Franco en la Almudena o un pan como unas hostias

  • Pero hete aquí que la familia del dictador, que se opone a la exhumación, ha preparado una jugada maestra si no se admite su recurso y pretende que sea inhumado en la cripta de la catedral de la Almudena
  • La Iglesia católica está dispuesta a permitir la inhumación, manteniendo en pleno siglo XXI su compromiso con el fascismo al custodiar a genocidas en sus recintos

“Bien está lo que bien acaba”

 William Shakespeare

El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido poner fin al escándalo de la veneración del dictador Francisco Franco en la basílica del Valle de los Caídos. Algo positivo, más aún tras la absoluta inacción de los gobiernos anteriores, especialmente los de Felipe González que con sus mayorías absolutas no hizo nada. El tema ha sido objeto de debate prácticamente desde la moción de censura y ha desplazado de la agenda política otras cuestiones de interés social y económico. También ha servido para que afloraran los apoyos que el franquismo sigue teniendo en España.

El Congreso de los diputados aprobó un Real Decreto Ley para la exhumación, con la abstención de PP y Ciudadanos, que establece que “la presencia en el recinto de los restos mortales de Francisco Franco dificulta el cumplimiento efectivo del mandato legal de no exaltación del franquismo y el propósito de rendir homenaje a todas las víctimas de la contienda”.

Pero hete aquí que la familia del dictador, que se opone a la exhumación, ha preparado una jugada maestra si no se admite su recurso y pretende que sea inhumado en la cripta de la catedral de la Almudena. Si les sale la operación, sería peor que Franco esté en la Almudena que en el Valle de los Caídos. Peor para la democracia, para las víctimas del franquismo y para la imagen internacional de España. Porque sería sustituir un lugar de peregrinación por otro para sus adeptos. ¿Se imaginan concentraciones de fascistas con toda su parafernalia homenajeándole, en pleno centro de Madrid, en una zona muy turística?

Es verdad que los restos de estos negros personajes son muy incómodos. Mussolini fue fusilado por los partisanos y después de descolgarle del poste de una gasolinera de Milán y de alguna vuelta más, finalmente le enterraron en su pueblo, Predappio. Los soviéticos se llevaron las cenizas de Hitler del patio de su bunker en Berlín donde fue quemado después de su suicidio. A Bin Laden los americanos le arrojaron al mar, una fórmula que, por cierto, defiende el historiador Paul Preston para Franco.

La Iglesia católica está dispuesta a permitir la inhumación, manteniendo en pleno siglo XXI su compromiso con el fascismo al custodiar a genocidas en sus recintos: Queipo de Llano en la Macarena o a Franco en la Almudena. Vamos, lo que se llama poner una vela a dios y otra al diablo. Se amparan en la formalidad de que la familia tiene la propiedad de una tumba en la cripta. Pero olvida que desde 1983 está prohibido por el vigente Código de Derecho Canónico el enterramiento en las iglesias y pretende hacer una interpretación torticera para dejar fuera las criptas, burlar la ley y seguir dando trato privilegiado al dictador.

Utiliza el argumento de que “acogemos a todo el mundo” (arzobispo Osoro). O que la Iglesia “no puede negar a un cristiano” el enterramiento, ya que los “muertos no tienen carné político” (Gil Tamayo, portavoz de la Conferencia Episcopal). Justificaciones que no hay por dónde cogerlas: Franco no es cualquier persona, su filiación política es conocida y es un mal cristiano: un dictador y genocida responsable que España sea el segundo país del mundo con más desaparecidos (114.226 según documentó el juez Baltasar Garzón). Es muy fuerte la complicidad de la Iglesia católica con el franquismo, cuando no ha colaborado nunca con las víctimas de éste, como denuncia la ARMH.

Los mismos cristianos demócratas de base (Coordinadora Estatal de Redes Cristianas) han reaccionado con un duro e importante comunicado. En él acusan a la jerarquía eclesiástica de violar el derecho canónico, de no favorecer la reconciliación y no desvincularse del “funesto nacional-catolicismo anterior”. Concluyendo que ni el Evangelio ni las víctimas admiten complicidades y que los restos de un dictador no deben de estar ni en una iglesia ni en una cripta.

El Gobierno parece que aceptaría lo que quiera hacer la familia. Pero puestos a hacer las cosas, hay que hacerlas bien y la inhumación en la Almudena no puede ser la solución. El lugar donde estén los restos de un tirano es, en última instancia, una decisión política. No una cuestión familiar y privada sobre la que puede decidir la familia y la Iglesia católica, si ello supone una humillación a las víctimas y una afrenta para la democracia. El Gobierno no puede aceptar una decisión que implique mala fe al pretender trasladar el centro de gravedad del culto al dictador al corazón de la capital del Estado.

Los mismos argumentos que se utilizan para la exhumación y traslado de los restos mortales del dictador del Valle de los Caídos (“el inequívoco y extraordinario interés público”) son válidos para no inhumarlo en el centro de Madrid creando un nuevo lugar de peregrinación de fascistas. También contradice el espíritu y la letra de la ley de Memoria Histórica de 2007, así como los mandatos de Naciones Unidas.

Un espacio de apología del fascismo en la capital del Estado es incompatible con la democracia. Pero esto solo se para con movilizaciones, dada la actitud del Gobierno que acaba de reconocer que “no puede impedir que Franco se entierre en la Almudena”. Se ha puesto en marcha una recogida de firmas contra ello que en pocos días lleva ya 70.000. Las fuerzas democráticas tienen el reto de convocar a la ciudadanía a la calle para impedir que Franco vuelva a tomar Madrid, una tropelía que llenaría de vergüenza a la capital de España y a sus habitantes.

Este país necesita reforzar urgentemente su identidad colectiva, pero medidas así solo profundizan la división y el enfrentamiento. La manera de tener un país plenamente democrático y con un sentimiento compartido por toda la población es que haya verdad, justicia y reparación con la memoria histórica. No se puede humillar a las víctimas del franquismo, hay que respetarlas y protegerlas. Mientras que el Parlamento no legisle que es delito la apología del franquismo y el negacionismo de sus crímenes, tendremos que convenir que la transición no fue otra cosa que la continuidad del franquismo por otros medios.