Más allá de la despensa urbanita

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Miguel Reinares Nestares y Elena Gallego Bermúdez *

Durante décadas, el espacio rural ha padecido las políticas desarrollistas en un proceso de asimilación de lo rural con lo agrario o ganadero construyendo una relación de lo urbano hacia lo rural de carácter extractivo en tanto a las necesidades que las ciudades densamente pobladas han ido generando para su abastecimiento.

Este proceso, iniciado en mitad del siglo XX, transformó la percepción social de los pueblos y, como consecuencia, dio lugar a un proceso de desigualdad y dominación sociocultural que se refleja en el propio lenguaje cuando se comparan términos como "urbanidad" con "pueblerino"; ninguno de ellos tiene un significado peyorativo, pero el componente subjetivo establece valores positivos para el primero y negativos o ridiculizantes para el segundo.

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El sucesivo desarrollismo de carácter primordialmente urbano fue extrayendo del espacio rural productos básicos para la alimentación y materias primas pero también recursos humanos necesarios para la actividad de las ciudades provocando un éxodo masivo desde los pueblos a las urbes e iniciando un proceso hasta ahora irreversible de despoblación y abandono.

La quiebra entre el mundo urbano y el rural supone, en el Estado español, una construcción de país desequilibrada e insostenible. No solamente se pone en riesgo elevado el sistema de producción y suministro de productos alimentarios agrarios y ganaderos, cediendo la soberanía alimentaria a un sistema globalizado y controlado por grandes multinacionales, también elementos indispensables para un futuro sostenible, como la generación de energías limpias, el medio ambiente, la calidad del agua o la diversidad de fauna y flora.

Los motivos de este proceso de polarización urbana y económica, que han dejado malparadas las capacidades endógenas y territoriales del medio rural son múltiples, una miscelánea de sectores mal oídos y mal gestionados, pero en intrínseca relación de descenso con el desarrollo y el crecimiento de la sociedad que allí se asienta. Esta forma de pensar la vida nos ha conducido a la situación actual de crisis ambiental, económica y de valores, obstaculizando otras formas de crear, de relacionarse, de sentir, etcétera, que pueden descubrirse en esa ventana abierta de oportunidades que es el mundo rural y que los gobiernos tradicionales insisten en reflejar como la despensa de las grandes ciudades, de forma que han ido paliando derechos de habitabilidad a las personas que viven en/de los pueblos.

Más aún, la dominación de lo urbano sobre lo rural supone la pérdida de aquellos elementos que han configurado durante siglos las bases de cohesión social; nos referimos al conocimiento ancestral construido durante siglos, a las tradiciones sobre las que se cimenta nuestra identidad, a la cultura y su patrimonio --material e inmaterial-- que reflejan un proceso de siglos, fusionando nuestra particular cosmogénesis desde la diversidad.

También, y no menos importante, se destruye un modelo social que relacionaba mujeres y hombres con el entorno natural, con la biodiversidad, y entre ellas y ellos, un constructo basado en herramientas de articulación social y actuaciones comunes, no en un modelo de solidaridad, sino de corresponsabilidad.

Considerar el mundo rural desde el pesimismo colabora en el alejamiento del concepto de articulación de un país para todas y todos; sin embargo, si la percepción es la de un espacio con potencialidad de crear oportunidades y capacidades para quienes deseen mantener o desarrollar proyectos vitales, entonces hablamos de igualdad de derechos y oportunidades, de la posibilidad de construir una arquitectura social complementaria y proactiva con los entornos urbanos, y que permita a la gente del mundo rural interrelacionarse entre ellas y ellos y, algo esencial, permitir también su posibilidad de interrelación normalizada con el resto de un mundo globalizado; de esa articulación de una nueva arquitectura devendrá la capacidad de generar nichos de empleabilidad basados en teletrabajo, energías limpias, medio ambiente, trabajos forestales, servicios, cultura, salud, educación, cuidados, etcétera.

Y más allá, y considerando esencial que de la existencia de trabajos depende la permanencia, hay otros factores determinantes para el desarrollo de proyectos vitales desde la cotidianeidad, como el ocio y la movilidad, especialmente cuando pensamos en colectivos de jóvenes y mayores.

La articulación social de las gentes del mundo rural ha venido organizándose, en la mayor parte de los territorios, en el marco de las comarcas, unidades geográficas supramunicipales y que aglutinan nexos de identidad y homogeneidad social y cultural que las convierte, en el momento actual, en la unidad básica territorial sobre la que aplicar políticas encaminadas a una solución sostenible y equilibrada del mundo rural.

La distribución del poder representativo y presencia en los espacios de toma de decisiones deben dibujar un esquema en el que provincias y diputaciones disminuyan su poder que asumirían las comarcas en las que los municipios deberán estar adecuadamente representados en su papel de administración más cercana a la ciudadanía.

Existe base normativa sobre la que cimentar el proyecto de reconstrucción del mundo rural, la Ley 45/2007 pare el Desarrollo Sostenible del Medio Rural (LDSMR) aprobada durante mandato socialista y que, aunque insuficiente, serviría para iniciar el proceso.

Esta ley jamás ha sido dotada adecuadamente de recursos ni ha habido, por las fuerzas del bipartidismo, voluntad política real de llevarla a cabo. Ha sido más sencillo para los sucesivos gobiernos, esconder una política rural coherente tras la cortina de los recursos económicos procedentes de la PAC (Política Agraria Común), que ha permitido a Partido Popular y Partido Socialista establecer y mantener redes clientelares en sus espacios de control político.

Cabe resaltar que no es prioritario en las asignaciones de la PAC, a interpretación de PP y PSOE que los perceptores residan en el mundo rural y que los mayores perceptores son grandes fortunas que mantienen una relación cortijil con el campo, los pueblos y sus pobladores.

Para 2017 corresponde una nueva revisión de la asignación de los recursos procedentes de la PAC, por lo que orientarla adecuadamente hacia pobladores de los territorios rurales debe de ser el eje de las decisiones. Pero ello requiere de una voluntad política que, hasta ahora, no se ha demostrado.

Son muchos otros los aspectos sobre los que actuar para la articulación de esa arquitectura social necesaria en el mundo rural, algunos modelos de éxito deberían servir de reflejo para adoptar políticas adecuadas, el de Alsacia, por ejemplo.

Es en uno de ellos, el cultural, donde pretendemos también poner un acento en esta ocasión. La cultura rural se conforma como argamasa y expresión de los diferentes constructos sociales de nuestros pueblos y comarcas. Este patrimonio ha ido sufriendo un intento de adaptación a los tiempos marcados por las grandes urbes, sin cambiar ni su significancia ni los elementos específicos que la definen, pero frustrando su actualización por la falta de infraestructuras necesarias para su conservación y dinamización adecuada, que es lo que, en parte, aseguraría y procuraría el derecho a la alegría de nuestros pueblos.

Las prácticas culturales y la sabiduría popular acerca de su entorno y, por tanto, la creatividad y las artes que surgen de su gestión, tienen que ver con un sistema de reciprocidad decretado de forma natural por medio de la ayuda mutua, que da lugar a la construcción de identidades generadoras del sentido de pertenencia a un grupo social, cuyo beneficio común suele ser el de la distribución de uno o varios recursos materiales (gastronomía, cultivos, etcétera). o inmateriales (refranes, leyendas, amistad, vecindad, etcétera). Generándose así esa arquitectura social ligada a los resultados de estas interacciones entre integrantes de diferentes grupos sociales, dentro de un mismo territorio que, por medio de la cooperación, establece una serie de lazos que fijan la población y nivelan y horizontalizan en cierto modo a la sociedad.

Queremos, finalmente, reivindicar un elemento que es condición indispensable y sin el que ninguna otra decisión será posible. Hablamos de la eliminación total de la brecha digital.

El derecho a la información, a la formación, al ocio, a las relaciones interpersonales, al trabajo, a la eficiencia, a la salud, a la educación, a la cultura… pasa necesariamente por un acceso universal adecuado a las redes de telecomunicaciones.

Consideramos de vital importancia que el Estado español otorgue a las telecomunicaciones categoría de sector estratégico de desarrollo equilibrado y sostenible de forma que obligue a las empresas que operan en nuestro territorio a asegurar una cobertura adecuada y suficiente en todo el territorio y a un coste asumible.

(*) Miguel Reinares Nestares es secretario político de Podemos La Rioja y Elena Gallego Bermúdez es responsable de Patrimonio Cultural de Podemos.
1 Comment
  1. matusalen says

    joder!! en mi pueblo estan zumbando todo el dia con el feis y el wasa los prejubis….y esta en el culo del mundo…compran como gochos por net, al tiempo que la red de comercio presencial disminuye a la velocidad del alonso…supongo que el guaje que tienen dirigira una networkin de esas desde el desvan de la choza y no tendra que emigrar, aunque si gana unas perres de televendedor en madri pues algo le quedara de los euros que marchan de alli como el agua del rio pal pantano pa luz, y con el que chufara el telefono en coslada o por ahi….

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