DERECHO A DECIDIR / Una honda fractura separa al estrato intelectual del país de buena parte de sus capas populares

El gen de Don Pelayo

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Estatua de Don Pelayo en la localidad asturiana de Covadonga
Estatua de Don Pelayo en la localidad asturiana de Covadonga, desde donde, según la leyenda, arrancó la Reconquista. / José Luis Cernadas Iglesias (Flickr)

Supongo que quienes durante el último lustro se han negado en rotundo a consultar a la población catalana sobre su independencia deben sentirse satisfechos. La penosa situación que atravesamos se debe, en última instancia, al triunfo de sus designios. En la impugnación académica y mediática del llamado ‘derecho a decidir’ ha sucedido algo revelador. Lo que a la mayoría de la población resultaba una reivindicación autoevidente, que cae por su propio peso, a periodistas, catedráticos y filósofos parecía una aberración intolerable. La honda fractura que separa al estrato intelectual del país de buena parte de sus capas populares se ha hecho muy visible en este punto.

Se ha sostenido con gravedad que el ‘derecho a decidir’ no existe, porque no está recogido en la Constitución, que tampoco cabe asimilarlo al derecho de autodeterminación de los pueblos en un contexto descolonizador, y que no tiene precedente alguno en la política moderna. Aunque esta última pretensión sea discutible, existiendo los casos de Quebec y Escocia, admitamos la validez de todos esos argumentos. Pero, ¿qué legitimidad resta a un derecho colectivo el que se plantee con entera novedad, sin sostén en precendente alguno? ¿Es que la fuente de la legitimidad solo procede de lo ya constituido?

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«Todos los derechos colectivos que lograron imponerse tuvieron un momento originario, no fundado en el derecho existente, sino que se distingue por contrariarlo»

Si tal planteamiento hubiese triunfado siempre, no habríamos avanzado un solo paso. Todos los derechos colectivos que finalmente lograron imponerse tuvieron un momento originario, no fundado en el derecho existente, sino caracterizado más bien por contrariarlo. La falta de antecedentes no deslegitima per se el ‘derecho a decidir’. Solo impone su valoración ética y extrajurídica.

También se ha esgrimido que resulta una pretensión imposible, porque atenta contra el principio de la ‘soberanía del pueblo español’, por esencia ‘indivisible’. Recordemos, en primer lugar, que la propia Constitución de 1978 reconoce y atribuye facultades políticas decisivas a otros demos más allá del de la nación española, justamente a los demos de las respectivas regiones y nacionalidades que integran el Estado a los efectos de instituirse en régimen de autonomía. ¿Tanto bloqueo mental produce el que se le tome como población de referencia para ser consultada sobre su estatuto político colectivo, incluido el de una futura independencia?

Convengamos además que el principio de la soberanía nacional entra dentro de la categoría de las llamadas ‘ficciones jurídicas’. En un contexto globalizado, donde las mediaciones políticas y económicas se han intensificado, resulta ilusorio hablar en términos reales de un ‘poder soberano’, que ‘no reconoce a ninguno superior’. No hay poder que no sea relativo. La idea de ‘soberanía del pueblo español’ solo funciona mientras sea capaz de representar colectivamente un principio eficaz de síntesis política. Pero es justo esto lo controvertido. En su acepción jurídica estricta, la ‘soberanía’, de hecho, no es más que una metáfora útil para explicar la obligatoriedad del derecho en un territorio dado, imputándosela en última instancia a una no menos ficticia ‘voluntad del pueblo’. Sin embargo, es esa obligatoriedad la que se halla profundamente cuestionada.

Esto nos lleva a otro de los argumentos contrarios al ‘derecho a decidir’. El que recuerda que las leyes están para cumplirlas. Este postulado verdadero olvida, sin embargo, su presupuesto sociológico: las leyes solo son observadas con regularidad si les subyacen ciertos consensos de partida, que son los que se están rompiendo. Apoyar el cumplimiento de las leyes solamente en la coerción es el mejor modo de condenarlas al rechazo futuro. Tiene poder real aquel que consigue replicar su voluntad a través del ejemplo y la persuasión; la imposición es signo manifiesto de debilidad.

«Un referéndum
consultivo sí habría tenido cabida dentro del presente ordenamiento constitucional de haberlo querido así el Gobierno y el PSOE»

A esta objeción jurídica siempre le ha acompañado otra, de mayor rango: el ‘derecho a decidir’ no cabe en la actual Constitución, mientras no se reforme mediante los procedimientos previstos al efecto. Pero aquí se confunde la consulta con una posible independencia. Un referéndum consultivo sí habría cabido en el presente ordenamiento constitucional de haber querido el Gobierno y el PSOE. Hubiese sido la toma de pulso imprescindible para saber si había, después, que proceder a reformar en profundidad la Constitución.

