Más chulo que Granados ante un juez

Cuatro o cinco preguntas bastaron al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco para darse cuenta de que la intención real del ex secretario general del Partido Popular madrileño Francisco Granados, presunto cabecilla de la trama de corrupción Púnica, no era la de colaborar con la Justicia sino la de simular un cambio de estrategia procesal con el que volver a solicitar su salida de la cárcel de Estremera, en la que se encuentra desde el 31 de octubre de 2014, mientras se le investiga como jefe de una organización criminal dedicada a amañar contratos públicos a cambio del pago de comisiones ilegales.

Si algo no le falta a Francisco Granados, el hijo de agricultor hecho a sí mismo, el primer alcalde del sur de Madrid que rompió a base de mayorías absolutas el hasta entonces cinturón rojo metropolitano, el político top de la campechanía que compadreaba con la prensa mientras se convertía en menos de un lustro en el número tres del Gobierno de Esperanza Aguirre y del PP regional, es chulería madrileña. O para ser más exactos, de Valdemoro.

Y con ese estilo nunca perdido, que ni siquiera la estancia en la prisión que él mismo inauguró siendo consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid le ha robado, se presentó Granados ante el juez instructor del caso Púnica, al que demostró que se ha estudiado el sumario de cabo a rabo antes de hilar una versión aparentemente coherente de los hechos que se le imputan pero absolutamente increíble para el magistrado, las fiscales Anticorrupción y los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que llevan más de dos años poniéndole contra las cuerdas.

Más chulo que un ocho paseándose por la Gran Vía, el hombre que clamaba en televisión contra los “políticos sinvergüenzas” porque había que apartar el trigo (él) de la paja (los otros); el que advertía desde su escaño al diputado socialista Adolfo Navarro que, si todos los políticos socialistas imputados por corrupción dejaran el partido, el resto cabría en un taxi, trató de explicar al juez que las cantidades anotadas en su agenda personal, que su exsocio David Marjaliza vinculó con donaciones al Partido Popular madrileño, en realidad ilustraban el número de asistentes que acudían a mítines o actos de la formación. Y que las siglas que estaban anotadas al lado no eran las de empresarios que ayudaban a Esperanza Aguirre a convertirse en la lideresa nacional que martilleaba, un día sí y otro también, al Gobierno de Zapatero mientras amagaba con empujar a Rajoy para liderar el PP a la imagen y semejanza del añorado Aznar.

Así, Granados, el que decía convencido en las tertulias que “nunca había visto un sobre” y que no había cobrado “ni en blanco ni en negro” de su partido, ni siquiera torció el gesto para sostener ante Eloy Velasco que las siglas JEC no corresponden a un generoso benefactor de Génova sino a un acto que denominó Junta Educación. O que LD no es un empresario amigo sino la abreviatura de Lista de Diputados. O que JLM no es Javier López Madrid, el directivo de la constructora OHL y yerno del presidente, Juan Miguel Villar Mir, sino un supuesto colaborador llamado José Luis Moreno. O que ME, el pronombre personal en inglés con el que, según los investigadores, el exdirigente popular consignaba las entregas que él mismo se quedaba, se correspondía con los actos en Municipios Estratégicos.

Todo en el marco de una supuesta colaboración que quiso exhibir al contestar a las preguntas formuladas por todas las partes personadas en el procedimiento salvo a la única que le hizo la acusación popular de la Asociación de Abogados Demócratas de Europa, cuya representante en el interrogatorio se interesó por si Granados y su esposa, Nieves Alarcón, repartían a su gusto las cestas de Navidad de la empresa pública Arpegio.

Granados combinó este mensaje con la afirmación de que no tiene patrimonio oculto en el extranjero y que por eso no piensa repatriarlo ni ponerlo a disposición de la Justicia, y que todas las acusaciones realizadas por el constructor David Marjaliza, su antiguo socio y amigo desde los tiempos en los que los adolescentes se conocieron en las Nuevas Generaciones de Valdemoro, no son más que “una fábula” con la que pretende manchar su nombre y, por extensión, el del Partido Popular madrileño.

Y esa es la gran carga de profundidad que dejó también Granados en su declaración judicial: que nadie puede dudar de la honorabilidad de Esperanza Aguirre y que la lideresa  nunca habría permitido que su partido se financiara de forma ilegal. O dicho en palabras de su nuevo abogado, Carlos García de Ceca, que su cliente no tiene previsto “tirar de la manta” porque eso significaría “destapar a otro”. Una mano tendida (o una amenaza) después de meses enviando, por boca de sus anteriores abogados, el mensaje de que la vida en Estremera es dura y se estaba cansando de ella. Aunque Granados haya decidido quedarse en la cárcel una temporada que para eso la inauguró él.

(*) Alfonso Pérez Medina es periodista.