Guatemala: cesarismo bananero en la “era Trump”

El Estado guatemalteco se desliza por la pendiente de una peligrosa crisis a raíz de que el presidente, Jimmy Morales, haya decidido no prorrogar la vigencia de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), objeto de acuerdo entre Guatemala y las Naciones Unidas y que ha rendido muy notables servicios a la justicia en este país desde su creación en 2006, pero que se ha atrevido a imputar al hermano y el hijo del presidente y ha pedido, para él mismo, el levantamiento de su inmunidad (antejuicio), ya que lo acusa de financiación ilegal de su partido, el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación).

Hace un año, a renglón seguido de que tanto la CICIG como el Ministerio Publico del país, que trabaja de consuno con la Comisión, presentaran la petición ante el Congreso de la Republica de levantar la inmunidad del presidente, Morales declaró persona non grata al juez comisionado Iván Velásquez. Pero el Procurador de los Derechos Humanos recurrió este disparatado acto ante la Corte de Constitucionalidad (CC), que dejó sin efecto la decisión del presidente. Una mayoría favorable del Congreso impidió que Morales fuese enjuiciado, tras conocerse su intervención de la financiación ilegal de su partido en las elecciones de 2015, que le dieron la victoria. Ahora, y ante nuevas pruebas de esa financiación ilegal, tras la repetida petición de antejuicio, el empecinado presidente ha declarado que no renovará el mandato de la CICIG en septiembre de 2019, que es cuando se cumple, y pocos días después ha añadido a esta decisión ad institutionem, la negativa a proporcionar visado de entrada al comisionado Velásquez, con la clara intención de librarse de él y de su inevitable (ahora o a plazo) enjuiciamiento. De nuevo ha tenido que intervenir, en amparo, la CC que, después de intentar un voto unánime, aunque ambiguo, ha dictaminado que el comisionado tiene derecho a entrar en el país.

Estos hechos han estado acompañados de otra inconcebible ocurrencia del Gobierno guatemalteco, dando 48 horas al secretario general de la ONU para que nombrara a otro comisionado. El máximo representante de las Naciones Unidas, el portugués Guterres, ha contestado confirmando a Velásquez, como no podía ser de otra forma, pero en bien del dialogo y de su papel, prioritario, de mediador, ha propuesto nombrar un subcomisionado que asista al titular en sus tareas (se teme que desde dentro del país, quedando Velásquez fuera).

Así están las cosas en Guatemala, donde ya la CICIG puso el año pasado entre rejas, por muy graves actos de corrupción al presidente y la vicepresidenta anteriores (el llamado “Caso Línea”, de robo a través de declaraciones falsas en las aduanas), después de un ejercicio ciertamente eficaz en la persecución de varios y espectaculares casos de corrupción política. Esta deriva autoritaria de Morales –un humorista de la televisión que se jactó de haber ganado las elecciones por su programa contra la corrupción– sucede cuando los Estados Unidos de Trump, principal donador de fondos al funcionamiento de la CICIG, parecen haber cambiado su punto de vista sobre un país que controla férreamente y en el que un segundo y consecutivo presidente encarcelado por corrupción redundaría, no sólo en evidente desprestigio de su influencia, sino en el rearme de una oposición que encuentra infinitas dificultades para organizarse y aun expresarse. La coyuntura la completan la presencia, discreta pero activa, de un nuevo embajador de Washington, Luis Arreaga, un guatemalteco de origen extraído de la oligarquía económica que atenaza al país; así como la reanimación del poder militar, que ve cómo la CICIG se aproxima a su hasta ahora cuasi impunidad por los innumerables y terribles crímenes cometidos durante la guerra civil (el “conflicto armado”, en la jerga oficiosa) de 1966-96.

Aprovechando otra intervención desafortunada del presidente, que señaló a la Universidad de San Carlos –la única pública del país y sujeto de un papel excepcional tanto en la lucha contra las dictaduras en el largo y sangriento periodo bélico como en la Constitución de 1985, que quiso hacerle justicia por el precio pagado en líderes del profesorado y de los estudiantes ante la represión asesina– de ser “la más cara del país”, las organizaciones estudiantiles convocaron una marcha el día 20 de septiembre para pedir la dimisión del presidente y del Congreso de los Diputados (donde los diputados sin sospecha no superan en mucho los dedos de una mano), y a la que se sumaron decenas de organizaciones del país, advirtiendo ante Morales y la densa constelación de indignos, que no consentirán la impunidad, con o sin CICIG.

No pasó desapercibido, ni podía serlo, el espectáculo intimidatorio que supuso el anuncio del presidente, el último día de agosto, de no renovar del mandato de la CICIG, haciéndose rodear de un centenar de miembros de la cúpula militar y policial. Esta, y otras iniciativas personales de aquiescencia hacia el aparato militar, corrobora la vuelta de los militares al poder represor, que ha empezado por copar puestos decisivos en el seno de la Policía Nacional y del Ministerio de Gobernación. Coinciden, una vez más, en sostener un poder político adicto, aunque intensamente corrompido, la oligarquía económica dominante y el estrato militar, siempre vigilante.

Ahora se sabe que Morales, que se definió como apolítico cuando optó a la presidencia, estuvo cooptado por los militares desde hace tiempo. Le apoyan, incondicionalmente el denso conjunto de iglesias evangélicas pentecostales, a una de las cuales pertenece, que son el brazo religioso del conservadurismo norteamericano, contribuyendo al atenazamiento del país. Completa este cuadro de apoyos a Morales la muy visible presencia israelí, a cuya influencia –más el control absoluto norteamericano– se debe que Guatemala sea el único país que ha secundado la escandalosa decisión de Washington de trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. (Por cierto que uno de los asuntos destapados por la CICIG, ha sido el fraude cometido por una empresa israelí y ciertos empresarios y políticos locales, incluyendo la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, también imputada en este caso, un remedio tecnológico pretendidamente “milagroso” que pretendía limpiar las aguas del lago Amatitlán, ferozmente contaminado por el vertido de aguas fecales de la capital.)

Mientras tanto, el país se hunde en la desesperanza, con un Estado incapaz de resolver el menor problema nacional, sea de infraestructuras, sea de sanidad o educación, sea de justicia (según datos de 2017, sólo culminaron tres de cada diez casos presentados a la justicia; de ahí la importancia de la CICIG, que viene desvelando los más graves delitos). Un caso que mueve a la indignación nacional es el de las víctimas de la erupción en junio del volcán de Fuego: si bien las cifras oficiales aluden a poco más de 400, organizaciones locales aseguran que las víctimas mortales no bajan de 1.900, de las que un 40 por ciento serían niños; en la actualidad se realiza un censo demográfico, que ya es señalado como deficiente e inexacto, después del último, fechado en 2002 y que estableció en 11.237.000 los habitantes nacionales; pero debido a que el crecimiento de la población ronda el 3 por 100 anual (con duplicación cada 25 años), el resultado será no inferior a los 16 millones, que es una cantidad que –a falta de un Estado fuerte y decente– condena al país al subdesarrollo socioeconómico, con tasas de pobreza, desnutrición y analfabetismo que se mantienen entre las más elevadas de América Latina.