Decimos municipalismo

Emilio Delgado Orgaz *

'Municipalismo' es un término que ha ido ganado peso en el debate político tras la victoria en mayo de 2015 de numerosas candidaturas vecinales en las principales ciudades del país. Así, Madrid, Barcelona, Cádiz, Zaragoza, Compostela o Coruña, entre otras, fueron escenarios de profundos cambios electorales en los que, tras haber tomado las plazas, la ciudadanía conquistaba también sus instituciones más cercanas.

Pero no sólo ocurría en las grandes ciudades. Una constelación de municipios de tamaño mediano y pequeño, así como cientos de pueblos, se sumaban a la ola del cambio. Una idea de cambio que actuaba como denominador común de diferentes iniciativas políticas que compartían la vocación de devolver a la política su función primordial: velar por el bien común y devolver el poder a una ciudadanía harta de acudir a la vida política como mera espectadora.

Estos dos principios, que constituyen la columna vertebral de las candidaturas municipalistas, se despliegan posteriormente en una serie de acciones concretas: recuperación de espacios y servicios privatizados, reorientación presupuestaria hacia la defensa del interés general, limitaciones salariales de los cargos públicos, generación de procesos de participación para la toma de decisiones de cuestiones relevantes para los ciudadanos, etc.

Los ejemplos de estos actores políticos, sus acciones y omisiones, van a ser mirados con lupa por aquella parte de la ciudadanía que se mueve entre el rechazo a lo conocido y el miedo al cambio, convirtiéndose su actuación, por tanto, en una prueba de fuego que, de superarse, generará las condiciones de posibilidad de nuevos avances en el futuro para las fuerzas de cambio.

Al hilo del rumbo que están tomando los acontecimientos en España, puede que los Ayuntamientos donde gobiernan y cogobiernan sean además los encargados de contener la ofensiva conservadora que puede desatar el Partido Popular si es que finalmente se hace con el Gobierno del país. Por ello, quizás resulte útil reflexionar sobre las prácticas, los retos y los éxitos de este movimiento político de carácter local que con distintas fórmulas y escenografías ha puesto a los Ayuntamientos en el centro de la gran batalla política en nuestro país.

Algunas de estas candidaturas, con buen criterio, establecieron sus hojas de ruta tras hacer un análisis de la realidad de manera participativa y, al mismo tiempo, exhaustiva. En Móstoles, por ejemplo, más de ochocientas personas fueron encuestadas por una red vecinal de personas voluntarias que participaron en un proyecto de investigación social. Decenas de vecinos y vecinas recibieron formación como encuestadores, crearon pequeños grupos que se ocupaban de distintas manzanas de la ciudad y, en coordinación con varios sociólogos, elaboraron un estudio acerca de cuáles eran las principales demandas de la ciudadanía.

A la hora de generar vínculos comunitarios que permitan cohesionar a la población alrededor de un proyecto de transformación, es imprescindible comenzar por los intereses del otro, no de los propios. En el caso que nos ocupa, se trataba de comenzar por aquellas demandas mayoritarias, reconocidas de forma general por la ciudadanía y que no encuentran cauce en los partidos tradicionales.

A partir de ahí, e instaladas ya en las instituciones, las candidaturas comenzaron a completar el diagnóstico a través del conocimiento concreto de “la casa”: número y situación de los funcionarios, de los servicios municipales, de las posibilidades presupuestarias y el estado financiero del municipio, de las cláusulas de los contratos firmados, del resto de fuerzas políticas y agentes sociales, etc. Sólo con el conocimiento prolijo del terreno que pisamos estamos en condiciones de demostrar que un gobierno de cambio es beneficioso para el conjunto de la población. Que se pueden hacer, y se hacen, las cosas mejor de lo que las hacían antes los viejos partidos.

Sin este trabajo previo, se corren dos riesgos. El primero es compensar la falta de ideas y propuestas sobre una realidad que no se conoce bien mediante abstracciones o generalidades que suelen ir dirigidas a satisfacer las expectativas de la base más militante de la candidatura, que no tiene por qué coincidir con las del grueso del electorado que la avaló en las urnas. Así encontramos en algunos plenos municipales que la falta de propuestas concretas de ámbito local se trata de paliar con mociones sobre graves injusticias internacionales, declaraciones sobre cuestiones de ámbito estatal o iniciativas de carácter particular que no influyen ni preocupan a la mayoría de las personas de la ciudad.

El segundo riesgo es hacer un ejercicio de continuismo seguro sobre lo que ya trabajaron otros en gobiernos anteriores, refugiarse en la zona de confort de lo posible sin tratar de ampliar ese horizonte. Quedar atrapado en la gestión cotidiana y el mantenimiento de la ciudad sin un horizonte político de transformación de las relaciones que la atraviesan.

Cualquiera de estas dos tendencias vacía o merma la capacidad de desencadenar procesos amplios en los que se reconozca e implique el grueso de la vecindad, limitando de forma seria las posibilidades en el presente, e hipotecando, sin duda, las de futuro.

Sin embargo, abundan los ejemplos de buen municipalismo. No son pocas las iniciativas que han pasado de presentarse como propuestas a ser hoy hechos consumados: aumento en el presupuesto de ayudas para material escolar y libros de texto de más de un 100%, creación de comisiones de investigación de los casos de corrupción que han golpeado a las arcas públicas municipales, remunicipalización de servicios como BiciMad o la Funeraria de Madrid, vigilancia y mejora de otros servicios cuyos contratistas abusaban de la concesión sin desarrollar adecuadamente los trabajos, recuperación de vivienda pública en manos de fondos buitre, reducciones importantes del gasto público en salarios de concejales y alcaldes, reversión de los recortes en materia de igualdad y violencia machista, inclusión de cláusulas sociales en los nuevos contratos con la administración local, etc. Y lo más importante es que todo esto se ha hecho al mismo tiempo que se amortizaba deuda municipal, deuda que ha sido y sigue siendo una excusa en otros municipios para no afrontar las necesidades de la mayoría social. Con ello se demuestra que es posible ser más sensible a las demandas sociales y gestionar con solvencia las instituciones.

