El ignorado aumento de la siniestralidad laboral

Enrique tenía 32 años y falleció en la terminal satélite del aeropuerto Adolfo Suarez Madrid- Barajas mientras conducía un camión de mercancías en la conocida como curva de los caballos. Romulus tenía 42 años y murió sepultado en el hotel Ritz tras derrumbarse el forjado de la sexta planta por una probable sobrecarga. Ricardo tenía 42 años y fue golpeado de forma inexplicable por un toro mecánico que le causó daños irreparables que le han llevado a la muerte.

Como Enrique, Romulus o Ricardo, en los primeros siete meses de 2018 han muerto en España 359 trabajadores y trabajadoras en accidentes laborales, 618 en 2017, 55 en la Comunidad de Madrid hasta el día de hoy, inimaginable el dolor que hay detrás de estos números, tragedias que se van sumando día a día y que se están haciendo insoportables.

Muertos por catástrofes naturales, por terrorismo o por accidentes como el derrumbe del puente Morandi en Génova causan de forma inmediata un fuerte impacto en la sociedad y un movimiento inmediato de solidaridad, y sin embargo 618 muertes en el trabajo se consideran como algo inevitable, o lo que es peor como el precio a pagar por trabajar.

Pero la muerte en el trabajo no es fruto de la casualidad ni de la mala suerte, es el resultado de unas políticas económicas que atentan contra un Estado del bienestar cada vez más insuficiente, imponiendo una lógica neoliberal que ha socavado el Estado Social y de Derecho y el propio sistema democrático. En este contexto de recortes, la inversión en prevención de riesgos laborales se esfumó en las empresas, y los estándares en prevención conseguidos fueron desapareciendo. Después, la reforma laboral de 2012 vino a cerrar el círculo, constituyendo una agresión sin precedentes a los derechos de la población trabajadora que está teniendo su impacto más importante en la perdida de la salud y de la vida en el trabajo.

Tras la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales fuimos capaces de ir reduciendo la siniestralidad año tras año. La prevención iba ganando espacios, no con la diligencia que desde los sindicatos hubiésemos querido pero íbamos avanzando, rompiéndose esa tendencia en 2013 tras la puesta en marcha de la reforma laboral del Partido Popular. Así, a partir de este año, los accidentes de trabajo y los muertos por accidente de trabajo vuelven a crecer y amenazan con quedarse.

La precariedad que domina el mercado laboral está pasando una factura cruenta en términos de pérdida de salud y de muerte. El modelo de empleo y la siniestralidad van de la mano. La alta temporalidad, la corta duración de los contratos y la alta rotación no dejan cabida a la formación y la prevención de riesgos laborales. La fragmentación empresarial a través de la subcontratación en cadena diluye la escasa cultura preventiva en las empresas. La intensificación de los ritmos y las cargas de trabajo y el debilitamiento de la negociación colectiva, junto a la debilidad de nuestro sistema preventivo y las conductas irresponsables y, en muchos casos delictivas, de los empresarios, configuran un escenario que evidencia un retroceso importante en la gestión de la prevención y en las condiciones de trabajo que nos trasladan a situaciones superadas y ponen en grave peligro la salud de la población trabajadora.

A esta realidad se añade la impunidad empresarial a la que nos enfrentamos y el mutismo mediático que relega estas muertes a simples sucesos. Por eso, los sindicatos de clase seguimos movilizándonos y dando visibilidad en la calle a estas víctimas, porque es necesario sacudir la sociedad y situar las muertes en el trabajo en el lugar que les corresponde como ya hemos sido capaces de hacer en otros temas importantes como la violencia de género o los accidentes de tráfico, porque son muertes terriblemente injustas y que no estamos dispuestos a asumir.

Para CCOO de Madrid urge actuar y hacerlo de forma firme y contundente. En el marco de la empresa es preciso respetar las leyes, recuperar las inversiones en prevención y la centralidad de la negociación colectiva en las relaciones laborales. En el marco del Estado hay que derogar la reforma laboral y restituir los derechos arrebatados a trabajadores y trabajadoras. Las administraciones deben extremar el control, pero también tienen que actuar instrumentos como la Fiscalía de siniestralidad en su papel para perseguir los delitos contra la salud y la vida, así como la depuración de responsabilidades.

Desde el ámbito sindical y desde mi responsabilidad, animar a las y los trabajadores para que defiendan su salud y su vida organizándose en un sindicato de clase como CCOO porque la presencia sindical en los centros de trabajo es la mejor garantía de protección de la salud.

Estamos en un momento político nuevo que se debe aprovechar para revertir las reformas y las inercias que se han ido generando en estos últimos años; la seguridad y la salud en el trabajo debe entrar en la agenda de los partidos políticos y de las instituciones para que se revitalicen los acuerdos y las políticas en prevención y para que la salud en el trabajo se aborde como lo que es, un problema de salud pública de primer orden.

Solo hemos hablado de accidentes de trabajo y deberíamos también reflexionar sobre las enfermedades laborales, su infradeclaración y cómo según los datos de la Organización Internacional del Trabajo sobre muertes ocasionadas por el trabajo, por cada persona que muere en accidente de trabajo, mueren cinco por enfermedad laboral, enfermedades que son tratadas como enfermedades comunes y asumidas por el Sistema Público de Salud… pero ese ya es otro artículo.

Y hoy, como siempre, volvemos a repetir que no es posible tener una sociedad decente si el trabajo no es digno, y el trabajo no puede ser digno si nos lleva a la muerte.

Carmen Mancheño Potenciano es Secretaria de Salud Laboral- CCOO de Madrid