Confluencia sí, pero no así

José Antonio García Rubio, miembro de la Dirección Colegiada y la Coordinadora Federal de IU

Algo hemos debido de hacer mal en la dirección de Izquierda Unida (en la que me incluyo para hacer esta valoración también autocrítica) para que el Acuerdo Marco para comparecer conjuntamente con Podemos y Equo en las próximas convocatorias electorales esté originando una oposición significativa y propiciando quiebras en la unidad interna. El caso más trascendente y mediático es la Federación de Asturias, pero hay bastantes más, especialmente en los ayuntamientos, significativamente en el de Zamora (única capital de provincia gobernada por IU), y en partidos y sectores críticos de la organización como los que se identifican con las candidaturas del colectivo “IU, sí; con más fuerza”, del último proceso asambleario.

El problema no es sólo de IU. Es pública la desaprobación por parte de la dirección de Pablo Iglesias del acuerdo alcanzado en Andalucía para sus elecciones autonómicas. Esa desaprobación es una espada de Damocles que, si se sigue la dinámica habitual en estos casos, terminará por golpear, con graves consecuencias para ambas organizaciones.

Izquierda Unida es en sí misma resultado de la confluencia, y está ha sido una seña de identidad en toda su historia. Las alianzas preelectorales y los acuerdos post electorales con otras fuerzas en todos los niveles territoriales puede ser comprobada en la práctica política y en las hemerotecas. Forma parte ya de la Historia política de España. Por tanto, negar ese compromiso a los sectores críticos con el actual acuerdo sólo puede ser desinterés hacia nuestra propia Historia y, a partir de ciertos niveles de responsabilidad, presupone mala fe.

Quienes no encontramos razones para respaldar el acuerdo alcanzado (y pensamos expresarlo, unos con el voto negativo y otros con la abstención y no participando en la consulta) simplemente consideramos que el mismo no contribuye al fortalecimiento de IU ni al avance de una confluencia política y social seria. Pero, sobre todo, no contribuye a crear las condiciones para una mejor defensa desde la izquierda alternativa de los intereses de los trabajadores y trabajadoras, y de otros sectores populares; ni a hacer avanzar conjuntamente propuestas para iniciar la construcción de un nuevo país, como defiende IU. Más aún en el marco del nuevo escenario político, que ni se cita en el acuerdo.

Lo dicho no es un proceso de intenciones. Las dificultades para trabajar con nuestro programa en el Ayuntamiento de Madrid, con consecuencia de cese de concejales, y los problemas en el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos sobre violencia de género, maternidad subrogada o prostitución, son ejemplos claros y no únicos.

Por eso, el acuerdo ha difuminado las propuestas en un programa abstracto y ambiguo, de contenido generalista que no compromete en lo concreto. Y, según las últimas informaciones que llegan a las Asambleas de IU en Madrid, ni siquiera esto formaría parte del contenido final del mismo.

Los argumentos detallados para no respaldar el Acuerdo, que comparto, pueden ser consultados aquí y aquí,pero quiero subrayar que este es un paso más de una hoja de ruta cuya estación final no se explicita ni se defiende, pero cuya implementación ha tenido y está teniendo graves costes para la organización.

Esta confusión sobre el destino final del viaje confluyente se muestra también en los sucesivos relatos que se incluyen en los documentos que arropan las decisiones: hemos pasado de “superar IU” a “fortalecer IU”, de “construir un nuevo sujeto político” con Podemos a la desaparición del “nuevo sujeto político” en el acuerdo. Esto es fruto de las aportaciones que hemos hecho desde los sectores críticos, pero también de una confrontación con la realidad política, cuyas consecuencias no se terminan de asumir, de forma que el objetivo final sigue escamoteado.

Entre los hechos más recientes, nadie explica por qué se trata de una manera diferente a Andalucía, que también ha hecho un referéndum y un acuerdo propio, que a Asturias --dónde tenemos los mejores resultados electorales--, a cuya Federación se amenaza por parte de la dirección federal con “ejercer directamente y en exclusiva todas las competencias de IU en Asturias”, es decir intervenir la Federación, cuando lo mejor sería llegar a una solución política acordada.

Por otro lado, es innegable que la experiencia concreta de Unidos Podemos y la de algunos ayuntamientos, llamados del cambio, ha creado muchas dificultades a IU. La mayoría de los observadores externos y de los medios de comunicación coinciden en que IU es hoy menos significativa y menos influyente. Y no es un problema de siglas, sino de política.

Esto hace reflexionar sobre el hecho de que para que una fuerza acabe siendo inútil políticamente no es preciso convocar un Congreso para disolverla ni para integrarla en otra, basta que pierda sus posibilidades como instrumento político autónomo. La Ley Electoral general y algunas de las Leyes Electorales de CC.AA. tienen al respecto consecuencias determinantes.

Otra cuestión importante es que el tratamiento de las posibles divergencias en el caso de imposibilidad para concretar el acuerdo en algunos territorios y localidades, de forma que IU se pueda presentar con su denominación, sigla y programa y ninguna otra fuerza utilice en esa circunscripción la coalición, está prometido verbalmente, pero no sustanciado jurídicamente. Pero la legislación relativa a las convocatorias electorales es precisa y exigente. Reclama, entre otras cosas, una línea de representación ante las Juntas Electorales de esas candidaturas y eso nadie lo ha garantizado.

Un acuerdo genérico y ambiguo, un relato variable que no explicita ni debate el objetivo final real de esta política de confluencia, el desapego con más de 2.200 concejales y casi dos centenares de alcaldes, la ausencia de la denominación de IU en las papeletas de las elecciones europeas (cuando IU obtuvo más votos en la anterior convocatoria) y con lo que se crea un mal precedente para futuras convocatorias generales, y la ausencia de garantías políticas y jurídicas para los casos de desacuerdo no generan confianza en ciertas organizaciones de IU y en parte de la afiliación.

Y son las direcciones las que tienen la obligación de ganar la confianza de las bases.

Ésta es la cuestión.