunión mantenida en mayo del año pasado en el Congreso por la comunidad educativa, participante en la elaboración del “Documento de Bases para una nueva Ley de Educación”, con los partidos políticos. / porotrapoliticaeducativa.org

Medio millón de alumnos están llamados esta semana a realizar la prueba externa de 6º de Primaria que establece la LOMCE . Y el caos no puede ser mayor. Se juntan varios factores que indican que apenas se va a aplicar. Estamos hablando del gran rechazo que provoca una ley impuesta por el PP, del cuestionamiento de la utilidad de las reválidas, del cambio político producido en las comunidades autónomas en 2015 y de los llamamientos al boicot de la prueba. Es la tormenta perfecta para que más del 70% del alumnado no la haga. 

La LOMCE carece de toda legitimación social y política, aunque se haya aprobado formalmente en el Parlamento en una coyuntura política que ya no existe. Que de esta realidad no hayan querido darse cuenta el PP y Rajoy dice mucho de la arrogancia con la que nos han gobernado. Una ley tan denostada desde el principio por la falta de consenso no puede esperar que su aplicación sea pacífica. La inmensa polémica y rechazo que produce por ser una ley impuesta por el rodillo parlamentario se está traduciendo en fuertes resistencias a su puesta en marcha. Hay que recordar el compromiso de derogarla de todos los partidos políticos de la oposición y que en la reciente y efímera legislatura se aprobó por amplia mayoría su paralización. Algo de puro sentido común, pero del que ostensiblemente carece el gobierno.

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Hay un rechazo de las pruebas externas por amplios sectores de la comunidad educativa. Porque buscan el control burocrático sobre el aprendizaje y el profesorado. Por aplicarse de forma descontextualizada, sin considerar circunstancias personales y sociales (algo que puede hacer el profesor que conoce al alumno) y no medir el avance conseguido por cada niño y niña y por cada centro. Por estar basadas en contenidos memorísticos, estandarizados, que dificultan la innovación pedagógica y devalúan el aprendizaje, convirtiendo a los centros y al profesorado en preparadores para superar un test. Además de lo aburrido que es lo anterior, quitan funciones al profesorado en orden a la evaluación de sus alumnos, ya que estas pruebas se realizarían por otros profesionales ajenos. Y por esto mismo, son muy caras.

En la práctica las reválidas convierten la educación en una carrera de vallas, de superación de obstáculos pensados para segregar, penalizar y generar estrés desde muy pequeños(en 3º y 6º de Primaria la edad es de 8 y de 11 años). Y hay que superarlas para poder titular en ESO y Bachillerato, jugándose muchos años de escolarización en un examen. Detrás de ellas subyace una filosofía neoliberal que busca clasificar, segregar y exacerbar la competitividad entre centros y alumnado, en vez de fomentar la cooperación. En fin, puro darwinismo escolar. Hasta con la ley General de Educación franquista de 1970 se suprimieron las “temidas reválidas“ que el tándem Rajoy-Wert han resucitado.

Claro que hay que evaluar, pero de otra manera: de forma integral a todo el sistema, con la participación democrática de toda la comunidad educativa y de los centros, con carácter formativo y dando recursos a quién más lo necesite para compensar y corregir problemas. Nunca clasificando a los colegios con la publicación de los datos y la elaboración de un ranking que distinga y estigmatice. La evaluación ha de estar al servicio de la mejora de la educación o no sirve más que para cristalizar las desigualdades y hacerlas crónicas.

Después de intentar sin éxito convencer al Ministerio de Educación de su paralización, finalmente doce comunidades autónomas no la realizarán tal y como establece la ley. Y ello supone que sólo las harán las cinco gobernadas por el PP: Madrid, Galicia, Castilla y León, Rioja y Murcia (más Ceuta y Melilla). Las comunidades insumisas se dividen entre quienes han recurrido el real decreto y están en espera y las que aplicarán alternativas para burlar la ley (las gobernadas por el PSOE), no haciendo la prueba y sustituyéndola, por ejemplo, por informes individualizados de cada alumno realizados por sus propios profesores.

Además de las críticas de la comunidad científica expresadas contundentemente por el Foro de Sevilla, los sindicatos del profesorado, las familias, la Marea Verde y las Plataformas por la Escuela Pública, muchas organizaciones defienden el boicot a estas pruebas. La CEAPA, mayoritaria en la educación pública, llama a los cuatro millones de familias que representa a no llevar a sus hijos al colegio los días de las pruebas. Los sindicatos progresistas del profesorado rechazan rotundamente las reválidas y realizan campaña contra ellas. El sindicato CGT ha convocado en Madrid huelga los días 11 y 12 de mayo para dar cobertura legal al profesorado que se niegue a ser aplicador de las pruebas. Plataformas por la Escuela Pública como la de Vallecas, siempre muy activa y con éxitos en el tema del boicot a las pruebas CDI, seguirá trabajando para que las familias no envíen los niños a clase. La Marea Verde ha habilitado una campaña de recogida de firmas contra las reválidas.

Por no haber negociado la paralización de las pruebas, el Ministerio de Educación y las Consejerías autonómicas del PP se van a enfrentar a una situación de desobediencia masiva, aunque intenten negarlo. Si la suma de resistencias hace que tres de cada cuatro alumnos no realicen la prueba de Primaria, estamos ante un rotundo fracaso en la aplicación de la LOMCE. Y mal asunto cuando el maximalismo de un partido le lleva a aprobar leyes que sólo las cumplen los suyos. Hay que enterrar una ley que nació sin contar con la comunidad educativa y sin respaldo social y político y que hace aguas por todas partes. Es necesario elaborar una nueva legislación que asegure el carácter público, gratuito y laico de la educación. Y urge revertir los recortes que sólo entre 2008 y 2011 supusieron el 19,4% del gasto en educación para poder garantizar la equidad y la cohesión social en este país.

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