Correos se para

Sira Rego es la responsable de Estrategias para el Conflicto de IU

Cientos de municipios se enfrentan estos días a la amenaza de desconexión que supondría el cierre de sus oficinas de Correos. Y es que, en el mundo rural, el servicio que prestan va mucho más allá del tradicional envío de cartas.

Quizá en la era de las nuevas tecnologías, de los teléfonos móviles y de las redes sociales, alguien pudiera pensar que el déficit económico que presenta Correos y la aparente falta de viabilidad son producto del momento histórico y que una empresa pública de estas características no tiene sentido. Apenas llegan cartas en papel, si acaso alguna factura. Sin embargo una mirada más profunda nos revela que Correos es mucho más. Mensajería, paquetería, burofax, servicios financieros o comunicación digital, entre otras funciones.

Hablamos de la mayor empresa pública de España, con cerca de 55.000 personas trabajadoras, una empresa que sigue siendo de capital 100% público y que precisamente en la era de las nuevas tecnologías y del comercio electrónico podría ser una fuente de generación de recursos para el país, además de garantía de acceso universal a un servicio público que en muchos casos puede ser esencial.

Además es inevitable recordar su carácter social o incluso su papel de articulación del territorio. Un vistazo a la España del ladrillo nos deja un territorio asimétrico. Grandes ciudades que contrastan con enormes extensiones del mundo rural que se enfrentan a un proceso de despoblación severo. Lugares donde ya no queda rastro de servicios públicos, ni tejido económico. Donde ni siquiera existe un cajero y ya no llega nada. En estos lugares el último anclaje de la población envejecida y aislada, es la oficina de correos, porque garantiza el acceso a mensajes, comunicaciones, paquetes y sobre todo acceso al dinero. Las 2.250 oficinas de Correos son el último punto de conexión de un mundo rural que se apaga, como también demuestra el popularmente conocido servicio de correo al paso, donde el o la cartera apenas puede estar más que unos minutos en un lugar significativo del municipio para repartir o recibir correo, y que por la falta de personal ha tenido que implementarse en muchos pueblos pequeños de nuestro país.

Por eso es clave que entendamos que la movilización de trabajadores y trabajadoras de esta empresa no se ciñe a una cuestión de carácter puramente laboral sino que con ella defienden la propiedad pública y en cierto modo el papel de cohesión del territorio que opera a través de este servicio. Con cada paro y cada acción de protesta la plantilla nos recuerda que se han recortado 123 millones de euros en 2017 y que vamos a unos Presupuestos que recortan otros 60 millones de euros más, lo que agudizará el déficit y la sensación de descomposición de la empresa. Que se han perdido más de 15.000 puestos de trabajo y que las tasas de temporalidad y parcialidad son insoportables. Por supuesto nos señalan que no hay un plan estratégico mas allá del de crear una falsa imagen de empresa anticuada, envejecida y anacrónica en tiempos de modernidad 2.0

Nada de esto es casual, forma parte del gran plan de las élites económicas y de sus representantes en las instituciones para consolidar su modelo neoliberal, basado en parasitar todo lo público que da beneficios y en tejer mientras tanto un modelo de relaciones laborales ultra precarias.

Y es que el PP y sus seis años de gobierno no han defraudado en lo que a regresión de derechos se refiere. Siempre el mismo esquema: recorte presupuestario acumulado año a año, falta de planificación estratégica, merma y precariedad de las plantillas de trabajadoras y trabajadores. Y siempre el mismo resultado: devaluación de lo público para, o bien vender o bien dejar espacio al mercado privado. Ejemplos de ello los tenemos en Telefónica, Endesa, la hoja de ruta de devaluación del sistema público de pensiones a favor de los planes privados o en la propia historia de Correos y Telégrafos que, ya en los años 90, sufrió su primera fase de privatización de los servicios de Caja Postal.

Sin duda es momento de poner las demandas laborales de Correos sobre la mesa. Un gobierno que se hubiera preocupado por las necesidades de su gente, habría destinado recursos a este servicio. Lo hubiera dotado de financiación suficiente, de un Plan de Prestación y su correspondiente contrato Regulador que garantizara la financiación estable. Hubiera elaborado un plan estratégico para Correos que en tiempos de cambio y de modernidad tecnológica se adaptara a las nuevas tecnologías y sirviera además para frenar la brecha digital del mundo rural. Cómo no, un gobierno responsable hubiera sido capaz de convertir en oportunidad una actividad que siendo de titularidad pública tiene un retorno social claro. Y por supuesto, se hubiera preocupado de dignificar las condiciones laborales de trabajadores y trabajadoras. Pero nada de esto ha sucedido durante el mandato de M. Rajoy.

De ahí que quitarse de encima al PP haya sido un alivio, por esta y por cientos de razones más. Pero estar atentas y no perder el rumbo es una necesidad para acabar con una precariedad fuertemente alimentada en estos últimos años, que se empeña en seguir siendo parte de la cotidianidad de mucha gente. Estar con quienes defienden sus empleos, sus condiciones de vida y pelean para que en este país la resignación a la precariedad vital y laboral no sea una alternativa posible, es una obligación cívica ineludible.