Algunos incluso querrían bloquear esta última posibilidad, despreciando la máxima jacobina de que cada generación tiene derecho a su propia ley fundamental. Invocan en su apoyo el ejemplo de los Estados Unidos. Al hacerlo, no solo desconocen las diferencias sustantivas que separan las tradiciones constitucionales angloamericana y europea-continental. También olvidan las circunstancias de excepción, con ruido de sables de fondo, que presidieron la aprobación de nuestro actual régimen constitucional. Desblindarlo para adecuarlo en libertad a la efectiva realidad de hoy día es el mejor modo de salvaguardarlo. Petrificándolo, se continuará abundando en su irrelevancia.

Sobre estos comprensibles escrúpulos jurídicos y constitucionales cabe realizar una doble puntualización. Por un lado, contrasta la rigidez que algunos atribuyen al derecho positivo y al constitucional en materia nacional con la flexibilidad que le otorgan para adecuarse a las pulsiones económicas. Diríase que resulta mucho más fácil cambiar la letra de la Constitución por orden del gobernador del Banco Central Europeo que por la contestación de millones de ciudadanos.

«Llamar a eso “golpe de Estado”, dada nuestra cruenta experiencia pasada, es una desproporción de mala fe que desautoriza a quien la formula»

Por otro lado, desde una perspectiva pulcramente jurídica, sin ideología política detrás, el ‘desafío secesionista’ no significa sino un intento revolucionario de sustituir un ordenamiento jurídico por otro. Llamar a eso “golpe de Estado”, dada nuestra cruenta experiencia pasada, es una desproporción de mala fe que desautoriza a quien la formula. Sí es digno de tener presente, en cambio, que dichas pretensiones revolucionarias solo son exitosas –como advirtió con tino Hans Kelsen– cuando consiguen que la mayor parte de los destinatarios de las nuevas normas se sientan espontáneamente obligados por ellas. Algo que es improbable que vaya a suceder, entre otras cosas porque, en la coyuntura presente, no va a poder formarse ningún nuevo ordenamiento.

No existía razón jurídica de peso para oponerse al referéndum. La mejor prueba de ello es la cantidad de juristas que, empecinados hasta ahora en lo contrario, y horrorizados por las consecuencias de su obstinación, comienzan a aceptar que la única salida a la cuestión catalana es una consulta pactada. Pero buena parte de la opinión pública sigue mostrándose disconforme.

Lo peculiar es que ahora ha venido a descubrirse el motivo último de su oposición. La razón que ha estado a la postre detrás de todos los circunloquios no ha sido ni jurídica ni racional, sino mística. Es la de quienes responden, como con gracia se ha dicho, al ‘gen de Don Pelayo’; la de quienes participan del postulado místico vital, formulado por José Antonio [Primo de Rivera], de que “España, como nación, es irrevocable”.

«De haberse situado la cuestión catalana más allá de este bloqueo nacionalista, podría haberse aspirado a tratarla desde un punto de vista netamente racional»

Es la negación de este motivo irracional la que explica el alineamiento de muchos sectores de la izquierda con la reivindicación del ‘derecho a decidir’. Convertir en objeto de decisión democrática a instituciones presuntamente naturales forma parte del código genético de la izquierda. Ocurrió con la familia patriarcal y con la propiedad privada. En coherencia, también había de pasar con la nación, entendida en su sentido romántico, trascendente y confrontado con la libertad individual.

De haberse situado la cuestión catalana más allá de este bloqueo nacionalista, podría haberse aspirado a tratarla desde un punto de vista, ahora sí, netamente racional. En lugar de las banderas, habrían ocupado entonces la agenda las cifras de la deuda y la Seguridad Social, los porcentajes de participación y asentimiento, las debidas compensaciones mutuas y todas las demás capitulaciones del divorcio. Y es que algunos hemos defendido el referéndum no por simpatía con el nacionalismo, sino a fuer de no ser nacionalistas.

6 Comments
  1. Bartolomé Clavero says

    Hola, Sebas. Estoy de acuerdo con la música, pero no con la letra. El derecho a decidir fue una ocurrencia que ha tenido éxito. A mi entender sigue siendo una ocurrencia, además tan innecesaria como problemática. El sujeto del derecho a la libre determinación en el derecho internacional de los derechos humanos no es el pueblo colonizado, sino el pueblo sin más. El resto es política de las Naciones Unidas, esto es, de los Estados que la componen. El problema, como en tantas cosas, es de fronteras, en este caso el de las fronteras indebidas entre derecho internacional y derecho constitucional cuando ambos se deben a derechos. Así las cosas, me temo que, en casos del pueblos no colonizados como el catalán, el recurso al plebiscito, entre el sí y el no, no resulta el mejor procedimiento, aunque sólo fuere por su efecto de división y confrontación. En el seno de ciudadanías tan plurales y compuestas como la española, ¿dónde quedan las posibilidades del confederalismo plurinacional, llámele como se le llame? Es algo no sólo impensable para el Gen de Don Pelayo y para otros genes de nacionalismo en singular, sino también, hoy por hoy de nuevo, perdido incluso entre quienes andan ahora predicando federalismo y plurinacionalismo. Por lo demás, pobre Constitución la española, una Constitución que reconoce, para comenzar, la existencia de nacionalidades interiores y, para concluir, la existencia de derechos históricos, una Constitución gravemente atropellada tanto por el gobierno catalán como por el gobierno español, ya no digamos por el tribunal constitucional y por otras altas instancias jurisdiccionales. Por mucho que se le haya pervertido, no se merece esa suerte ni tampoco el desahucio del silencio.