El buen municipalismo es también consciente de que sólo puede desarrollarse en una sociedad viva, dinámica, que tiene expectativas e ilusiones. En la tensión creativa y fecunda de pueblos y ciudades en los que se multiplican los nudos comunitarios: centros de mayores, clubs deportivos, centros de ocio, movimientos sociales, medios de comunicación, casas regionales, asociaciones de vecinos, etc. Y, por tanto, atiende e impulsa las condiciones en las que pueden nacer y crecer todo este tipo de iniciativas sin las cuales lo que queda es el bien conocido desierto de lo real: una multitud que coexiste, pero no convive, que se aísla del resto y, por tanto, se fragmenta y convierte en productora, consumidora y votante, normalmente de opciones políticas alejadas de sus propios intereses.

El desencadenamiento de estos procesos sociales y políticos en el ámbito local encuentra sin embargo un freno administrativo y legal derivado de la subordinación de los municipios y sus limitaciones financieras y competenciales, vaciando de contenido el principio de autonomía local, que no puede hacerse efectivo sin las condiciones materiales que lo garanticen.

Si durante décadas se ha aplazado una segunda descentralización que vaya de las Comunidades autónomas a los municipios y un abordaje legal de su financiación que establezca un sistema estable, equilibrado y transparente, con la puesta en marcha de la ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de las corporaciones locales, conocida como Ley Montoro, podemos hablar hoy sin margen de error de una situación municipal de estrangulamiento financiero-competencial. Si de una parte sus competencias se ven amenazadas, también sus capacidades se ven reducidas por la falta de financiación y de liquidez.

Por lo anteriormente expuesto, desde el Congreso de los Diputados, el grupo parlamentario de Unidos Podemos hemos presentado una proposición con el objetivo de derogar aspectos sustanciales de esta ley que ha supuesto un estrangulamiento financiero de los municipios y ha dejado en papel mojado el principio de autonomía local. Desde el Grupo Parlamentario de Podemos en la Comunidad de Madrid, hemos trabajado en tres líneas principales:

De una parte, en el marco de la futura reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, hemos propuesto que se implemente un sistema estable, equilibrado, transparente y proporcionado de financiación local, que garantice la suficiencia financiera de las entidades locales.

Con el objetivo de que los municipios puedan poner en marcha estrategias de gobierno a medio y largo plazo que propicien y estabilicen cambios y mejoras,  éstos han de conocer a ciencia cierta con qué recursos cuentan y de qué competencias habrán de hacerse cargo. En este sentido, el mencionado sistema de financiación debe contemplar los parámetros, criterios y principios rectores que, desde la construcción de un sistema solidario y cooperativo interadministraciones, garantice la convergencia, el equilibrio territorial y la cohesión social.

El nuevo sistema de financiación debería incluir indicadores que permitan objetivar la necesidad de gasto y la capacidad fiscal, de manera que, a través de su análisis y seguimiento, se contribuya a una adecuada distribución de los recursos y a un justo equilibrio territorial en la región. Igualmente, deben explicitarse la naturaleza y el reparto de los espacios fiscales, propios o compartidos; las cuantías de las transferencias para garantizar la suficiencia de los servicios esenciales y el desarrollo de las competencias de los Ayuntamientos, así como los recursos y mecanismos de acceso al crédito.

En segundo lugar, y en ausencia de este sistema de financiación, entendemos que el Plan Regional de Infraestructuras y Servicios (PRISMA) es una herramienta fundamental de atención a los municipios que ha sido gestionada con una irresponsabilidad pavorosa en la medida en que se ha visto atravesada por la trama Púnica, la opacidad y la discrecionalidad. Por ello, hemos propuesto una batería de mejoras que consoliden este plan como una herramienta útil y democrática que permita a las corporaciones locales atender al menos sus necesidades más urgentes.

Como tercera línea de trabajo, hemos promocionado la Red de Municipios por el Cambio, que aglutina a la gran mayoría de candidaturas de unidad popular de nuestra región. El objetivo de esta red es coordinar políticas de ámbito autonómico que afectan a nuestros municipios, así como establecer un marco de encuentro mediante el cual las candidaturas de cambio puedan actuar de forma coordinada en espacios de vital importancia como la Federación Madrileña de Municipios.

Finalmente, queda en manos del Gobierno central una reforma del sistema de transferencias en los presupuestos generales del Estado que traten con justicia a los órganos administrativos más próximos a la ciudadanía.

En la actualidad, el 50% de los presupuestos estatales atienden al Estado central, el 37% a las CCAA, y tan sólo el 13% es destinado a los municipios. Una redistribución más equitativa, junto al mencionado sistema de financiación local y una descentralización competencial de las CCAA a los Ayuntamientos, redundaría en una democratización de nuestro aparato administrativo multiplicando las posibilidades de incidencia de las políticas locales.

En la armonización de estos cuatro niveles –sociedad, administración local, comunidades autónomas y Estado– está la posibilidad de vertebrar un nuevo modelo social más justo, transparente y democrático.

(*) Emilio Delgado Orgaz, Diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid.