¿Qué hacemos con Cuelgamuros?

  • ¿Cómo es posible que siga existiendo una consideración social hacia el franquismo, que permite un trato benevolente hacia él por parte de la opinión pública y los medios de comunicación?
  • Es fundamental hacer pedagogía pública de los crímenes franquistas y de la necesidad de actuar de forma contundente y clara en el Valle de los Caídos.

Arturo Peinado Cano, presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria.

Han pasado casi 43 años desde la muerte de Franco, y sus restos siguen enterrados en la basílica de Cuelgamuros, el mayor símbolo de la impunidad de los crímenes cometidos por el franquismo. El Valle sólo ha empezado a ser cuestionado a partir de las protestas de las asociaciones de memoria histórica y de víctimas del franquismo. Cada 20-N desde 2007, diversos colectivos venimos denunciando, frente a las puertas del Valle, la existencia de este monumento que rinde homenaje a quien se sublevó matando y murió matando, y cuya dictadura de 40 años significó asesinatos, prisión, tortura, campos de concentración y exilio.

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Cuelgamuros es un mausoleo en el que algunas víctimas de la dictadura “descansan” conforme a los designios del máximo responsable de su muerte, en una especie de castigo y humillación post mortem, sin que sus familias fueran consultadas en su momento, y sin que muchas ni tan siquiera sepan que sus restos yacen allí. Hace unos días hemos conocido el descubrimiento de un documento excepcional: la factura de una empresa que trasladó 924 cadáveres desde Málaga al Valle en 1959; frente a los féretros individuales de los adeptos al régimen, los desafectos a la dictadura fueron trasladados e inhumados en cajas, de diez en diez.

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El Gobierno ha anunciado la inminente exhumación y salida del Valle de los restos del dictador Francisco Franco. Independientemente de cuál sea la opinión de sus familias, los restos deben salir, y el Valle debe convertirse en un Memorial donde recordar y homenajear a las personas que padecieron la represión franquista, y no a sus verdugos. Además, el Estado pretende hacer una excepción con los restos de Primo de Rivera, cuando los miembros de la organización por él fundada fueron los ejecutores materiales de docenas de miles de crímenes.

Sin duda, la exhumación del dictador es un gesto importante y de gran impacto mediático que marca distancias con todos los gobiernos anteriores: recordemos que el anterior gobierno socialista se limitó a convocar a la Comisión de expertos prevista por la Ley de Memoria de 2007, y el Informe sobre el Valle se aprobó en 2011 por el Gobierno en funciones, días después de la victoria electoral del PP.

La oposición explícita a la exhumación de Franco se limita a grupos marginales, como demuestra la abstención de la derecha parlamentaria en la aprobación de la misma en el Congreso (sólo dos diputados votaron en contra, y las malas lenguas dijeron que en vez de utilizar el sistema electrónico, votaron a mano alzada). Es prueba de que para una amplia mayoría social, la salida de los restos de Franco es cuestión de justicia y de lógica democrática, y oponerse resulta prácticamente indefendible.

Se trata también de una medida estratégica e irreversible porque, una vez ejecutada, ningún gobierno democrático podría devolver los restos de Franco a su tumba en el Valle. Es también una iniciativa más fácil de tomar que, por ejemplo, la derogación de la reforma laboral o de la “ley mordaza”.

En resumen: un dictador que ha tenido una sepultura faraónica durante décadas va a ser ahora exhumado con dignidad, con flores, con rezos… Muchas de las personas a las que él asesinó ni siquiera han disfrutado de ese derecho. El tiempo transcurrido hace que apenas queden ya testigos directos y fiables de los cientos de fosas clandestinas existentes por todo el país, y muchas de ellas fueron ya borradas por obras, cambios en las delimitaciones de las fincas, y desaparición de referencias geográficas. 43 años después de su muerte, Franco seguirá siendo un privilegiado. Sus familiares también, porque podrán tener un sitio al que llevarle flores.

Hemos conocido recientemente la intención de la familia de enterrar a Franco en la catedral de la Almudena. Sería una gran torpeza por parte del Gobierno permitir que el centro de Madrid se convierta en lugar de peregrinación fascista, y por tanto, entendemos que se debería presionar a las autoridades eclesiásticas para impedirlo. En 2011 el gobierno alemán de Ángela Merkel, de acuerdo con la Iglesia luterana, demolió la tumba del lugarteniente de Hitler, Rudolf Hess, incineró sus restos y los arrojó al Báltico, para impedir que el enterramiento se convirtiera en un lugar de memoria y peregrinación neonazi.

Uno de los argumentos más usados por quienes se oponen a cualquier actuación en el Valle de los Caídos, consiste en definir el Valle como un lugar de reconciliación entre españoles, manifestando que esa fue la intención del dictador explicitada en la construcción del monumento.

Aparte de la evidente falsificación histórica que entraña ese discurso, la reconciliación definida como “restablecimiento de la concordia y la amistad entre dos o más partes enemistadas” es inaplicable en este caso, porque no hay nada que restablecer o recuperar. Y menos cuando pervive un desequilibrio entre las partes, puesto que a una de ellas se le ha negado, desde hace 82 años, el derecho a la Justicia, a la Verdad y a la Reparación. Es un error igualar a todos los enterrados en el Valle por haber sido “víctimas de la guerra”, como si la muerte pudiese igualar a la hora del recuerdo y el reconocimiento por una sociedad democrática, a quienes defendieron la democracia y a quienes la agredieron.

Concretando, ¿qué hacer con el monumento franquista, los edificios y el entorno? ¿Se tiene que conservar el monumento íntegro, o sólo parte de él? ¿Qué tratamiento deben recibir los casi 34.000 cuerpos enterrados allí? ¿Qué hacer con la comunidad benedictina y lo que hoy es un lugar de culto? ¿Qué debería explicarse en este lugar y cómo hacerlo?

Opinamos que se debe actuar en Cuelgamuros, de manera inmediata, como venimos planteando y reclamando públicamente desde los colectivos memorialistas y de víctimas:

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En primer lugar, dejar de honrar y conmemorar al dictador y a la dictadura. Defendemos:

  • La exhumación de los restos de Franco y Primo de Rivera, para ser entregados a sus familias.
  • La eliminación de cualquier símbolo franquista en el Valle, así como de cualquier acto de exaltación fascista.
  • La basílica debe ser desacralizada. La orden religiosa custodia del Valle debe ser trasladada a otro lugar. La gran cruz debe ser desmantelada. No es un símbolo del cristianismo sino de la complicidad de la Iglesia con el franquismo, y una amenaza latente contra el conjunto de la sociedad (en algún caso hemos dicho que no es una cruz cristiana, sino la cruz de Espartaco).

En segundo lugar, hay que abordar el tema del Valle como necrópolis. No compartimos la propuesta de que pueda convertirse en un cementerio civil.

  • Los restos de los republicanos que fueron trasladados al Valle clandestinamente tienen que ser ineludiblemente devueltos a sus familias. Ni por un día más pueden seguir sirviendo como trofeo a su verdugo.
  • También habrá que estudiar el tema de los soldados muertos en acción de guerra cuyos cuerpos fueron trasladados al Valle, voluntariamente o a la fuerza. Quizás podríamos hablar de un enterramiento colectivo digno, preferiblemente fuera del marco de Cuelgamuros, porque la propuesta de una especie de “cementerio de Arlington de la guerra civil” nos parece inviable e inaceptable.

Como colofón habría que constituir y erigir un Memorial que explique la dictadura, el modelo español de fascismo y el nacionalcatolicismo.

  • El espacio del Valle debe transformarse íntegramente en un lugar de memoria democrático, como Auschwitz, la ESMA de Buenos Aires, o el Museo del Holocausto de Jerusalén; un lugar para homenajear y recordar a las víctimas, y no a los victimarios.
  • El futuro memorial del Valle debería dar un tratamiento preferente al recuerdo y homenaje a los presos políticos republicanos que construyeron el monumento como trabajadores forzados. Las empresas que se lucraron con la construcción del Valle y el empleo masivo de los esclavos del franquismo, deben financiar la reconversión del Valle. Nos parece un modelo a seguir la Fundación “Memoria, Responsabilidad y Futuro”, constituida por Alemania en 1999 para reconocer e indemnizar a los millones de trabajadores forzados que fueron deportados para sostener el esfuerzo de guerra nazi, fundación que contó con participación de las iglesias luteranas y católica, y de empresas donantes como Volkswagen, DaimlerChrysler, Bayer o Deutsche Bank….
  • El Valle no puede seguir siendo publicitado por la propaganda turística de la Comunidad de Madrid, que actualmente, lo sitúa como una parte de la llamada Ruta Imperial, junto con el Monasterio de El Escorial, declarado Patrimonio de la Humanidad por parte de la Unesco.

Unas notas finales:

Uno de los argumentos utilizados por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, para justificar la no salida del Valle de los restos de José Antonio Primo de Rivera, es su consideración como “víctima de la guerra”, que entendemos responde al Informe de 2011 de la Comisión de expertos, que a su vez respeta lo dispuesto en el Decreto fundacional del Valle. Nos parece inaceptable, no sólo por tratarse del fundador del fascismo español, y por la ya señalada responsabilidad directa de la organización por él fundada en la represión y en miles de crímenes cometidos. Primo de Rivera fue ejecutado en cumplimiento de la legalidad entonces vigente, tras un Consejo de guerra legalmente constituido, gozando del derecho efectivo a la defensa, cosa impensable en los consejos de guerra franquistas. No es una “víctima de la guerra”, sino de la aplicación de la Justicia y de la legalidad republicana.

Estos días hemos visto cómo, a partir del debate sobre la previsible exhumación de los restos de Franco del Valle de Cuelgamuros, docenas de franquistas (tertualianos, ”opinadores”, representantes de la bochornosa Fundación Nacional Francisco Franco), se han paseado por programas de televisiones privadas de máxima audiencia. Las ofensas e insultos a las víctimas del franquismo han sido públicas y notorias; las tergiversaciones y manipulaciones históricas han alcanzado niveles esperpénticos.

El 13 de septiembre el Congreso avaló el decreto para exhumar a Franco. Pudimos ver que frente a la concentración de asociaciones memorialistas y de víctimas, se manifestaron grupos que protestaban con el lema “El valle no se toca”. Fueron desplazados por la policía, pero los medios se aproximaban para pedirles su “opinión” en directo. ¿Alguien puede imaginarse que el día que se votó en el Parlamento la Ley de Víctimas del Terrorismo de septiembre de 2011, se hubieran manifestado con pancartas frente al Congreso unos simpatizantes de ETA? ¿O unos maltratadores haciendo declaraciones en directo a las televisiones mientras se aprobaba la Ley contra la Violencia de Género de diciembre de 2004? Si consideramos que el franquismo secuestró por la fuerza la soberanía nacional y popular; si ejerció una represión durante 40 años contra cientos de miles de personas porque habían ejercido o pretendían ejercer derechos fundamentales recogidos en las constituciones de 1931 y de 1978, tales como los de reunión, asociación, sindicación, huelga, libertad de expresión, etc… ¿Cómo es posible que siga existiendo una consideración social hacia el franquismo, que permite un trato benevolente hacia él por parte de la opinión pública y los medios de comunicación?

Todos conocemos precedentes de retirada de estatuas y otra simbología franquista realizada de manera casi clandestina, sin anuncio previo y en horario nocturno. Sería un error exhumar a Franco de igual manera. El traslado de sus restos debería hacerse a plena la luz del día, dejando claro que es un sistema democrático quien lo expulsa de Cuelgamuros.

Es fundamental hacer pedagogía pública de los crímenes franquistas y de la necesidad de actuar de forma contundente y clara en el Valle de los Caídos. El nuevo Gobierno debería abrir con urgencia un debate y un intercambio de opiniones con los colectivos defensores de la memoria histórica y de víctimas del franquismo representativos, para dar una solución definitiva y satisfactoria al Valle de Cuelgamuros.

Políticas de componendas y de gestos puntuales, por muy simbólicos que puedan ser, resultarían políticamente rentables a corto plazo, pero perpetuarían la injusticia y sólo retrasarían la ineludible solución definitiva del problema.