    1. Sebastián Martín says

      Muy de acuerdo con mucho de lo que planteas. Mi posición es también la del confederalismo plurinacional, y no veo que deba estar fuera de una posible consulta, que no tiene por qué ser binaria, entre un sí y un no. Interrogar al pueblo catalán sobre su encaje en el Estado espanhol, si manteniéndose en el actual régimen autonómico, en términos federales, siguiendo la lógica confederal o independizándose, cabría dentro de una posible consulta, cuya misma posibilidad, sin embargo, se ha negado con razones jurídicas de bloqueo, ninguna en realidad, a mi juicio, de peso. Muchas gracias por comentar!

      1. Bartolomé Clavero says

        Efectivamente de acuerdo. Mas el problema no es lo que nosotros entendemos por referéndum, sino lo que entienden quienes lo están proponiendo, ya este primero de octubre, ya en momento posterior. Lo hacen en esos términos que dices justamente binarios y como primer paso para el entendimiento posterior en base ya al resultado. No se están considerando posibilidades de un horizonte en común donde situar el propio derecho de los pueblos españoles a la autodeterminación, como decían socialistas y comunistas en los últimos tiempos preconstituyentes. Y sigo pensando que entre reconocimientos de nacionalidades y de derechos históricos, en la Constitución hay potencialidades a favor del derecho supracontitucional al autogobierno de Cataluña y el País Vasco que se truncaron sólo nacer. Pero ahí están.

        1. Sebastián Martín says

          Cierto. Por eso creo humildemente que habría que haber trasladado desde hace mucho tiempo el debate a la cuestión de los términos en que se iba a plantear la consulta. Ellos han estado proponiendo esa cosa binaria porque del otro lado solo ha habido obstinada negación. Hace poco Tardá y Rufián decían una entrevista que habían planteado de entrada disposición a negar todos los términos, incluida participación y proporción. Creo recordar que ya se pergenhó una posible consulta con tres alternativas. Haber colocado la controversia en esos términos, hablando con realismo de las posibles consecuencias del divorcio (incluidas garantías constitucionales a los ciudadanos espanholes en suelo catalán), habría clarificado mucho las cosas, y desde luego nos habría ahorrado la colisión de banderas ante la que nos encontramos ahora. Sin embargo, pese a las posibilidades latentes en la propia constitución actual, no sé yo si no resulta más eficaz, duradero y productivo el someterla a seria revisión, a raíz de la cuestión territorial, pero extendiendo ya el repaso a otras cuestiones. Es algo de todos modos que no sucederá.

          1. Bartolomé Clavero says

            Esto se pone realmente interesante. ¿Por qué damos por hecho que una reforma a fondo de la Constitución está descartada? La estamos desahuciando quedándonos inermes. Pero las cosas cambian e incluso podrán precipitarse. Una derecha que se ha apropiado de la Constitución al tiempo que la pervierte (la que hoy va, para aclararnos, desde el Partido Popular hasta la facción andalucista del Partido Socialista, que no sólo es andaluza, pasando por Ciudadanos) tendrá que afrontar las consecuencias de la situación a la que nos está precipitando. Y habrá que tener para entonces, antes o después, planteamientos elaborados que vayan más allá del llamado derecho a decidir e incluyan el derecho constitucional a la libre determinación operativa, además de que se extiendan, como bien dices, a otras muchas cuestiones pendientes, desde los derechos sociales a las estructuras judiciales pasando por las garantías ciudadanas frente a leyes y políticas abusivas, garantías no sólo encomendadas a unos altos tribunales. Vale.

  2. florentino del Amo Antolin says

    ¿ Donde estaba España cuando Don Pelayo ?.Los falangistas, asaltando la República Democrática. Primero, hacer arqueologia politica; periodo Constitucional… Juristas, libres de partidos » democráticos «. Se presenta al Pueblo donde reside el mandato; pero lo que no puede ser: Que los que forman parte del problema, ¡ No pueden ser parte de lasolución !. Esta constitución les ha valido a los tecnocratas derechudos, y ala santa madre iglesia ! ¡ No soltaran la tajada, no !.

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